1 Introducción

Desde¹ los albores del retorno democrático hubo renovados intentos por modificar la legislación laboral en nuestro país. Con la temprana Ley Mucci (1984), la gestión alfonsinista buscó introducir transformaciones en la normalización sindical a través del ingreso de las minorías en las comisiones directivas y el control electoral por parte del Estado (Gaudio y Thompson, 1990; Zorzoli, 2015). Fracasada esa experiencia, el radicalismo intentó pactar un nuevo paquete de reformas mediante la figura del Subsecretario de Trabajo, Armando Caro Figueroa. Sin embargo, la iniciativa no llegó a tener estado parlamentario. Recién en 1988 se efectuó la normalización sindical y se restituyó gran parte del patrón instituido por el peronismo durante la década del 40 (Gordillo, 2013). No obstante, durante los años del menemismo resurgieron los aires de cambio. Inicialmente, las reformas se concentraron en los derechos individuales de los trabajadores, como las modalidades de empleo, la clasificación y montos de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y los aumentos salariales, que tendieron a incrementarse sólo en base a pautas de productividad (Gordillo, 2008; Etchemendy y Palermo, 1998). La Ley Nacional de Empleo (1991), defendida por el ministro de trabajo Rodolfo Díaz, fue el estandarte de esta etapa. Luego, con la llegada de Caro Figueroa al Ministerio de Trabajo de la Nación (MTN), el Estado nacional intentó avanzar en la “modernización” del sistema colectivo del trabajo sintetizado en el “Acuerdo Marco” de 1994. Sin embargo, apenas se trastocó el modelo sindical centralizado que había sido repuesto durante el fin de los años de Alfonsín (Caro Figueroa, 1997). Finalmente, el gobierno de la Alianza presentó un proyecto de descentralización de las relaciones laborales que terminó siendo aprobado con sospechas de sobornos presidenciales en el Congreso de la Nación.

Esta breve digresión da cuenta de una situación compartida entre radicales y peronistas: la flexibilización laboral en un contexto internacional de crisis de los parámetros fordistas. Esto generó una serie de lecturas tempranas acerca del impacto del neoliberalismo en los proyectos de reforma. Sin embargo, no se trató de un proceso enteramente homogéneo debido a que intervinieron actores con diversas procedencias e influencias ideológicas. Esto mismo demostró el sugerente trabajo de Cucchetti (2016; 2017) en torno a las trayectorias de Armando Caro Figueroa y Rodolfo Díaz, dando cuenta de sus múltiples itinerarios, pertenencias e influencias, que comportaban un amplio abanico de referencias que escapaban al denominado “Consenso de Washington”. A su vez, la existencia de una programática laboral desde la provincia de Córdoba se registra desde los tempranos años alfonsinistas, cuando se erigió la estructura ministerial. Siendo una de las pocas provincias que contó con una cartera laboral con el máximo rango institucional, impulsó una agenda de reformas a través del Consejo Federal del Trabajo (CFT), que fue instituido por su propia iniciativa. De este modo, operó en los años noventa un doble escenario de reformas que recién culminó con la Reforma Laboral del año 2000 (Natalicchio, 2006). Uno de los protagonistas de ese proceso fue Jorge Jerónimo Sappia.

La reprovincialización del sistema político luego de 1983 generó que numerosos funcionarios hicieran sus armas en la administración pública provincial para luego tener un desembarco nacional (Cavarozzi, 2010). Al mismo tiempo, la Unión Cívica Radical (UCR) fue un protagonista clave del sistema y de la sociabilidad política cordobesa y argentina, justamente en el momento en que era necesario refundar el sistema democrático tras la última dictadura militar. En lo que respecta al caso cordobés, el radicalismo tuvo una notoria performance electoral y consiguió la gobernación de Córdoba desde 1983 hasta 1995. A su vez, en el escenario nacional, alcanzó la presidencia en dos oportunidades: 1983 y 1999. En este marco, sobresale la figura del abogado laboralista Jorge Jerónimo Sappia, que se desempeñó como ministro de trabajo de la gestión del gobernador Eduardo C. Angeloz (1983-1995). La administración provincial fue considerada una excepción en el concierto general de la Nación y se presentó como una alternativa al menemismo. Según la retórica oficial, se la identificó como una “isla democrática” en la que prevalecían un modelo económico y una gestión de gobierno diferentes, que eran respaldados por los resultados electorales. El llamado “modelo cordobés” mantuvo algunos de los canales de negociación del anterior modelo Estado-céntrico (Gordillo, 2003; Riorda, 2004). Posteriormente, Sappia fue viceministro de Trabajo de la Nación en el gobierno de la Alianza durante un breve período (1999-2000), durante el cual impulsó la Reforma Laboral.

En el presente escrito nos preguntamos por los vínculos que sostuvo el funcionario radical dedicado a lo laboral con el sindicalismo mayoritariamente peronista de Córdoba y de la Nación. La inquietud se torna significativa en virtud de las tensiones sostenidas históricamente entre ambas tradiciones políticas de radicales y peronistas. En este sentido, procuraremos reconocer la construcción de lazos que tuvo el actor con su partido y con el sindicalismo. A su vez, analizaremos las credenciales que utilizó Sappia para ocupar diferentes posiciones de poder al interior del Estado en lo que hace al área laboral. Por último, analizaremos su concepción del rol del sindicalismo y cómo ello se vinculó con su participación política. El interés deviene significativo si se consideran los renovados intentos por modificar la legislación laboral en el marco de la crisis de la relación salarial fordista. A su vez, atento a la preponderancia que tuvieron los sindicalistas en la cartera laboral durante el alfonsinismo y el carácter letrado de la figura, permite que se aprecie como una trayectoria excepcional al interior del radicalismo en lo referido a las relaciones con el sector obrero. En definitiva, Sappia fue un protagonista clave de la tensión de fines del siglo XX entre sindicatos, gobierno y empresarios en nuestro país.

La propuesta busca aportar nuevos conocimientos desde una perspectiva metodológica que se concentra en el estudio de trayectorias, redes y sociabilidades (Ferrarotti, 2007). Dicho enfoque tuvo un fuerte desarrollo en los últimos años en el ámbito de la historiografía, las ciencias políticas, la sociología y la antropología (Balán, 1974; Saltalamacchia, 1992; Meccia, 2020, entre otros). En este marco, resulta relevante indagar los perfiles específicos de los individuos que ocuparon posiciones de poder, dando cuenta de sus vínculos externos, sus estrategias de posicionamiento interno y las ideas movilizadas en el seno de la administración. Atentos a la advertencia de Bourdieu (1997) acerca de la ilusión biográfica de presentarla como un destino coherente y provisto de sentido, entendemos que los actores desarrollan diversas biografías en paralelo que expresan el carácter singularmente colectivo de su persona. La imagen que obtenemos es la pluralidad de mundos y submundos sociales en los que los actores ocupan variadas posiciones institucionales (Boltanski, 1973). Cada trayectoria es una unidad de análisis en sí misma, que permite rastrear los hilos de los mundos sociales que transitó y a los que permanece ligados. En este sentido, lo particular de la trayectoria de Sappia radica en su triple dependencia: dirigente sindical, abogado laboralista y militante radical. De allí que resulte interesante el juego entre las distintas identidades a lo largo de su historia de vida.

