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Vigilar y reprimir: la Unión Obrera de la Construcción en Mar del Plata, un análisis a partir de documentos de la DIPPBA

Introducción

Una nota publicada en el diario La Capital el 25 de mayo de 1961, titulada “Mar del Plata en el mundo”, afirmaba que en la ciudad balnearia se construía verticalmente y se vendía horizontalmente. Desde la década del sesenta del siglo pasado, la ciudad que inicialmente se había configurado como una villa turística para el veraneo de las clases altas, se convirtió en “la ciudad de todos” (Pastoriza y Piglia, 2024). En ella comenzaron a confluir durante la temporada estival visitantes de todas las clases sociales y de diferentes puntos geográficos del país. Al calor de la demanda turística de departamentos y de la ampliación de las oportunidades de acceso al crédito y la financiación para quienes tenían la posibilidad de adquirir una segunda propiedad, se desarrolló en la ciudad una potente industria de la construcción, que, con diferentes ciclos de auge y estancamiento, tuvo su primer “boom” hacia los años cincuenta y sesenta (Pegoraro, 2020). El crecimiento de este sector configuró a la ciudad como un polo de atracción para trabajadores y trabajadoras de localidades cercanas o de otras provincias, la Unión Obrera de la Construcción (UOC-MDP) se convirtió en el sindicato con mayor cantidad de afiliados en la ciudad.¹

Los objetivos centrales de este artículo son, por un lado, reconstruir y analizar las dinámicas de conflictividad obrera en las que participó el sindicato, y, en relación a ello, dar cuenta de las diferentes medidas represivas que implementó la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) en su contra para desarticular la organización obrera durante el gobierno de Frondizi (1958-1962) en la ciudad de Mar del Plata y el desarrollo del “boom inmobiliario”. Sostenemos a la manera de hipótesis que la ideología de sus dirigentes, en su mayoría comunistas, unida a la importancia que la industria de la construcción tenía para la ciudad en ese entonces, particularmente a partir de considerar los perjuicios económicos que generaban las luchas obreras para los intereses de quienes invertían en el sector, convirtió a la UOC-MDP en uno de los destinatarios principales de la vigilancia y la represión estatal a escala local. Para ello, analizamos documentos elaborados por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que fueron triangulados con diferentes fuentes, tales como decretos y mensajes presidenciales, los expedientes producidos por la Comisión Especial Investigadora de Apremios Ilegales (CEISAI) creada en el ámbito del Congreso de la Nación en el año 1960, y prensa escrita local - los diarios La Capital y El Atlántico -.

Dos elementos centrales a tener en cuenta para analizar el gobierno de Frondizi son los niveles altos de conflictividad obrera que tuvieron lugar en aquellos años y, ante ello, la profundización de la respuesta represiva del Estado. Una línea de indagaciones recientes sostiene que su gobierno debe ser inscripto en una temporalidad de mayor duración que incluye tanto a los gobiernos civiles como militares desde el año 1955 hasta la última dictadura militar en un proceso de construcción de un “estado de excepción”, que consistió en la “legalización” de herramientas no previstas en el orden jurídico vigente para gestionar el conflicto político-social (Franco, 2012; Pontoriero, 2019, 2022). La construcción simbólica y discursiva de un “enemigo interno”; la creciente intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la represión del conflicto obrero; la militarización del territorio; la recepción de doctrinas extranjeras por parte de las FF.AA. son aspectos que definen al período en relación a la dimensión represiva (Franco, 2012, 2016). De esta manera, la “seguridad interior”, se presentó como una prioridad para las autoridades civiles y militares, no ajenas a la influencia de doctrinas militares extranjeras como la de la Guerra Revolucionaria Francesa (DGR) y más tarde la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Durante el gobierno de Frondizi, se implementaron medidas de “excepción” que implicaban la suspensión de las garantías constitucionales, tales como el estado de sitio, vigente desde noviembre de 1958 y prorrogado hasta el final del mandato del presidente, y el Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES), implementado a través de un decreto secreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en noviembre de 1958 y, luego, por un decreto público en marzo de 1960 (Decreto -S- del PEN N.º 9880, 1958, desclasificado el martes 5 de marzo de 2013 -p. 6-L; Decreto del PEN No 2639, 1960, p. 367). Esta última normativa establecía, entre sus puntos principales, la subordinación de las policías provinciales a las FF.AA.; la división del territorio nacional en una cuadrícula que contempló el diseño de zonas y subzonas de defensa, cada una de ella a cargo de comandantes de los cuerpos del Ejército; y la creación de Consejos de Guerra para juzgar civiles en el fuero militar.²

Los argumentos esgrimidos por las autoridades civiles y militares para legitimar estas medidas se vinculaban a la necesidad de combatir las acciones que identificaban como “insurreccionales” y los “actos de terrorismo” llevados a cabo por sectores del peronismo y por el comunismo que, a su vez, señalaban a las luchas obreras como un intento de desestabilizar el orden vigente (Discurso del presidente Arturo Frondizi, 1 de mayo de 1960). Como parte de las políticas represivas orientadas a desarticular la organización de los trabajadores, se perfeccionaron las tareas de inteligencia policial, entendidas como un insumo para la identificación de personas y organizaciones; la persecución y detención de activistas sindicales y políticos.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, un instrumento fundamental fueron los informes elaborados por la Central de Inteligencia de la Policía provincial, creada en 1956 durante la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora” (Marengo Hecker, 2018). Las tareas de espionaje policial en el mundo del trabajo fueron preexistentes a la creación de un organismo centralizado, sin embargo, desde su conformación el registro de información se sistematizó y perfeccionó en torno a un saber burocrático especializado y a la actualización de la doctrina policial.