La potencialidad del análisis recupera la multidimensionalidad de los recorridos biográficos que dan cuenta de las aparentes contradicciones de lecturas simplificadoras. Buscamos escapar al conjunto de lecturas que observó en los procesos de reforma laboral de los años noventa una mera reproducción del neoliberalismo internacional. Creemos que resulta heurísticamente más relevante buscar la comprensión de las condiciones sociales que habilitaron la circulación de ciertos saberes y diagnósticos sobre lo social. En ese sentido, la trayectoria que nos convoca permitirá iluminar la visión del mundo obrero de un sector del radicalismo, así como de los procesos de reforma laboral que fueron infructuosos en el pasado. Nuestra hipótesis es que la particularidad de Sappia radicó en sus influencias académicas e intelectuales, que, sumadas a su triple dependencia (sindicalista, laboralista y radical), le permitieron articular un vínculo con parte del sindicalismo local y nacional para conformarse en un interlocutor válido de las relaciones entre el radicalismo y el movimiento obrero. Esto le valió para intentar introducir modificaciones en el esquema de relaciones laborales, orientado hacia un esquema descentralizado que quebrara la centralización histórica del modelo sindical peronista.

El corpus se nutre de entrevistas realizadas a Jorge Sappia.² La información obtenida de ellas no tiene el carácter de dato “objetivo”, sino que está mediada por el tiempo y las sucesivas reinterpretaciones autobiográficas. Por ello, contrastamos con boletines sindicales del Centro Digital de Documentación Histórica del Instituto de Humanidades (CeDIDH). Asimismo, relevamos el diario comercial de mayor circulación neta paga de la provincia según el Instituto Verificador de Circulación (IVC), La Voz del Interior, consultado en la Hemeroteca de la Legislatura provincial, como también La Nación, de tirada nacional. También nos servimos de obras biográficas de funcionarios que participaron de las gestiones o del partido de gobierno. A su vez, complementamos el análisis con diez entrevistas semiestructuradas a informantes clave, seleccionados por la técnica de la “bola de nieve” y partiendo de aquellos que fueron accesibles a partir de la movilización de nuestros propios vínculos sociales. Luego, acudimos a funcionarios que tuvieron participación en el gobierno provincial y en la vida del partido radical.

2. Orígenes sociales, orígenes sindicales

En el estudio de las biografías de quienes conformaron el gabinete del gobierno de Angeloz encontramos una generación de funcionarios que hicieron sus primeras armas durante las experiencias de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Nos referimos a personajes como Macario Carrizo (Ministro de Agricultura y Ganadería) o Alfredo Loncharich Franich³ (Ministro de Obras Públicas). Al mismo tiempo, hallamos a los descendientes de aquellos históricos dirigentes, como Juan Carlos Palmero⁴ y Martín Illia,⁵ entre otros. Sin embargo, la figura de Sappia pareció escapar a estos rasgos de origen. Su vínculo con el mundo obrero, académico y partidario hace de su trayectoria una experiencia singular.

Jorge Sappia nació en Córdoba en 1941. De familia radical, el también conocido como Tano era el mayor de tres hermanos. Su padre, del mismo nombre, era médico y su madre, ama de casa. De joven jugaba al fútbol con sus amigos en el Club Universitario, del que formó parte toda su vida. Al finalizar el secundario, Sappia comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Paralelamente, se inició en 1957 como periodista en el diario provincial La Voz del Interior. Allí conoció a su compañero profesional y laboral, Norberto Ciaravino,⁶ con quien cubrían la labor parlamentaria de la Legislatura cordobesa. A partir de 1959 trabajaron en Radio Universidad y Canal 10, dos medios pertenecientes a los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Por esos años, el destino los vinculó en una serie de experiencias comunes en el terreno profesional, sindical y estudiantil.

Dirigente por la Unión Reformista Universitaria, Sappia llegó a ocupar la Secretaria General del Centro de Estudiantes de la Facultad durante la presidencia de Mario Abel Amaya.⁷ Luego, entre 1961 y 1962, formó parte de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) junto con Ramón Mestre⁸ y Norberto Ciaravino. Finalmente, fue Secretario de la Federación Universitaria Argentina (FUA) durante la presidencia de Guillermo Estévez Boero.⁹ Al respecto, Jorge Gentile¹⁰ recuerda que

Sappia era un tipo que originariamente fue socialista y después se hizo radical, no sé la fecha exacta, pero es una historia que nadie recuerda. Pero yo sé porque más o menos tengo la misma edad, incluso somos hincha de la U los dos, porque muchas de las vinculaciones también tenían que ver con el club Universitario, viste, fue muy politizado, Mestre padre, que era de Universitario, y Cámpora el presidente, fue jugador de rugby de la U, Sabattini jugó en la U también.¹¹

La labor periodística les permitió a Sappia y Ciaravino insertarse en los ámbitos gremiales. Mientras fue el Jefe de Redacción de Canal 10, Sappia era el Secretario Administrativo del Sindicato de Prensa de Córdoba y luego, Secretario de Organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa durante los primeros años de la década del sesenta. Durante esta experiencia, ambos tejieron vínculos estrechos con gran parte del sindicalismo local y regional, especialmente con lo que Ciaravino definió como “los peronistas progre”¹² que conformaron la CGT “legalista” dirigida por Atilio López, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y Elpidio Torres, dirigente del gremio de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Sin embargo, en 1967 fueron despedidos de los SRT¹³ por tratarse de “potenciales subversivos”, lo que signó la vida del Tano, tal como él mismo lo relata:

El día que la dictadura de Onganía me despidió de los SRT, ese día cuando me notificaron el despido, nació mi primera hija. De ahí dejé de ser empleado y dirigente sindical. Así que no tenía mucho margen, tenía que armar mi profesión y la tenía que armar trabajando todo lo posible. Entonces, ahí cancelé toda mi actividad que no fuera dedicada a la profesión y [me dediqué] a tratar de ganar el mango haciendo todo el esfuerzo posible.

El despido significó un punto de no retorno. Sappia no volvió a ocupar un cargo sindical y, a partir de allí, comenzó su etapa de abogado laboralista. Resulta curioso cómo une la pérdida laboral y sindical con el nacimiento de su primera hija, un hito de su vida. De familia radical pero con militancia socialista, el club Universitario figuró como un espacio de socialización clave en su historia. La juventud de Sappia se repartió entre la militancia estudiantil y el club que le permitió forjar su amistad con figuras como Mestre. Finalizaba la etapa del joven Sappia que, en tanto líder sindical, se vinculó con los diferentes sindicatos de Córdoba durante los agitados años 60. Culminó con una intersección familiar y laboral que lo acercó a los despachos de Tribunales y a las aulas de la Academia.

3. De la Universidad al estudio: su faceta de abogado laboralista

El despido en los SRT aceleró sus estudios universitarios y egresó en 1968 junto con Ciaravino. Rápidamente, comenzaron a asesorar a los sindicatos, con los cuales ya habían construido un vínculo. De esta manera, trabajaron con la Asociación Obrera Minera Argentina de Córdoba (AOMA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Gráfica de Córdoba (UOGC), entre otros. A su vez, la estrecha relación de Ciaravino con Atilio López¹⁴ posibilitó el trabajo con la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Córdoba, como con las 62 Organizaciones Peronistas.¹⁵ De este modo, forjaron una carrera ligada a la representación de numerosos gremios de la provincia entre fines de los 60 y principios de los 70.

Paralelamente, Sappia se sumó al Colegio de Abogados de Córdoba en 1975 con la lista “Unidad Profesional”, junto con Antonio Bearzotti, Zarza Mensaque, Jaime Pompas y Gustavo Orgaz (Ortiz, 2015, p. 228). A su vez, ingresó a la cátedra de Derecho Laboral de la UNC y al Instituto del Trabajo “Bialet Massé”.¹⁶ Este proceso de vínculo con el sindicalismo y la Universidad, tuvo un quiebre a raíz del Golpe de Estado de 1976. Sappia fue detenido y pasó algunos días preso, mientras que su compañero Ciaravino recién fue liberado en 1981 (Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social-Córdoba, 2016, p. 13).