A pesar de que la historiografía ha demostrado que el gobierno de Frondizi se caracterizó por una creciente conflictividad obrera y por la implementación de medidas represivas contra las organizaciones de los trabajadores, los trabajos que reconstruyen empíricamente casos concretos que den cuenta de estos procesos son acotados. Un conjunto de indagaciones se ha centrado en el estudio de la “Resistencia Peronista”, un movimiento poco orgánico y escasamente articulado que tuvo lugar en las fábricas y espacios de trabajo a partir de 1955, luego de la proscripción del peronismo, que incluyó en su repertorio de acciones tales como sabotajes, colocación de explosivos, distribución clandestina de panfletos, (James, 1990, 2003; Melón Pirro, 2018). También se analizaron algunos de los conflictos obreros más destacados que tuvieron lugar entre 1958 y 1962, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre (Salas, 1990), las huelgas de los bancarios (Acha, 2008), los metalúrgicos (Dawyd, 2023), los petroleros en Mendoza (Scodeller, 2008) y los ferroviarios (Marengo Hecker, 2021; Aldao, 2023). Otro conjunto de investigaciones reconstruyó las luchas obras del período desde una escala local o regional, por ejemplo, el trabajo de Silvia Simonassi y Verónica Vogelmann (2018) sobre el Gran Rosario (1955-1962), o la investigación de Alejandro Schneider (2002), que hace foco en el cordón industrial del Gran Buenos Aires en un período más extenso (1955-1972). Particularmente, es posible advertir que el sector de los trabajadores de la construcción se encuentra escasamente explorado para el período, y los análisis disponibles se enfocaron en la influencia del comunismo entre los dirigentes de este gremio (Camarero, 2014; Murmis, 2020, 2021, 2025). En este sentido, no contamos con investigaciones que aborden las acciones de protesta y movilización desplegadas por la UOC en la ciudad de Mar del Plata desde la perspectiva que aquí proponemos y en un momento clave para esta industria, que se convirtió en una de las “ruedas maestras” de la economía local (Pegoraro, 2018).

En función de los objetivos planteados, el escrito se organiza en cuatro partes. En primer lugar, presentamos brevemente algunas consideraciones teórico-metodológicas acerca del corpus principal de fuentes y la escala de análisis elegida. En segundo lugar, realizamos una descripción panorámica del contexto local, centrada en el desarrollo del llamado “boom inmobiliario”. En tercer lugar, reconstruimos las dinámicas de conflictividad obrera y la respuesta represiva estatal a escala local, en una narración que se desplaza entre lo macro y lo micro. En cuarto lugar, analizamos el caso de la UOC-MDP a partir de los documentos de inteligencia elaborados por la DIPPBA, y su triangulación con otras fuentes de nuestro corpus. Finalizamos con una síntesis del trabajo realizado y sus resultados.

Corpus documental y escala de análisis: aspectos teórico-metodológicos

El corpus de fuentes primarias que analizamos en este trabajo observa de forma destacada un conjunto de documentos de inteligencia obrantes en el archivo de DIPPBA.³ Este organismo de inteligencia policial fue creado en 1956 durante la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”, ese mismo año se crearon otras agencias como la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y los servicios de inteligencia de las FF.AA. (Servicio de Informaciones del Ejército, Servicio de Informaciones Navales y Servicio de Informaciones Aeronáutica).⁴ El objetivo era centralizar la información producida a partir de las tareas de espionaje y vigilancia de los agentes, así como también coordinar e intercambiar información entre los diferentes organismos para perfeccionar el seguimiento y la persecución de personas y organizaciones que eran consideradas peligrosas, como plantea Funes (2008), encontramos en este momento un antecedente directo de lo que, años más tarde, se denominó “comunidad informativa”, y que fue fundamental para el plan represivo de la última dictadura militar Trabajar con este tipo de fuentes supone un desafío metodológico dada la naturaleza de los documentos, sus productores y los contextos de producción. En este sentido, es necesario explicitar que los autores fueron agentes policiales que cumplían funciones represivas. Por lo tanto, estos documentos permiten acceder a las representaciones elaboradas por los “vigiladores” sobre los “vigilados”, lo que implica una dimensión subjetiva que no debemos soslayar (Marengo Hecker y Castronuovo, 2015). A su vez, estos agentes se encontraban insertos en una cultura policial que se expresaba en un lenguaje específico, técnico, no exento de jergas propias de la cultura institucional, que, por momentos, incrementa la dificultad de acceso para lectores no expertos, pues está codificado. Por lo tanto, algunos investigadores que han analizado este archivo desde un marco teórico orientado al análisis del discurso, plantean la posibilidad de pensar a los productores de los documentos como parte de una comunidad discursiva, debido a que comparten valores, opiniones, modos de vida (Dagatti, 2024).

Otro aspecto central, refiere a las lógicas de producción y circulación de los documentos. No debemos perder de vista los objetivos para los cuales fue realizada la tarea de producción de información, es decir, como insumo para la represión (Nieto, 2011). En este sentido, se trata de escritos que no fueron pensados para una circulación pública, sino que se caracterizan por su carácter reservado, secreto y confidencial. La documentación fue organizada inicialmente en “factores” (político, estudiantil, comunal, gremial, entre otros) y luego en “mesas de trabajo” que, a su vez, tenían divisiones internas por “carpetas” de acuerdo con dos criterios: temático y geográfico, dado que eran agrupadas por localidad. Al mismo tiempo, de manera paulatina, fueron confeccionados por sus direcciones diferentes instrumentos para registrar la información, como fichas de identificación que debían ser actualizadas periódicamente. Utilizamos para esta investigación documentos provenientes principalmente de la Mesa B, “factor gremial”, correspondiente al seguimiento realizado sobre organizaciones de los trabajadores y que contiene legajos de sindicatos de las diferentes ciudades en las que la DIPPBA tenía una delegación, cada legajo agrupa diversos tipos documentales, el más recurrente es el memorándum (Ghigliani et al., 2017). El volumen de la información registrada da cuenta que la vigilancia policial no fue algo esporádico o excepcional en el mundo del trabajo, sino que es posible identificar una capilaridad represiva permanente y cotidiana (Ghigliani, 2012). El archivo de la DIPPBA nos permite reconstruir y analizar el control policial, pero también constituye una vía de acceso a información que resulta crucial para la reconstrucción de las dinámicas y prácticas gremiales en una escala micro, que en muchos casos no es posible conocer de otra manera porque no existen fuentes disponibles o no es posible acceder a ellas. Nos referimos a que, por ejemplo, los agentes policiales guardaban volantes, panfletos, publicaciones, elaboradas por organizaciones sindicales y las incluían en los informes que enviaban a la central en La Plata. A su vez, registraban fechas de eventos gremiales, como asambleas, actos, elecciones, y confeccionaban listas de nombres de las personas que integraban las comisiones directivas. Finalmente, resulta pertinente recuperar la reflexión realizada por Agustín Nieto cuando plantea que quiénes investigamos hacemos una lectura “a contrapelo” de estos documentos, más allá de ciertos datos de individuos que pueden resultar de nuestro interés, nos centramos en una dimensión colectiva de los actores históricos que protagonizan nuestras investigaciones, como puede ser el caso del movimiento obrero (2021, p.120).

Para este artículo el documento principal que analizamos es el legajo de la UOC de Mar del Plata, que pertenece a la Mesa B, factor gremial, y forma parte de la serie “carpetas por jurisdicción”, es decir, documentación producida por las delegaciones de la DIPPBA en las diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires acerca de organizaciones sindicales, profesionales o establecimientos fabriles. Las fechas extremas del legajo son 1953-1975 y tiene una extensión de cuatrocientas veinticuatro páginas, sin embargo, para este trabajo nos centramos en el período 1958-1962. A su vez, como indicamos inicialmente los documentos de inteligencia fueron contrastados con otro tipo de fuentes, como la prensa gráfica local, puntualmente los dos diarios de mayor circulación para la época en Mar del Plata - La Capital y El Atlántico -, y documentos producidos por la Comisión Especial Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales (CEISAI) del Congreso de la Nación, creada en 1960 en el órgano legislativo para investigar las denuncias realizadas por los presos políticos y sus familiares acerca de torturas e irregularidades en su proceso de detención. La CEISAI funcionó entre el 21 de julio de 1960 y hasta el 30 de junio de 1961, sus integrantes entrevistaron a personas detenidas en diferentes lugares del país y, luego, presentaron informes a la justicia. El análisis de los documentos elaborados por la CEISAI ha demostrado que los agentes acusados de ejercer torturas y diversas prácticas ilegales eran tanto miembros de las FF. AA. como de las Policías provinciales o de la Policía Federal, y que tuvieron activa participación en los procesos de detención y encierro (Castronuovo, 2018). Por otro lado, los apremios ilegales más recurrentes en las denuncias recabadas eran las torturas físicas a partir de la utilización de la picana eléctrica, el “secuestro”, referenciado de esta manera en los testimonios, dado el desconocimiento que imperó entre los familiares sobre el paradero de sus seres queridos por varios días, y las acusaciones falsas sobre hechos que los detenidos negaron haber cometido (Castronuovo, 2019).

Entre esas denuncias, se encontraban las de obreros de la construcción de Mar del Plata que estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de la PBA, que acusaron por apremios ilegales a sus agentes, instancia que motivó la visita de una delegación de la CEISAI a la ciudad. El expediente que aquí analizamos incluye las transcripciones de las entrevistas que mantuvieron los enviados parlamentarios con los involucrados en el caso, desde los obreros detenidos denunciantes hasta los oficiales policiales acusados.

Por último, acerca de las escalas de análisis, nos interesa señalar que la adopción de la escala local es una apuesta metodológica que nos permite acercarnos a la realidad social en un espacio acotado, pero siempre en relación a un contexto más amplio (Bandieri, et al., 2018; Pons y Serna, 2004). Un abordaje de estas características debe superar lo pintoresco o anecdótico, ir más allá del “caso”, para poder dar cuenta de cómo los problemas generales se expresan de forma particular en los tiempos y espacios concretos. Esto no implica realizar un intento por hacer “encajar” lo particular en lo general, sino todo lo contrario, se trata de construir interrogantes específicos que tomen como punto de partida las dinámicas del espacio local. Al respecto, nuestro análisis permite identificar el llamado “boom inmobiliario” que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata entre 1950 y 1970, como el contexto específico que otorgó sentido a las prácticas de los actores y se inscribió en las representaciones circulantes respecto de las dinámicas de conflicto de los actores sociales y políticos que participaron en ese proceso.