Cuando llegó la dictadura del 76, después del golpe, 4 o 5 días después a mí me dieron de baja como auxiliar de cátedra, me echaron. Entonces yo fui a la próxima reunión del Instituto [Bialet Massé], como un abogado más que pidió la inscripción, era adscripto de la cátedra en ese momento. Y entonces cuando fui a la reunión había 20 miembros de la cátedra; el subdirector me dijo "no puede estar acá, Sappia, porque usted no pertenece más a la cátedra, no puede estar en esta reunión. Por favor, retírese". “Bueno”, dije, me fui. Solamente un profesor que estaba allí, el Dr. Ignacio Garzón Ferreyra, se levantó y me acompañó hasta la puerta de la Facultad, disculpándose de esta torpeza. Entonces, de todos los otros que estaban allí, cuyos nombres me acuerdo, no me quiero acordar. Porque hay límites que no se deben atravesar, y esos son los que marcan la existencia de una dictadura, y ellos cohonestaron mi expulsión de la universidad por la dictadura. Ni los odio, ni les niego perdón, simplemente no me quiero acordar de ellos.¹⁷

Resulta curioso el modo en que califica la connivencia con la dictadura. Quizás se deba al respeto por ese mundo al que deseaba pertenecer. De hecho, Sappia formó parte de la primera Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social filial Córdoba (AADTSS-Cba), bajo la presidencia de Raúl Enrique Altamira Gigena en 1978. La Asociación estaba influida por Luis Despontín y Mario Deveali, entre otros. Cabe destacar que Despontín fue un prestigioso abogado laboralista cordobés que formó parte de la cátedra de Bialet Massé en la UNC, y que fue fundamental por su aporte intelectual en las legislaciones obreras durante la década del treinta en Córdoba, en especial en los tribunales de conciliación y arbitraje.¹⁸ A su vez, fue coautor junto con Rodolfo A. Nápoli y Mariano Tissembaum¹⁹ del proyecto de Código de Trabajo del gobierno de Illia.²⁰

Deveali fue un influyente abogado italiano que se desempeñó como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fundó y dirigió la Revista de Derecho del Trabajo de la Editorial La Ley (1941-1972), así como la Revista Trabajo y Seguridad Social de la Editorial El Derecho (1973-1980) (Mancini, 2016). Al respecto, Caro Figueroa lo definió así:

Deveali, un profesor de derecho del trabajo que era italiano, había creado cátedras y escuela en Argentina; entonces, Adrián [Goldín],²¹ por ejemplo, era uno de Deveali, y Roberto Izquierdo era otro. Ellos tenían, digamos, eran más bien... ni siquiera anti-peronistas; eran no-peronistas, lo cual ya era raro. Normalmente los abogados laboralistas van a ser peronistas porque se vinculan con los sindicatos. Ellos no, ellos además eran profesores, no eran... a mí me sonaban mucho como si fueran europeos. Porque vivían y pensaban como europeos, además eran brillantes desde el punto de vista intelectual. El peronismo tenía otro nivel, era gente más vinculada a los juicios de los sindicatos.²²

Rescatamos su perspectiva debido a que ilumina la particularidad del fenómeno. Caro Figueroa se formó en la militancia peronista salteña y tuvo la experiencia de participar activamente en los pactos laborales de la España de Felipe González. Sin embargo, para Caro este grupo de abogados laboralistas figuraba como una “rara criatura”: intelectuales, hombres de la Academia, no-peronistas. El vínculo con ellos le permitió a Sappia asumir esos rasgos. Esto provocó una bifurcación en su vínculo con Ciaravino debido a que, para cuando fue liberado, Sappia era una figura clave del iuslaboralismo local. Al respecto, César Arese²³ describió este proceso:

Ambos eran socios y tenían una gran cantidad de sindicatos en la década del 60 y 70. Cuando viene la dictadura militar, a ambos los meten presos. Sappia sale a los pocos días, mientras Ciaravino estuvo unos años. Sappia, a partir de allí, si bien continuó defendiendo trabajadores, su orientación fue más defendiendo empresas. Sin embargo, escribió muchos libros y ahí desarrolló una posición, si se quiere, equidistante.²⁴

El viraje que identificó Arese señala que el Tano se alejó de su labor ligada a lo sindical, que lo supo caracterizar con Ciaravino. Este es un rasgo que caracteriza aún hoy a Sappia: su posición “equidistante” dentro del Derecho Laboral. En términos ideales, el abogado laboralista tiende a defender a los trabajadores, la parte más débil de la relación. Esa fue su primera etapa. Luego, el cordobés desarrolló otro momento de asesoramiento a empresas que capitalizó en su experiencia política. Consultado por la distinción al interior de los laboralistas, Sappia considera:

Están los laboralistas que son pro-sindicatos, pro-obreros. Y los laboralistas pro-cámaras patronales o pro-empresarios. Esa es la primera gran diferenciación, inclusive se nota cuando algunos de ellos llegan a ser jueces, jueces que llevan sus prejuicios y actúan como tales. De modo que esa es la principal diferencia, en Córdoba, en Buenos Aires y en todo el país. Son muy pocos los que, y yo me ubico entre los pocos, que consideran que el Derecho es uno solo y que corresponde su aplicación lo más razonablemente posible

[…] En el Derecho del Trabajo están las dos partes y cada uno hace su ocupación de lugar. Eso, a mí, me permite hoy asesorar a trabajadores y a empresas. Y eso me permite tener excelentes relaciones con distintas cámaras empresarias y con distintos sindicatos.²⁵

Resulta interesante la autopercepción que establece del mundo entre abogados laboralistas-sindicatos-patronales. Como si se tratase de un equilibrio newtoniano, Sappia se ubica en el centro dando cuenta de sus excelentes relaciones con las partes. Pero más precisamente, se autoidentifica con el lugar que históricamente, según algunos, debía ocupar el Estado en el ordenamiento de las relaciones laborales.

4. “L’État c’est moi”: entre la isla cordobesa y el salto a la Nación

A partir de este momento, el Sappia académico se conjugará con el político. Ambas facetas se solapan en el devenir del actor, caracterizando sus diagnósticos y su accionar. Consideramos que esta etapa puede subdividirse entre su experiencia en el gobierno provincial durante las gestiones de Angeloz (1983-1995) y su desembarco nacional (1999-2000). A los fines de una mejor claridad expositiva, desarrollaremos su devenir en dos apartados correspondientes a los momentos señalados.

4.1. Intentando redefinir, desde Córdoba, las relaciones laborales

Antes de producirse el retorno democrático, Sappia comenzó a participar activamente en la UCR cordobesa. A través del Centro de Investigación Radical (CIR) se conformó un núcleo de variados especialistas que trabajaron en la plataforma política de las candidaturas radicales. En esa ocasión, Sappia trabajó para la victoria municipal de su amigo, Ramón Mestre (Angeloz, 2014, p. 180). El triunfo en las elecciones de 1983 inauguró en Córdoba un ciclo radical que tuvo su fin en 1999. En ese marco, se desplegó su actividad política.

Inicialmente, Angeloz y Mestre acordaron que Sappia se ocupase del Directorio de los SRT, habida cuenta de su experiencia en el área y la casa. Paralelamente, el Tano concretó su retorno a la Universidad como Profesor Adjunto de la cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC en 1984. Al año siguiente, ganó el concurso para el mismo cargo en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Ese año fue clave en su trayectoria, debido a que también ingresó en la administración provincial. Una vez designado como ministro, Sappia renunció a su cargo en Ciencias Económicas, y mantuvo el de Derecho. Este es un rasgo clave del actor: nunca dejó de dar clases mientras se desempeñó en la función pública.²⁶ Es más, desde allí reclutó a algunos de sus colaboradores más próximos.²⁷

Durante los primeros días de enero de 1985, los trabajadores cordobeses nucleados en la CGT realizaron un paro con movilización, que finalizó con un altercado frente a la Casa de Gobierno (La Voz del Interior, 13/01/1985). Luego del incidente, el gobernador se reunió con el presidente Alfonsín y resolvió crear la Secretaría-Ministerio de Trabajo provincial (MTP),²⁸ expresándole a Sappia que necesitaba de un organismo que “se ocupe de estos quilombos sindicales, de atender a los sindicalistas, que no me agarre de sorpresa como este paro de la CGT”.²⁹ La provincia supo contar históricamente con el Departamento Provincial del Trabajo (DPT), que se disolvió en 1974 producto de la centralización realizada desde el MTN.³⁰ Según Angeloz (2014, p. 209), cuando asumió Sappia ya era un prestigioso abogado laboralista.

La creación del MTP fue rechazada por parte del movimiento obrero organizado cordobés, con la CGT Unificada, liderada por el maderero Miguel Correa, como su más ferviente opositor (La Voz del Interior, 26/07/1985). Al respecto, Sappia señaló que

[…] lo tenía al Secretario General de la CGT, Correa, que no me quería a mí. Él se opuso a la creación del ministerio y a mi designación. Y cada vez que me veía me decía "vos sos Echenique, porque te van a echar en cualquier momento" [Y yo le respondía] "Las ganas que tenés de que me echen. Vos te vas a ir y yo voy a seguir acá". No me quería.

En los debates parlamentarios se destacó el apoyo que tuvo de Jorge Francisco Arraya y José Isidro Somaré, titular de la cartera de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNC y presidente del Instituto del Trabajo “Bialet Massé”. Somaré defendió la constitucionalidad del proyecto y destacó que la provincia reasumiera el poder de policía laboral, considerado como uno de aquellos no delegados a la Nación (La Voz del Interior, 26/03/1985). Según Medina Mailho (1996), el término “policía del trabajo” remite a la actividad que realiza el Estado para asegurar el buen orden de las relaciones laborales, el cumplimiento de la legislación que las regula y la paz social entre los sectores del trabajo. Este poder fue uno de los puntos clave de la disputa con los actores sindicales, debido a que estos observaron en la nueva repartición el germen de una política de descentralización de las relaciones laborales de más vasto alcance.

Como la normativa no estableció un ordenamiento orgánico preciso, Sappia tuvo la misión de conformar la estructura institucional. Así, utilizó de modelo la estructura del MTN compuesta por el cargo de ministro, un subsecretario de trabajo, un cuerpo de dos o tres asesores, un esquema de delegaciones regionales y un equipo de inspección que haría las veces tanto en las condiciones de trabajo en general como en Higiene y Salubridad.³¹ Lo autóctono radicó en que el gobierno decidió poner en funcionamiento el Departamento Provincial del Trabajo para atender los conflictos laborales y coordinar las inspecciones.

La compleja tarea de construcción de la nueva cartera, sumado a la oposición de parte del movimiento obrero organizado a su existencia, terminó por erosionar su autoridad al frente del área. En ese sentido, desde que asumió tuvo que resolver un prolongado conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Municipalidad de Córdoba que contó con numerosas fallidas intervenciones. El propio Sappia lo vivió de esa manera, como respondió al ser consultado:

G: Según su apreciación ¿cuáles fueron los conflictos más importantes que tuvo que resolver en esa gestión?

S: Dos paros de la UTA. Uno que me agarró cuando no tenía el ministerio en condiciones, temprano. Yo asumí en abril y el ministerio lo fui armando. Los primeros 30 días lo único que tenía era un papel que decía "decreto de nombramiento", no tenía nada, y ahí me agarró una huelga. Creo que había nombrado 3 o 4 funcionarios, esa fue la más complicada.³²

Esto motivó que el laboralista le exigiera a su partido la actualización de la ley de conciliación y arbitraje para disponer de la facultad de establecer tales mecanismos en los conflictos obreros. Al mismo tiempo, se dieron situaciones de solapamientos, ambigüedades y tensiones con la Delegación Regional del MTN en la intervención de los conflictos colectivos. A pesar de que el gobierno sostenía que había reasumido el poder de policía laboral, Sappia promovió su inclusión en el artículo 54 de la nueva Constitución provincial de 1987. Esto le permitió dotar de estatus constitucional a la prerrogativa y, a partir de allí, buscar la sanción de la Ley N° 7565 de conciliación y arbitraje. Una vez aprobada, Sappia comunicó su alejamiento del Ministerio coincidiendo con el final del primer mandato de Angeloz en diciembre de 1987.

En ese breve interregno, continuó ligado al gobierno en calidad de asesor laboral, lo que le valió para ser convocado por el entonces Ministro de Gobierno, José Ignacio Cafferata Nores, para presidir la comisión de reforma del Código Procesal del Trabajo (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 1988, p. 33). Al mismo tiempo, retornó a su actividad profesional con Ciaravino, con quien continuaba compartiendo el estudio.

Luego de la derrota en las elecciones nacionales de mayo de 1989, Angeloz decidió realizar modificaciones en su gabinete y una de ellas fue en el área de Trabajo. La ausencia de diálogo entre los sindicatos y el entonces ministro Villagra motivó el cambio. Paralelamente, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la UTA protagonizaban los conflictos laborales provinciales. Angeloz convocó nuevamente a Sappia para buscar una vía rápida a la situación (La Voz del Interior, 04/07/1989). De esta manera, regresó a la cartera y conformó un nuevo equipo, con el que buscó concertar y solucionar rápidamente los conflictos anteriormente señalados (La Voz del Interior, 02/08/1989).

Sappia se puso al frente de las negociaciones con los sindicatos públicos, que aumentaron su combatividad debido a que, en el mes de octubre, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Reforma del Estado Provincial. El proyecto tenía como objetivos reducir las funciones del Estado, promover la descentralización de muchas de sus actividades e impulsar la privatización de algunas de sus dependencias más importantes. A tono con la política delineada por el gobierno nacional, este proyecto de ley era la expresión local de lo dispuesto por las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado. La presentación originó una intensa movilización de los trabajadores del Estado en la ciudad de Córdoba, quienes reorientaron sus protestas, preexistentes, hacia la oposición de la nueva ley (Closa, 2007).

Para Sappia, no significó problema alguno el vínculo con los sindicatos estatales, debido a que eran “más propensos al diálogo, a sentarse a conversar”. De hecho, según el Subsecretario Técnico de Trabajo de Córdoba (1989-1991), Carlos Alfonso Cabral, Sappia es el radical que mejor comprende el sindicalismo peronista.³³ De modo que el laboralista intentó construir un espacio de diálogo con los diferentes dirigentes sindicales a lo largo de su gestión. Consultado, sostuvo lo siguiente:

G: ¿Con qué dirigentes sindicales tuvo mayor vinculación?

S: Primero que nada “Pepe” Campellone, Secretario del SMATA, un dirigente fuera de serie, en mayúsculas, muy respetable y nos hicimos muy amigos, un tipo de lujo. Con el Tata Salusso, metalúrgico, también nos hicimos muy amigos.

[…] Pepe Pihen y Juan Monserrat, igual que Grahovac. Después, cuando lo ponen a Grahovac como ministro de educación, yo fui como abogado de Monserrat [UEPC] a discutir una paritaria. Muy amigo de los dos, y del Pepe, nos encontramos y nos abrazamos. De los estatales, con todos; con Hildita Bustos, la de gráficos.

[…] muy buena relación con Jorge Bustos, con Sixto Ceballos y después con Lorenzo Racero de Luz y Fuerza. Sí, cuando yo salí del ministerio Lorenzo y Bustos me hicieron un contrato para que hiciera un estudio de no me acuerdo qué cosa. Me pagaron una mensualidad de 3 o 4 meses, con lo cual me ayudaron a subsistir porque cuando yo salí del ministerio no tenía un peso.