Una ciudad que crece en altura: el “boom de la construcción” en Mar del Plata

El “boom de la construcción”, asociado al crecimiento del mercado inmobiliario en función de la demanda turística, fue un fenómeno que involucró a diversos actores locales y externos a la ciudad balnearia. Uno de ellos fueron los trabajadores de la construcción, ya fueran residentes estables de la ciudad o provenientes de zonas aledañas, que desempeñaron un rol fundamental en ese proceso que transformó la fisonomía urbana. Desde la sanción de la ley de Propiedad Horizontal de 1948, Mar del Plata experimentó un crecimiento vertiginoso en la industria de la construcción, con ciclos diferenciados, pero con una marcada tendencia a la “verticalización”, que se consolidó en la década del sesenta. Esta ley, promulgada durante el primer peronismo, se inscribió en las políticas de “turismo social” o, como plantea Pastoriza de “democratización del bienestar”, asociadas al derecho de acceder a vacaciones pagas por parte de las familias trabajadoras (2008). Así, Mar del Plata dejó de ser un destino de veraneo exclusivo para las élites porteñas y se convirtió en una ciudad en la que durante la temporada estival confluían diversas clases sociales. El “turismo sindical” se volvió habitual y, en paralelo, crecieron las oportunidades para las clases medias de adquirir una segunda propiedad en la costa atlántica. Esto último fue posible debido a una serie de factores combinados, como la opción de saldar parte de las propiedades en un sistema de cuotas, el acceso al crédito y un contexto económico en el cual la inversión en “ladrillos” parecía segura como reserva de valor, de esta manera se consolidó un mercado inmobiliario dinámico y en auge para el período aquí considerado (Pegoraro, 2020). Además, tener un departamento de verano en Mar del Plata tenía un valor simbólico, era sinónimo de elevar el status social, era algo que anhelaban quienes adquirían una segunda propiedad frente al mar, particularmente profesionales oriundos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (Pegoraro, 2020a). Para inicios de los años sesenta, la ciudad balnearia se había convertido en la “ciudad de todos”, durante el día, sus playas reunían a personas de distintas clases sociales, y por la noche, el centro, los bares de rambla o paseo conocido peatonal como “La Bristol” o el Casino eran puntos de encuentro multitudinarios (Pastoriza y Piglia, 2024).

En este marco, examinar el desarrollo de la industria de la construcción requiere detenernos en sus dos principales actores: las empresas y los trabajadores del sector. En este trabajo nos centraremos en las organizaciones sindicales, sin embargo, podemos mencionar que la mencionada industria se desarrolló a nivel local en el marco de cierto “capitalismo familiar”, es decir, fueron pocas familias marplatenses las que controlaron la mayor parte de la actividad (Pegoraro, 2020). Los beneficios derivados de la expansión edilicia generaron condiciones para un conjunto de excepciones normativas, por ejemplo, en relación a la altura de los edificios, a fin de favorecer inversiones privadas. El período 1956-1960 fue un momento de auge esta industria, durante el cual el centro de la ciudad y el frente marítimo se poblaron de edificios de cada vez mayor altura.

Acerca de los trabajadores de la industria de la construcción, es escaso el conocimiento disponible para el período. Las características de la industria permiten esbozar algunos elementos determinantes en las formas de organización y prácticas sindicales. En primer lugar, se trataba de una oportunidad laboral con continuidad durante todo el año, a diferencia de otros sectores de la economía local que concentraban su actividad en los meses de la temporada de verano. En segundo lugar, hasta el presente, se caracterizó por la informalidad en las formas de contratación y por una rotación constante de los trabajadores. Por sus características, la construcción requirió mano de obra de forma intensiva, pues ocupó a numerosos empleados para realizar tareas diversas que, en algunos casos, exigían algún tipo de tecnificación, pero, en general, los grados de especialización requeridos se alcanzan en la práctica y requería de tiempo de ejercicio de los diferentes oficios. A su vez, los trabajadores de la construcción se desempeñan en diversos oficios, lo que puede resultar problemático a la hora de constituir una representación gremial unificada, es así como encontramos para el período considerado sindicatos de albañiles, cementistas, pintores, carpinteros, etc. Además, muchas de las tareas realizadas implicaban un riesgo alto para la seguridad, por lo que los accidentes laborales eran frecuentes. Ante estas particularidades, la organización sindical resultó fundamental a la hora de conseguir reivindicaciones puntuales y asegurar el cumplimiento de derechos laborales. Hacia la década del cuarenta los trabajadores de esta industria habían logrado nuclearse en uniones gremiales de fuerte peso, primero el Sindicato Obrero de la Construcción y, luego, la UOC, que lograron negociar los primeros convenios colectivos y jornales de trabajo. En el contexto aquí observado es posible aseverar que los obreros de la construcción de Mar del Plata eran los mejores pagos de la provincia (Pegoraro, 2020). A pesar de ello, el crecimiento económico y el desarrollo urbanístico no estuvieron exentos de tensiones y conflictos.

Conflictividad obrera y represión estatal a escala local

Hacia fines de la década del cincuenta, existían en Mar del Plata dos organizaciones obreras de diferente ideología que agrupaban a diversos sindicatos. Por un lado, la delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) de filiación peronista, y, por el otro, la Unión Obrera Local (UOL), de tendencia anarquista. Esta última organización, fundada por la Federación Anarco-Comunista Argentina (FACA), fue la principal central marplatense hasta la década del cuarenta, permaneció clausurada durante los gobiernos peronistas entre 1948 y 1955, año en que recuperó funcionamiento y mantuvo una relativa importancia hasta 1966 (Nieto, 2011a).

Durante los primeros años de la presidencia de Frondizi, los grandes temas de debate y conflicto a nivel nacional, como la Ley de Asociaciones Profesionales y los contratos petroleros, tuvieron repercusiones locales, generando posicionamientos políticos de diferentes actores del mundo gremial. Los documentos de inteligencia de la DIPPBA de la delegación de Mar del Plata y la prensa local nos permiten reconstruir el panorama sindical en la ciudad. Según lo registrado en el legajo de la DIPPBA sobre la delegación regional de la CGT, para el año 1958 había en la ciudad 69.157 personas afiliadas a la central obrera, siendo el gremio más numeroso el de la construcción con 15.000 obreros.⁵ En Mar del Plata, las dos centrales (CGT y UOL) participaron activamente de las huelgas convocadas a nivel nacional, incluso, en ciertas coyunturas, ambas agrupaciones se unieron para llevar adelante demandas en nombre del conjunto de las y los trabajadores.