Esencialmente, Sappia logró construir un vínculo político con el sector del sindicalismo de tipo “antiburocrático”, que competía con el sector ortodoxo. Nos referimos específicamente a los sindicatos del sector público e industriales nucleados, en los ochenta, en “Gremios por la Unidad” y luego, en los noventa, en el Movimiento Obrero de Acción Sindical (MOAS). Estos espacios intersindicales representaron un mapa heterogéneo de organizaciones, caracterizadas por la renovación democrática de sus autoridades que priorizaban acuerdos “plurales” para la normalización de la CGT. Juntos reunían a gran parte de los sindicatos públicos, a los que se sumaban SMATA y UTA. Se trató de un grupo de organizaciones cercanas a la renovación peronista que recogió banderas históricas del movimiento obrero de los años 60 y 70.

Dentro de este vasto universo, los gremios industriales que carecían de convenios centralizados, junto con los de la administración pública provincial (o municipal), fueron los principales interlocutores. Por ejemplo, en Córdoba fueron los sindicatos públicos y el SMATA los que llegaron a acceder a aumentos salariales por encima de las bandas fijadas por la Nación en los años ochenta (La Voz del Interior, 06/03/1987). De este modo, Sappia logró construir un lazo con los dirigentes públicos que generó un juego de beneficios mutuos: por un lado, los sindicatos públicos pudieron ofrecer conquistas a sus afiliados, y por otro, el Ministerio figuraba como el garante de esos acuerdos para erigirse en el espacio donde la conflictividad sindical se procesaba. Esto le permitió al gobierno de Angeloz conquistar altas cuotas de gobernabilidad a pesar del programa de reformas estatales esgrimido (Di Palma, 2022; Pihen, 2021).

Recordemos que durante los años noventa la reforma laboral formó parte de la agenda pública. En ese sentido, el presidente Carlos Menem promovió la regulación del ejercicio de huelga en los llamados “servicios esenciales”, la Ley de Empleo N° 24.013 (1991) y la Ley de Accidentes de Trabajo N° 25.557 (1995), entre otras medidas. En ese marco, Sappia planteó una particular democratización de las relaciones laborales con un modelo de negociación colectiva “en cascada”: a partir de los convenios nacionales, invitaba a concertar a nivel regional, provincial, e incluso, empresarial. Esto posibilitaba que “empresarios y trabajadores interpongan situaciones particulares de cada región o zona y por ende sean mucho más democráticos” (Cuadernos Laborales, 1990, p. 8). De modo que durante su gestión se promovió un modelo descentralizado de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) con relativo éxito (Natalicchio, 2006; Arese, 2006).³⁴

En el caso de los gremios industriales, Sappia proporcionó una vía directa de negociación con el sindicato en el marco de la desindustrialización provincial. Al respecto, se destacó el convenio establecido entre el SMATA y la General Motors de 1993, que Sappia calificó como de “avanzada para su tiempo” debido a las nuevas formas de organización del trabajo establecidas. Cabe destacar que su singularidad radicó en la incorporación de principios de polivalencia funcional, sistema de trabajo en equipos multifuncionales y/o células y el establecimiento de canales de participación de los trabajadores en la empresa (Caro Figueroa, 1997).³⁵ Estos principios de organización del trabajo, cercanos al posfordismo, fueron negociados directamente con el dirigente sindical del SMATA Córdoba, José Campellone, sin mediar ningún tipo de consulta con los afiliados sindicales hasta su aprobación definitiva (Campellone y Arriola, 2006, p. 214). Al mismo tiempo, Sappia retomó la principal demanda de la Coordinadora de Gremios Estatales y sancionó en 1993 la ley Nº 8329 de Negociación Colectiva del Sector Público. Esta otorgó la posibilidad de celebrar CCT a todas las organizaciones gremiales del ámbito estatal que no estuvieran contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La propuesta descentralizadora fue impulsada junto con otras jurisdicciones a nivel subnacional a través del Consejo Federal del Trabajo (CFT) que integraban Córdoba, Chaco, San Juan, Entre Ríos, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Río Negro y Mendoza (Medina Mailho, 1996). La experiencia quedó trunca en 1995 cuando, debido a una crisis económica y social, el gobernador Angeloz sufrió la salida anticipada de su gobierno. Al respecto, Sappia culpó de la gestión de la Crisis del Tequila al Ministerio de Economía, que se preocupó por salvar a los bancos mientras el Estado adeudaba los sueldos provinciales (La Voz del Interior, 12/04/1997). Pese a ello, la evaluación de Sappia luego de su gestión fue la siguiente:

Había en Córdoba un concepto de que tenía un sindicalismo combativo, no había ninguna duda. Los restos del Cordobazo estaban presentes. Los muchachos se sentían obligados a hacerse los malos. Y cuando yo me fui, eso ya había cambiado bastante.

Para el abogado laboralista, su gestión se encargó de establecer una “herramienta de paz social” en la provincia. Sappia no renegó de los conflictos colectivos, sino que puso el acento en que fueran institucionalizados en el marco del Estado provincial. Consultado al respecto, Sappia señaló:

Yo entiendo un funcionamiento básicamente respetuoso entre las partes de las relaciones laborales, entre el sindicalismo y el empresariado. Es decir, creo que hay que denostar al sindicalismo patotero, al sindicalismo prepotente, porque eso es totalmente antidemocrático, como es antidemocrático el empresario que impone su superioridad económica a los trabajadores sometiéndolos a situaciones injustas, ilícitas, ilegales. Es democrático cuando se respeta el orden jurídico laboral, a rajatabla, y las partes se reúnen para buscar consenso y no para buscar diferencias. Esto en Argentina existe en algunos sectores, en otros no.

En el plano cordobés, el abogado laboralista no pudo construir un vínculo con el sector ortodoxo del sindicalismo representado en la CGT y cristalizado en la figura del maderero Correa. Estos sectores contaban con convenios centralizados y defendían el modelo de relaciones laborales forjado durante el tercer peronismo. Por el contrario, Sappia buscó el diálogo y consenso con los sectores sindicales no representados por aquella. Estos fueron los sindicatos de la administración pública (provincial o municipal) y el sector industria o servicios que contaban con una relativa autonomía de las centrales nacionales (como SMATA). Este conjunto de organizaciones de tipo antiburocrático, pluralistas y democráticas fueron más propensas a las reformas laborales propuestas. Al respecto, los sindicatos industriales fueron proclives a las negociaciones por empresa, que tendieron a contener los efectos de la desindustrialización provincial y la política salarial establecida por pautas de productividad. A su vez, los sindicatos públicos lograron conquistar una serie de mejoras laborales al tiempo que limitaron el alcance de la Reforma del Estado propuesta por el radicalismo cordobés. En ese entramado, Sappia se erigió en el interlocutor privilegiado del radicalismo con el mundo sindical, procesando la conflictividad en la arena estatal. Su reconocida trayectoria cercana a los “legalistas” lo acercó al sindicalismo antiburocrático, con quienes compartía la premisa de la autonomía del sindicalismo cordobés en el concierto nacional. Esto, sin dudas, dotó de amplias cuotas de gobernabilidad al angelocismo e hizo de Sappia una figura singular dentro del radicalismo en lo que respecta al vínculo con el mundo obrero. Tanto fue así que el siguiente gobernador radical, Ramón Mestre, le ofreció la continuidad al frente del Ministerio. Sappia rechazó el ofrecimiento y recomendó a su amigo, Norberto Ciaravino, de reconocida militancia peronista. En ese sentido, años más tarde, cuando ya no era ministro, ofreció su casa para destrabar un conflicto entre los empleados municipales y el Intendente Martí (UCR). Habida cuenta de su relación con el dirigente del SUOEM, Rubén Daniele, el laboralista acercó las posiciones y la situación terminó por resolverse. Consultado por la prensa, Sappia se limitó a decir: "En la medida de lo posible, yo ayudo a todos los radicales” (La Voz del Interior, 14/04/1997

4.2. “Los cristianos somos los únicos animales que tropezamos dos veces con la misma piedra”:³⁶ la fallida experiencia de la Alianza

El fin de su experiencia en la administración pública provincial marcó los prolegómenos de su desembarco en la Nación. Durante esos años, Sappia retornó a la academia y publicó en 1996 una compilación titulada Empleo y flexibilidad laboral. A su vez, en 1997 asumió como presidente de la AADTSS-Cba y fundó la revista Catorce Bis, que aún continúa publicándose (Sappia, 2015). De modo que reforzó su vínculo con la academia participando de congresos y simposios y disertando sobre la problemática laboral.

Paralelamente, comenzó a trabajar en la campaña presidencial de Fernando de la Rúa. Según cuenta, cada dos o tres meses lo visitaba en su despacho para convencerlo de ser su Ministro de Trabajo. Cuando ocurrió la victoria nacional de la Alianza, Sappia pensó que su pacto no sería alterado. Sin embargo, la derrota de Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires trastocó los acuerdos del futuro gabinete. Según relata, De la Rúa tuvo que acceder al pedido de su vice, Carlos “Chacho” Álvarez, y Sappia conformarse con lo solicitado por el presidente:

"No —le digo— yo me voy a la mierda, yo vine para ser ministro acá". "No, te pido por favor, quedate". Lo miré, pensé, y dije: "Bueno, Fernando, si el presidente de la República que acaba de ganar las elecciones con el 50% de los votos, que es de mi partido y me pide por favor, no puedo ser tan hijo de puta de decir que no. Está bien, me quedo".

De esta forma describió su lealtad al partido y la trama de pactos de la coalición política. Sappia esperaba jugar un rol protagónico y, sin embargo, afrontó la tarea haciendo las veces de ministro esperando el futuro reemplazo de Alberto Flamarique. La designación de este último fue interpretada por la CGT como una señal del gobierno con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), nucleamiento que discutía con aquella. No obstante, Sappia presidió el CFT, conformó un grupo de asesores y gestionó la vinculación con la CGT, que recibió con signos positivos su designación. Uno de los líderes de la central manifestó a la prensa que Sappia “es un gran negociador, que comprende bien la estructura del sindicalismo. Nos hace acordar mucho a Ideler Tonelli, el ministro de Trabajo más dialoguista que tuvo Alfonsín” (La Nación, 10/09/1999). Una vez más, Sappia fue la figura del radicalismo con línea directa al mundo sindical.

En reiteradas ocasiones durante la campaña electoral, y antes de asumir, Sappia afirmó que no existían proyectos de reforma laboral para el futuro gobierno (La Voz del Interior, 31/08/1999; La Nación, 21/10/1999). Para el laboralista,

Plantear una reforma laboral de entrada sería repetir el error estratégico de Alfonsín con la Ley Mucci. Y cuando yo era candidato a ministro de trabajo de de la Rúa, una noche cenando en la Federación de Empleados de Comercio, estaba Cavalieri y el Negro Lescano de Luz y Fuerza, José Pedraza, Lingeri de Obras Sanitarias, Andrés Rodríguez de la UPCN... Me dice el Gitano Cavalieri: "Escuchame, Gringo, ¿qué reformas laborales vas a hacer vos?" y yo le dije "Mirá, Gitano, yo no voy a hacer ninguna reforma laboral en los primeros cuatro años. Si nos va bien y vamos a la reelección, ahí me vas a escuchar". Entonces me dijo: "¿Pero ese es tu compromiso? Te tomo la palabra”.

Sin embargo, pese a la promesa que había realizado, pronto Sappia tuvo que ponerse al frente de un proyecto. Según relata, el Ministerio de Economía, dirigido por José Luis Machinea, propuso una reforma “mucho peor” en el Hotel Panamericano, en una de las primeras reuniones del flamante gabinete. Allí, Sappia recuerda:

Estábamos en una reunión y cayó [Pablo] Gerchunoff, que era jefe de gabinete de Machinea, y propuso enormidades. Me acuerdo que la reunión la presidía el Chacho Álvarez, que era vicepresidente electo. Estábamos con Goldín, nos pusimos locos los tres con Julio Godio cuando Gerchunoff propuso declarar en estado de asamblea a todos los sindicatos [se ríe], e instaurar el sistema del "descuelgue", es decir, que el empleador, invocando dificultades de carácter económicas, podría excluirse de cumplir las escalas salariales del convenio aplicable.

[…] Entonces yo empecé a negociar con los sindicalistas. Y al texto que salió de la ley, casi el definitivo, le hicimos algunos retoques el día que se votó en el Senado. Me junté en el estudio de Juan Carlos Tomada, en la calle Yrigoyen, y Alberto Tomassone, abogado de FAECYS, y los tres hicimos el texto de la ley. Fue lo menos peor que pudimos conseguir. No lo mejor, si no lo menos peor. Y después me tocó a mí tener que ir a defenderlo en la Cámara de Diputados.

Según Goldín (2012), la ley N° 25.250 presentó rasgos heterogéneos en torno a la flexibilización establecida. Por un lado, mantuvo la línea de los noventa en relación con los contratos individuales. En ese sentido, la ley conservó los períodos de prueba para las grandes y medianas empresas en tres meses, y fijó seis para las pequeñas. Además, posibilitaba que los convenios colectivos podían duplicar esos períodos para sus respectivos ámbitos. Por otro lado, en lo que refiere al derecho colectivo, planteó una serie de modificaciones sustanciales. Entre ellas, estableció la recuperación, por parte de los sindicatos de primer grado, de la atribución de negociar CCT. La ley posibilitó a las partes la libertad de decidir el nivel de la negociación, suprimiendo la obligación de privilegiar el nivel de la negociación colectiva anterior, y estimulaba la utilización de medios de resolución no vinculante de los conflictos suscitados durante la negociación. Sin embargo, Goldín (2012, p. 68) observó que “más en línea con el ideario de la flexibilidad laboral y en opción de dudoso rigor teórico”, la ley consagraba la prevalencia del convenio colectivo de ámbito menor por sobre el de ámbito mayor precedente o ulterior. Este fue un pedido expreso del ministro de Economía, José Luis Machinea, como aspecto relevante de la reforma y fue duramente criticado tanto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como por destacados laboralistas argentinos.³⁷ A su vez, la CGT lo consideró como un recorte de su poder gremial (La Nación, 13/01/2000). La norma también ponía fin a la ultraactividad y establecía un período de dos años para su renegociación. Por último, suprimió los modos de resolución de los conflictos colectivos de trabajo que, como el arbitraje obligatorio, colisionaban con el principio de libertad sindical y de autonomía colectiva, así como el decreto presidencial N° 2184/90, que había regulado el ejercicio de huelga en los llamados servicios esenciales.