Los procesos de lucha protagonizados por diversos sindicatos a nivel nacional y local se desarrollaron en un marco de profundización de la represión estatal como respuesta a la agitación obrera. Desde noviembre de 1958 estaba vigente el estado de sitio, a raíz de la huelga petrolera protagonizada por los trabajadores del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE) en Mendoza, esta normativa, que en diciembre de ese año fue prolongada por el Congreso de forma indeterminada, habilitó la detención de cientos de activistas gremiales en todo el país, en su mayoría de ideología peronista o comunista. En el movimiento obrero marplatense la declaración del estado de sitio no hizo más que reforzar la solidaridad, la CGT local exigió la liberación de los presos políticos, el levantamiento del estado de sitio y la vigencia de los derechos constitucionales (“Diversas resoluciones de importancia adoptó el plenario de la CGT local”, diario La Capital del 16 de noviembre de 1958). Durante los siguiente meses, la mayoría de los sindicatos locales participaron de los paros nacionales convocados por las “62 Organizaciones”,⁶ que tenían como demandas el congelamiento de los precios de productos de primera necesidad, la reincorporación de trabajadoras y trabajadores cesanteados por motivos políticos y la protesta por la intervención a los gremios.⁷ A su vez, la CGT y la UOL organizaron en conjunto campañas por la carestía de la vida, estas acciones denunciaban el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad y alimentos como el pan y la carne.⁸ Esto ocurría en un contexto económico signado por la adopción de medidas liberales ortodoxas implementadas por el ministro de economía Álvaro Alsogaray. Como pieza central de su plan económico, acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tenía como contrapartida un plan de estabilización que se expresó en la reducción de los salarios reales y, por lo tanto, en una contracción en la demanda, sumado al crecimiento de la desocupación. Estas decisiones derivaron en el empeoramiento en las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora y desataron huelgas en todo el país, la ciudad de Mar del Plata no fue la excepción.

El año 1959 se caracterizó por una intensa conflictividad gremial, en Mar del Plata el conflicto del gremio bancario tuvo gran centralidad política y adhesión por parte de las y los empleados de las principales entidades bancarias, que se ausentaron de sus puestos de trabajo durante los días de huelga. El avance del conflicto fue cubierto por los diarios marplatenses que informaron las detenciones de algunos trabajadores por parte de la PBA, quienes fueron puestos a disposición del Ejecutivo Nacional.⁹ Esta situación generó el rápido repudio del movimiento obrero y su movilización a partir de la convocatoria a un paro de la CGT regional que exigía la libertad de los detenidos, se solidarizaba con el conflicto de los bancarios, denunciaba las intervenciones a los gremios y el elevado costo de vida que perjudicaba a las y los trabajadores.¹⁰ Durante la huelga, Mar del Plata fue la ciudad con mayores cifras de ausentismo en los bancos.¹¹ El conflicto prosiguió durante los meses siguientes y, en ocasiones, se produjeron incidentes en los cuales la policía reprimió violentamente a los manifestantes.¹² Este conflicto unió a los diferentes gremios locales, a tal punto que los dirigentes de la CGT y la UOL conformaron una comisión coordinadora desde la que se impulsaron paros y diversas acciones en solidaridad con los gremios en huelga.¹³ Estos hechos dan cuenta del alto nivel de organización y movilización del movimiento obrero marplatense hacia fines de la década del cincuenta. A pesar de la vigencia del estado de sitio, las protestas obreras no se detuvieron, las autoridades civiles y militares del gobierno difundieron un discurso que buscaba emparentar las luchas gremiales con actos de violencia o, como aparecen mencionados en los diarios y la legislación de la época, con acciones interpretadas como “actos terroristas”. En marzo de 1960 se hizo pública la implementación del Plan CONINTES, a partir de ese momento una nueva oleada de detenciones tuvo lugar en el país y en la ciudad.

La Unión Obrera de la Construcción: de la vigilancia policial a los apremios ilegales

La UOC en el movimiento obrero marplatense: procesos de lucha y acciones de protesta

La relevancia del sindicato de la construcción en la ciudad no resulta sorprendente, para ese entonces Mar del Plata presentaba el índice más alto de construcciones a nivel nacional y era una de las ciudades del mundo donde más se construía (Pegoraro, 2020). Pero antes de detenernos en el análisis local, nos interesa recuperar brevemente el derrotero de las organizaciones sindicales de este sector en el plano nacional y las tradiciones políticas más influyentes entre sus dirigentes. En este sentido, debemos señalar que la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC) fue dirigida por el comunismo durante las décadas del treinta y el cuarenta, en ese entonces, el gremio logró aumentos significativos de los jornales y mejoras en las condiciones laborales a partir de procesos de lucha y negociación con el Departamento Nacional de Trabajo. Luego del golpe de Estado de 1943 y la posterior irrupción del peronismo, el PC se vio notablemente debilitado en el ámbito sindical, perdió el control de la mayoría de los sindicatos que conducía, entre ellos la FONC, que fue intervenida y disuelta en 1946 (Camarero, 2012). En su lugar, obtuvo la personería gremial la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), cuya dirigencia se encontraba alineada con el peronismo. El gobierno militar de la dictadura de la “Revolución Libertadora” (1955-1958), con sus objetivos de “desperonización”, intervino la CGT, persiguió y encarceló a numerosos dirigentes peronistas. En ese contexto, el PC retornó a la conducción de algunos de los sindicatos que había liderado en el pasado, entre ellos la UOCRA, a partir de los triunfos electorales que obtuvo a nivel nacional, y en las seccionales correspondientes a Capital Federal y Mar del Plata (Murmis, 2020). Durante el gobierno de Frondizi, la UOCRA protagonizó diversas huelgas y fue uno de los sindicatos destinatarios de la represión estatal, que se tradujo en su intervención y la detención de sus principales dirigentes (Murmis, 2025). Desde el año 1960 su conducción quedó nuevamente en manos de dirigentes de identidad peronista y pasó a integrar las “62 organizaciones” nucleadas en la CGT, mientras que los dirigentes comunistas fueron desplazados. Este panorama nacional es el marco en el que debemos inscribir las dinámicas sindicales a nivel local, aunque sin perder de vista las particularidades que emergieron en la ciudad de Mar del Plata, epicentro de la industria de la construcción para el período.

Hacia 1958 los obreros de la construcción en Mar del Plata se encontraban divididos en dos gremios, la mayoría eran afiliados de la UOC que formaba parte de la CGT. Por otro lado, el Sindicato de Obreros de la Construcción Autónomo (SOCA) tenía sede en la UOL. Según el legajo de la DIPPBA este sindicato, hacia 1958, contaba con cincuenta y dos afiliados. En este documento encontramos la reproducción de los comunicados realizados por integrantes del sindicato en los que proponían una organización por rama y oficios, manteniendo cierto grado de autonomía para que cada sector pueda acordar sus convenios colectivos de acuerdo con sus demandas particulares.

Del análisis del legajo y la información que allí se reúne, es posible identificar que el SOCA mantenía una disputa con los dirigentes de la UOC, a quienes acusaban de no representar los intereses de los trabajadores. En los comunicados del año 1958 es posible identificar un llamamiento constante a los obreros afiliados a la UOC, instándolos a que dejaran de aportar la cuota sindical y señalando a la dirigencia de ese gremio como una “burocracia”. La gravitación de este sector fue mucho menor comparada con el peso que tuvo la UOC en el periodo considerado en este trabajo, en el que se constituyó como uno de los sindicatos más activos en la ciudad. Sin embargo, la existencia del SOCA da cuenta de oposiciones al sindicato principal y miradas diversas entre los trabajadores acerca de los modelos sindicales.

Hacia 1959, el gremio de la construcción a nivel nacional formó parte del proceso de conformación del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), se trataba de un desprendimiento de las “19” organizaciones comunistas, que participó activamente de procesos de lucha relevantes en el período, como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre o la huelga bancaria (Camarero, 2014). Sin embargo, a raíz de esta participación en conflictos obreros, la central a nivel nacional fue intervenida por el gobierno, quedando a cargo del coronel Adolfo Sívori. Al poco tiempo, también lo fue la seccional de Mar del Plata, los argumentos que se esgrimieron fueron que el gremio no estaba respetando la Ley de Asociaciones Profesionales y que se encontraba “en un estado de anormalidad”.¹⁴ La Comisión directiva del sindicato planteaba que no existían razones para la intervención, debido a que las autoridades habían sido elegidas democráticamente en asamblea. Como respuesta, los trabajadores recuperaron por la fuerza la sede y se turnaron para permanecer en ese espacio ante posibles intentos del interventor y las fuerzas policiales de ocuparlo nuevamente. Frente a estos hechos, el interventor emitió un comunicado en el cual se hacían explícitas las razones que impulsaban la decisión de apartar a las autoridades electas. En él aseguraba la existencia de “hordas comunistas” en el sindicato, establecía como objetivo llamar a elecciones libres luego de “depurar los padrones”, al mismo tiempo, repudiaba el “acto vandálico” de tomar por “asalto” el local sindical.¹⁵ Los conflictos en torno a la intervención del sindicato resurgieron en el mes de agosto, cuando se intentó excluir al gremio de la construcción de las elecciones de las autoridades de la CGT local.

Durante el año 1960, contexto en el cual la conflictividad obrera crecía y la respuesta represiva del gobierno se profundizó en todo el país, el gremio de la construcción continuó con un fuerte activismo. En los primeros meses de implementación del CONINTES, a raíz de las detenciones realizadas a dirigentes gremiales y abogados laboralistas en la ciudad, el gremio de la construcción integró la delegación que viajó a Capital Federal para entrevistarse con diputados de distintos bloques políticos y pedir por la liberación de los detenidos, la derogación del CONINTES y la anulación del fallo del tribunal militar contra los marplatenses que habían sido condenados por “terrorismo”.¹⁶ Meses después, el gremio emprendió un nuevo proceso de lucha para obtener aumentos salariales que contemplaran el incremento del costo de vida. En el mes de octubre de 1960, la UOC realizó un paro de una semana consecutiva, los argumentos eran la negativa de la patronal a aumentar los salarios, la intervención del sindicato, la existencia de trabajadores afiliados apresados y la política económica “impuesta por el Fondo Monetario Internacional”.¹⁷

Este conflicto no pasó desapercibido para el poder político local, en una nota dirigida al presidente del Centro de Constructores, el empresario Nicolás Dazeo, el intendente socialista Teodoro Bronzini, manifestó su preocupación por el paro de las actividades en el gremio y el impacto negativo que esto implicaba, dado que del normal desenvolvimiento de la construcción dependía “el progreso de la ciudad y el bienestar del vecindario”.¹⁸ En la nota, que fue publicada por el diario La Capital el 16 de octubre de 1960, el mandatario municipal analizaba las consecuencias que el conflicto ocasionaba para la comunidad marplatense en su conjunto, señalaba que los salarios bajos de los trabajadores de la construcción derivaba en una disminución de la capacidad de consumo que impactaba en otras actividades como el comercio. En definitiva, el intendente instaba a que los constructores garantizaran una remuneración acorde al trabajo realizado y a las posibilidades de la industria, que en el caso de Mar del Plata eran, según Bronzini, mejores que en cualquier otro lugar del país debido a la demanda turística. La paralización también preocupaba a la prensa local, un editorial del diario El Atlántico, un formato de excepción para este periódico que no solía incluir este tipo de secciones, señalaba que el detenimiento de la principal industria de la ciudad traería aparejado importantes perjuicios de cara a la temporada de verano que estaba cercana a comenzar.¹⁹ De esta manera, los actores locales reconocían la centralidad de esta industria en la economía marplatense y su preocupación evidencia que los alcances e impactos de la huelga por parte de los trabajadores eran significativos. El paro de la construcción se extendió desde el 6 de octubre hasta el 21 de octubre, fue apoyado por la CGT y la UOL que confluyeron en un paro general. El resultado para los trabajadores fue positivo, lograron un aumento salarial que implicó el fin del conflicto.

La vigilancia policial sobre la UOC: un análisis a partir de los documentos de la DIPPBA

La centralidad que tuvo este sindicato en el movimiento obrero local explica que los agentes policiales hayan generado un extenso legajo en el cual registraron las acciones llevadas a cabo por la UOC-MDP. El legajo presenta lo que Dagatti denomina heterogeneidad textual (2024), agrupa desde “memorándums” con reproducciones de comunicados del sindicato, informaciones sobre actos y asambleas, recortes de la prensa local sobre hechos relevantes que involucraban al gremio como huelgas o elecciones, fichas que consignaban información personal de las personas que integraban las comisiones directivas, entre otros documentos. Esta información era registrada por la delegación de inteligencia de la PBA en Mar del Plata, a cargo de Horacio Pedro Ochando, y remitida a la ciudad de La Plata. A partir del análisis de los documentos que forman parte del legajo, podemos inferir que agentes del servicio de inteligencia se infiltraban en las asambleas y reuniones de delegados del gremio de la construcción o que, al menos, tenían informantes que participaban de ellas, ya que en algunos de los memorándums encontramos descripciones detalladas que contienen datos que consideramos sólo hubiese sido posibles consignar a partir de la presencia física en las reuniones (Ghigliani, et al., 2017). Por ejemplo, observaciones sobre la falta de quórum, las discusiones o debates internos que tenían los delegados acerca de acciones a llevar a cabo, así como también la identificación de las personas que participaban de los encuentros. Según los “cuestionarios para el registro de entidades gremiales” que forman parte del legajo mencionado de la DIPPBA, la Comisión Directiva del gremio en 1958 estaba conformada por nueve trabajadores, de los cuales seis eran identificados por los agentes policiales como “comunistas”, entre ellos el secretario general Amalio Arto.

La información registrada en el legajo nos permite acceder a disputas que existían entre la UOC y otros sindicatos o centrales obreras como la UOL. Por ejemplo, uno de los memorándum narraba un conflicto en una obra en construcción entre trabajadores que participaban de la UOL con dirigentes del gremio UOC, éstos últimos habían presionado a los empleadores para que despidieran a los trabajadores que no eran parte del sindicato y en su lugar contrataran a obreros que fueran afiliados.²⁰ En el documento se reproducía el comunicado de la UOL, allí acusaban a los dirigentes de la UOC de ejercer un “totalitarismo sindical”, manifestaban que el único interés del gremio era lograr una hegemonía en el movimiento obrero para ejecutar “instrucciones que se les imparten desde el extranjero” (Folio 68). Esta acusación implicaba una crítica directa al comunismo como ideología, y provenía de una central obrera de tendencia anarquistas como la UOL. A su vez, el registro realizado por los agentes policiales también da cuenta de oposiciones a la conducción dentro del propio sindicato de la UOC, y la presencia de otras tradiciones políticas, por ejemplo, en uno de los memorándum se adjuntaba un volante del “Movimiento de acción justicialista de los obreros de la construcción” (M.A.J.O.C), allí, trabajadores peronistas denunciaban la adulteración de los padrones electorales y llamaban a no integrar las listas de los “comunistas gorilas” ni votar en las elecciones próximas a realizarse en el gremio (Folio 71). Según lo informado por la PBA esos volantes habían aparecido en la vía pública, el agente que elaboró el memorándum expresaba la preocupación por la ausencia de una oposición electoral con posibilidades de triunfar ante los comunistas. Finalmente, según los registros policiales, los trabajadores peronistas conformaron la Lista Marrón para participar de las elecciones. Sobre este tema, en otro memorándum, se sentenciaba de forma negativa: “o el sindicato permanece en manos comunistas o cae en manos peronistas” (Folio 84).

Sin embargo, más allá de dar cuenta de estas oposiciones, desde la perspectiva de los agentes policiales, la hegemonía del comunismo dentro del sindicato era evidente y constituyó un registro recurrente a lo largo del legajo. En un memorándum del 10 de junio de 1959 se afirmaba:

No es un secreto para nadie que el gremio de la construcción -en la actualidad- no pasa de ser una base de operaciones del Partido Comunista - tanto en el orden nacional como en Mar del Plata - y que sus filiales se mueven al conjunto de la voluntad “del partido”. Tampoco es menos evidente que los comunistas están coordinando perfectamente su acción subversiva a través del movimiento obrero, y que, fracasada - porque esa es la verdad - la huelga bancaria, ahora lanzarán al paro a la construcción, para seguir luego con Luz y Fuerza, Metalúrgicos y cuantos gremios tengan cierto grado de infiltración. (Folio 91 y 92)

Sin embargo, la especial atención de la PBA al sindicato de la construcción no se limitó a la ideología de sus dirigentes, podemos advertir la preocupación de los agentes policiales en torno a las consecuencias negativas que generaba el accionar de la UOC-MDP para la industria de la construcción. El memorándum que citamos anteriormente comenzaba señalando que el objetivo del documento era ampliar una comunicación telefónica que había tenido lugar la noche previa, seguramente entre el jefe de la delegación de Mar del Plata, Pedro Ochando y las autoridades de la central en La Plata. El texto redactado no reúne solamente datos o información, sino también un análisis en torno a la importancia que tenía la actividad de la construcción en la ciudad balnearia:

Si bien puede suponerse que una huelga de la construcción en el orden nacional puede resultar inoperante por cuanto la agudas crisis de circulante provocada por la huelga bancaria igualmente reducirá la edificación, esto no cuenta para Mar del Plata donde se han iniciado obras que superan en mucho los mil millones de pesos y donde no se nota la escasez de dinero, en virtud de que el grueso de la construcción lo es en totalidad judío - se dice que poseen grandes cantidades de dólares dedicados a esta suerte de operaciones - cuando no los financista de la edificación son gente como Demetrio Eliades, propietario de las fábricas de alfajores “Gran Casino” y representante en ésta de Aristóteles Onassis quién, precisamente si carece de algo no ha de ser de recursos económicos, al punto que esta terminando une edificio de 25 pisos en Buenos Aires y Bolivar de ésta, y tiene varios más en proyecto y construcción [sic].²¹

Del análisis de este memorándum se desprende que los informes de inteligencia no referían solamente al seguimiento y vigilancia de organizaciones o individuos, sino que además brindaban apreciaciones sobre la realidad política y social, lo que nos permite acceder al marco interpretativo de los agentes policiales y considerar su posible influencia en la toma de decisiones vinculadas a la gestión del conflicto gremial en este caso. A continuación del análisis sobre los perjuicios económicos que generaba la huelga de la construcción, se planteaba como posible solución a este problema la intervención de la UOC. El documento cerraba con un panorama gremial que calificaba como “nada alentador”, señalando que los principales gremios y la CGT local estaban en manos del comunismo. A partir de la triangulación de estas fuentes con la prensa local, pudimos constatar que, tan solo unas semanas después, la delegación de Mar del Plata de la UOC fue intervenida. De esta manera, encontramos una relación directa entre las tareas de inteligencia y la implementación de medidas represivas concretas, como la intervención de un sindicato.

En el caso de la UOC este nexo entre la tarea de espionaje y la posterior concreción de medidas represivas es susceptible de ser observada con claridad en otras acciones ejecutadas por las fuerzas policiales además de la intervención del sindicato. En este sentido, es posible señalar la detención de obreros de la construcción que tenían una participación activa en la vida gremial como delegados y que, además, eran comunistas. Aún con el CONINTES vigente, cuatro obreros de la construcción fueron detenidos en la ciudad de Mar del Plata por posesión de propaganda comunista y recluidos en la Brigada de Investigaciones de la Policía en septiembre de 1960. Se trataba de Jorge Carrasco, delegado de la UOC, Manuel Sarmiento, subdelegado de la UOC, Luis Valenzuela y Samuel Figueroa, todos ellos de nacionalidad chilena. Los obreros denunciaron haber sufrido apremios ilegales, entre ellos tortura con picana eléctrica, en la Brigada de Investigaciones de la PBA, ubicada en la calle Bartolomé Mitre nº2739.²²

Estos casos fueron cubiertos por la prensa local y adquirieron relevancia nacional a partir de la visita de la CEISAI a fin de investigar las denuncias de los obreros de la construcción.²³ La prensa local reprodujo los trascendidos de las diferentes entrevistas que mantuvieron los diputados con los involucrados en el caso, especialmente las declaraciones del principal acusado por impartir torturas, el inspector Salcedo, jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía, enfatizando que el funcionario había rechazado todas las acusaciones.²⁴ Las denuncias por torturas con picana eléctrica a presos comunes y presos políticos en dependencias policiales no era una novedad del período, estas prácticas se encontraban extendidas y naturalizadas hacia inicios de los años sesenta en la PBA (Barreneche, 2018). En los testimonios de los obreros de la construcción Carrasco y Sarmiento brindados en la entrevista con la CEISAI, es posible identificar la existencia de espacios destinados dentro de la Brigada a realizar este tipo de prácticas (Bilbao, 2025a, 2025b). Los agentes de inteligencia de la policía siguieron de cerca las tareas de la delegación de diputados, registraron sus encuentros con familiares de otros “presos CONINTES” de la ciudad que también habían denunciado apremios ilegales. Además, adjuntaron noticias de diarios locales como La Capital y El Atlántico acerca de las acusaciones que los obreros detenidos en la Brigada realizaron acerca de Salcedo, según los agentes se trataba de “una maniobra de los elementos comunistas”, y señalaban que el jefe de la Brigada había afirmado que las denuncias eran infundadas.

En síntesis, la intervención del sindicato y la detención de delegados de la UOC que adherían al comunismo, nos permite dar cuenta de que las tareas de inteligencia, entendidas como mecanismos de control y sanción de tipo “preventivos” (Bohoslavsky y Franco, 2020), constituyen “instrumentos de represión” necesarios para individualizar sujetos considerados como “peligrosos”, desde la perspectiva policial, y permiten avanzar en su persecución y en la ejecución de acciones concretas.

Conclusiones

A la hora de pensar en rupturas y continuidades en los procesos represivos, las tareas de espionaje e inteligencia policial, con sus particularidades en cada contexto, se presentan como una continuidad respecto de la preocupación que demostraron los elencos políticos y burocráticos que tuvieron bajo su control diferentes agencias estatales dedicadas a estas tareas, especialmente al control y vigilancia sobre el mundo del trabajo. A partir de la triangulación del corpus documental, logramos reconstruir dinámicas de conflictividad obrera y la implementación de políticas represivas en la ciudad de Mar del Plata durante el gobierno de Frondizi a partir del caso de la UOC-MDP como prisma de observación. En un contexto de elevada movilización obrera y de profundización de la represión estatal la PBA en la ciudad de Mar del Plata tuvo una participación destacada en la implementación de la legislación represiva a partir de los procesos de detención de presos políticos y en el desarrollo de las tareas de vigilancia y control ejercidas por la delegación local de inteligencia. A su vez, funcionarios policiales de la ciudad fueron acusados de ejercer prácticas ilegales como torturas físicas, impartidas en un contexto particular signado por la subordinación de las policías provinciales a las FF. AA. en el marco del Plan CONINTES.

La represión estatal dirigida contra el gremio de la