Según Delfino y Martí (2012), las primeras negociaciones con la central obrera se realizaron en la oficina de Alberto Tomassone, abogado del sindicato de comercio y la propia CGT. Allí, Sappia encabezó el encuentro junto con Carlos Tomada y les manifestó a los presentes que no compartía mucho de los puntos de la ley, pero que su aprobación era considerada vital para la Alianza. Pese a haber señalado la autoría del Ministerio de Economía en esa ley, nosotros observamos mucho de Sappia en ella. La reforma laboral no buscó atacar los contratos individuales, como ocurrió durante la primera etapa del menemismo. La esencia del proyecto estaba en el aumento del período de prueba, la caída de la ultraactividad de los convenios y la articulación de los convenios de los sindicatos del interior con los nacionales. Sin embargo, el laboralista llegó a manifestar públicamente que la extensión del período de prueba se debía a un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no compartía en absoluto (Página 12, 15/01/2000). Además, Sappia siempre consideró que para eso ya existía la LCT, en la que figuraban los contratos por tiempo determinado que debían regularse en el marco de las negociaciones colectivas (Sappia, 1991). Justamente en este nivel radica el corazón de la reforma. La ley permitía quebrar las bases del ordenamiento laboral centralizado ligado históricamente al peronismo. La posibilidad de que cada sindicato pudiese elegir el nivel de negociación (sumado al fin de la ultraactividad) significaba que ya no sería estrictamente necesario que las cúpulas nacionales de los sindicatos concertaran por rama o actividad. Consultado por la prensa, Sappia afirmó

Nosotros apostamos a la cultura de la negociación colectiva, que nos interesa como una herramienta útil para dar respuestas concretas a los problemas que se plantean en una empresa. Además, la negociación colectiva es el elemento esencial del que dispone el sindicalismo para recuperar la credibilidad perdida. Hoy se descree del sindicalismo porque no negocia colectivamente desde hace más de 25 años. No da respuesta a sus afiliados, no sirve como sindicato. Se ha convertido en una suerte de mutual que sólo otorga servicios y no cumple con el rol de negociadores. El sindicalismo no es un factor de equilibrio social.³⁸

Esencialmente, Sappia buscó “blanquear” la propuesta que había intentado promover desde su rol como ministro cordobés, a través de una descentralización de la negociación colectiva que permitiera un esquema de articulación de convenios. De hecho, Sappia destacó para la prensa el convenio “moderno” del SMATA, realizado en Córdoba, como una muestra de que la ley facilitaría nuevos convenios con mejoras productivas y salariales (La Nación, 21/07/2000). El laboralista ya había hecho declaraciones públicas en las que afirmaba que “la descentralización en la negociación colectiva debe ser inducida, pero nunca impuesta” (La Nación, 10/09/1999). Al mismo tiempo, consultados los gremios cordobeses por la reforma, Miguel Díaz (UTA) afirmó que “esto es lo que siempre quiso hacer [Jorge] Sappia en Córdoba. Hay muy pocos compañeros que, sin el gremio, podrían discutir con la patronal" (La Voz del Interior, 17/01/2000). Cabe destacar que durante el gobierno de Illia (1963-1966) también se propuso una democratización de los sindicatos basada en la mayor independencia (organizativa y financiera) de los sindicatos de empresa y locales respecto a las federaciones y uniones (Gaudio y Thompson, 1990, p. 14). De modo que, a pesar de las advertencias en la prensa realizadas por Sappia, el radicalismo volvió a chocar con la misma piedra.

La ley finalmente fue sancionada con una negociación llevada adelante por el propio Sappia, que logró un acuerdo con parte del sindicalismo. El laboralista fundamentó la normativa en la experiencia de Canadá, donde se había especializado en los años ochenta.

Posteriormente, el dirigente sindical camionero Hugo Moyano denunció maniobras del ministro Flamarique para obtener los votos necesarios para aprobar la norma. Este fue el inicio del escándalo conocido como “Ley Banelco”, debido a las coimas que se habrían cobrado en el Senado de la Nación y que motivó la renuncia del vicepresidente Álvarez (FREPASO). Las modificaciones en el gabinete significaron el breve ascenso de Flamarique como Secretario General de la Presidencia. Pese a durar en el cargo apenas unas horas, una costumbre de aquellos tiempos, le alcanzó para informarle a Sappia que no sería su sucesor sino Patricia Bullrich. El Tano había interpretado que la movida le significaba su ansiado ascenso como Ministro de Trabajo. Tal como le expuso a de la Rúa, dos veces ya no sería “carne de cañón” de la endeblez de la Alianza. En octubre de 2000, pocos días después de su renuncia, declaró a la prensa que “Bullrich no es idónea para desempeñar una función que me correspondía a mí ejercer por méritos propios” (La Nación, 10/10/2000). Consultado por el escándalo de la ley, Sappia afirmó que “insisto en mi conformidad con la ley 25.250, porque mantuvo en esencia el principio de descentralización de la negociación colectiva de trabajo” (La Nación, 02/11/2000).

En definitiva, Sappia no estaba en contra de la esencia de la ley, sino más bien de los tiempos políticos para imponerla. Consideró que no era el momento adecuado. Sappia desembarcó en el gobierno de la Alianza luego de tejer relaciones con dirigentes sindicales sobre la base del principio de no retocar las normativas laborales. El laboralista buscaba ser, nuevamente, la voz privilegiada del radicalismo en el diálogo con el actor sindical. Sin embargo, el escándalo y la llegada de Bullrich terminaron por alejar a Sappia de la normativa y de su breve experiencia en el concierto nacional.

5. Consideraciones finales

Según Armando Caro Figueroa, la gran clave que existe en la Argentina de los últimos años es quién (sin ser peronista) logra gobernar pactando con el peronismo.³⁹ En esa ecuación, la trayectoria de Jorge Sappia asoma como una punta de ovillo que nos muestra los entresijos de una negociación política compleja. El radicalismo nacional careció de figuras que pudieran ofrecerse como interlocutores con el mundo obrero. Los trece paros sindicales de la CGT al gobierno de Alfonsín permiten dar una idea de los inconvenientes en esta relación. Al mismo tiempo, la preponderancia de sindicalistas peronistas en el MTN indica la carencia de cuadros políticos propios del radicalismo con capacidad para negociar con los sindicatos. Sin embargo, en la provincia de Córdoba se configuró un Ministerio de Trabajo que intentó reprovincializar los conflictos laborales. En ese marco, se desplegó la acción de Jorge Sappia. Atento a los reclamos de su partido, intentó establecer lo que llamó “una herramienta de paz social” mediante la institucionalización de la conflictividad. Sus orígenes sindicales y de asesoramiento a gran parte del movimiento obrero en los años 60 y 70 le valieron para ganarse la legitimidad de los principales líderes sindicales cordobeses y nacionales. A su vez, esta experiencia le permitió considerar la importancia de la autonomía de los sindicatos en los niveles provinciales y regionales. La influencia del Derecho del Trabajo se observa en sus ideas de tipo no peronista pero que no se traducen en un antiperonismo. A diferencia de muchos dirigentes del radicalismo, Sappia respetó al sindicalismo peronista y lo hizo parte de sus ideas. Tomó sus demandas y lo ubicó en un marco de gestión estatal. De hecho, la reforma laboral del año 2000 surgió con consenso de parte del sindicalismo peronista, especialmente los denominados “Gordos”, pese a que contenía las bases de un esquema articulado de convenios colectivos que posibilitaría la descentralización de las relaciones laborales. Este modo de gestionar el vínculo con el sindicalismo lo distinguió de aquellos radicales que vieron en el actor sindical el origen de los fracasos gubernamentales de Alfonsín y de la Rúa. Ni siquiera en la salida anticipada del gobierno de Angeloz, Sappia ubicó su dedo acusador en los gremios. Sappia señaló al gobierno mismo, a los bancos o al Ministerio de Economía, como en el 2001. En definitiva, Sappia es el radical que mejor entiende el sindicalismo peronista. Al fin y al cabo, supo conseguir aprobar una legislación que contrariaba los intereses sindicales tradicionales, algo nunca antes alcanzado en la historia del radicalismo. Su trayectoria ilumina numerosas dimensiones y procesos que justifican la historicidad de su figura.

Referencias

Angeloz, E. (2014). La memoria necesaria. Córdoba: Emporio Ediciones.

Arese, C. (2006). Posibilidades y limitaciones de la negociación colectiva regional y descentralizada (Tesis doctoral). Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.

Balán, J. et al. (1974). Las historias de vida en Ciencias Sociales. Teoría y técnica. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Bacolla, N. (2018). Legislar el trabajo. Notas acerca de la construcción de un saber jurídico sobre el trabajo en Argentina. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos [en línea]. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.71889 (Consultado el 28 de diciembre de 2021).

Boltanski, L. (1973). L’espace positionnel: multiplicité des positions institutionnelles et habitus de clase. Revue Française de Sociologie, 15(1), 3-26.

Bourdieu, P. (1997). La ilusión biográfica. En Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción (pp. 74-83). Barcelona: Anagrama.

Campellone, J. y Arriola, M. (2006). SMATA Seccional Córdoba. 50 años de vida, 50 años de lucha. Córdoba: M.E.L. Editor.

Caro Figueroa, J. A. (1997). Modernización laboral. Cuadernos de un reformador empedernido. Buenos Aires: Fundación del Trabajo.

Cavarozzi, M. (2010). Autoritarismo y democracia. Buenos Aires: Eudeba.

Cornaglia, R. (2004). La Reforma de la Ley de Contrato de Trabajo al cumplirse treinta años de su sanción. Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, 23, 1722-1741.

Cucchetti, H. (2016). Compromiso militante y alta función pública entre peronismo y socialismo español. Entrevista a Armando Caro Figueroa. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes, 41(3), 437-454. https://doi.org/10.1080/08263663.2016.1232046

Cucchetti, H. (2017). Rodolfo Díaz, militante peronista de las organizaciones sindicales a la alta función pública. Revue internationale des études du développement, 230, 177-190. https://doi.org/10.3917/ried.230.00177

Delfino, E. y Martí, M. (2012). El hombre del camión: Hugo Moyano. La historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana.

Di Palma, G. (2022). El bipartidismo cordobés y el paradigma de los liderazgos de popularidad (1983-1995). En C. Tcach (Comp.), Córdoba en contextos de crisis (pp.155-182). Córdoba: CEA.

Etchemendy, S. y Palermo, V. (1998). Conflicto y concertación. Gobierno, Congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995). Desarrollo Económico, 37(148), 559-590.

Ferrarotti, F. (2007). Las historias de vida como método. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 14(44), 15-40.

Gaudio, R. y Thompson, A. (1990). Sindicalismo peronista. Gobierno radical. Los años de Alfonsín. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert-Folios Ediciones.

Gobierno de la Provincia de Córdoba. (1988). Reforma Judicial. Tomo I. Córdoba: Ministerio de Gobierno.

Goldín, A. (2012). Reforma y contrarreforma laboral en Argentina, crónica simple de un proceso pendular. Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, 68, 63-92.

Gordillo, M. (2008). Cambios organizacionales en los sectores de punta: la industria metal mecánica de Córdoba en los ’90. Anuario IEHS, 23, 119-143.

Gordillo, M. (2013). Normalización y democratización sindical: repensando los ’80. Desarrollo Económico, 53(209-210), 143-167.

Meccia, E. (Dir.) (2020). Biografías y sociedad: Métodos y perspectivas. Santa Fe-Buenos Aires: Ediciones UNL-EUDEBA.

Mancini, J. R. (2016). Mario L. Deveali. Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Recuperado de https://www.aadtyss.org.ar/files/constructores/17/MARIO%20L.%20DEVEALI.pdf

Medina Mailho, R. E. (1996). La administración del trabajo y las relaciones laborales. Córdoba: Marcos Lerner Editora.

Natalicchio, M. (2006). Beyond the letter of the law. Transforming labor institutions and regulations in Argentina (Tesis doctoral). Massachusetts Institute of Technology. Recuperada de: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/35544

Ortiz, E. R. (2015). El derecho víctima del terrorismo de Estado: 1975-1980. Río Cuarto: UniRío Editora.

Ortiz Bergia, M. J. (2009). El intervencionismo estatal en el espacio provincial. Construcción de políticas laborales en Córdoba, 1930-1943. Población y Sociedad, 16(1), 151-186.

Ortiz Bergia, M. J. (2013). El tratamiento estatal de la “cuestión obrera” en Córdoba, 1930-1943. En M. Z. Lobato y J. Suriano (Comps.), La sociedad del trabajo. Las instituciones laborales en la Argentina (1900-1955) (pp.177-198). Buenos Aires: Edhasa.

Pihen, J. (2021). 53/70. Protagonista de la historia del Sindicato de Empleados Públicos y del Movimiento Obrero de Córdoba. Córdoba: Corredor Austral-Copiar.

Portelli, M. B. (2011). Saberes modernos para políticas eficaces. Intelectuales, Estado y cuestión obrera en Córdoba, 1906-1936. Buenos Aires: Prometeo.

Portelli, M. B. (2020). “Para alcanzar la real igualdad”. La conformación de la justicia del trabajo en Córdoba (1946-1955). En J. M. Palacio (Dir.), Demandando al Capital. El peronismo y la creación de los tribunales del trabajo en la Argentina (pp. 133-153). Rosario-Buenos Aires: Prohistoria-CEDINPE, UNSAM.

Riorda, M. (2004). Mitos y política: estilos comunicativos de los gobernadores cordobeses (1983-2003). Estudios, 15, 119-142. https://doi.org/10.31050/re.v0i15.13540

Romano, S. (2013). Los medios de comunicación de la UNC en la década del sesenta. En D. Saur y A. Servetto (Coords.), Universidad Nacional de Córdoba. Cuatrocientos años de historia (pp. 1-33). Córdoba: Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.

Saltalamacchia, H. (1992). Historia de vida. Reflexiones a partir de una experiencia de investigación. Buenos Aires: Ediciones CIJUP.

Sappia, J. J. (1991). El proyecto de Ley Nacional de Empleo. Semanario Jurídico, 49, 48-55.

Sappia, J. J. (2015). Revista Catorce Bis: Un compromiso cincuenta veces mantenido. Revista Catorce Bis, 50, 5-8.

Servetto, A. (2010). 73/76: El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”. Buenos Aires: Siglo XXI.

Suárez, F. M. (2018). El Partido Socialista Popular: orígenes, organización y tradiciones políticas (1972-1982) (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales). Universidad Nacional de La Plata. Recuperada de: https://core.ac.uk/download/pdf/296426983.pdf

Zorzoli, L. (2015). La normativa sindical entre la dictadura y el alfonsinismo, propuesta de sistematización. En A. Schneider y P. Ghigliani (Comps.), Clase obrera, sindicatos y Estado. Argentina (1955-2010) (pp. 149-172). Buenos Aires: Imago Mundi.

Fuentes documentales

Cámara Federal de Casación Penal Sala N° 1 (4 de diciembre de 2015). Causa “CANTARERO, Emilio Marcelo s/recurso de casación”. Expediente Nº CFP 9900/2000/TO1/CFP1. Recuperado de http://cipce.org.ar/sites/default/files/2016/11/casos2198_8.pdf

Prensa

Diario La Voz del Interior, Hemeroteca de la Provincia de Córdoba. 1985-2000.

Diario Página 12 Digital, enero 2000.

Diario La Nación Digital, septiembre-octubre de 1999; enero-julio-octubre-noviembre de 2000.

Boletines sindicales

Cuadernos Laborales, N°08-09, septiembre de 1990, pp. 8-9.

Entrevistas orales

Armando Caro Figueroa, Salta, 30 de junio de 2021 y 11 de marzo de 2022.

Carlos Alfonso Cabral, Córdoba, 3 de diciembre de 2021.

César Arese, Córdoba, 13 de diciembre de 2021.

Edel Antonio Luis Porta, Córdoba, 6 de septiembre de 2021.

Jorge Horacio Gentile, Córdoba, 24 de agosto de 2020.

Jorge Jerónimo Sappia, Córdoba, 4 de enero y 26 de febrero de 2021.

Juan Carlos Palmero, Córdoba, 5 de marzo de 2021.

Nora Verde, Córdoba, 10 de marzo de 2021.

Norberto Ciaravino, Córdoba, 27 de noviembre de 2021.

Ricardo Enrique Medina Mailho, Madrid, 6 de marzo de 2021.

Notas

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional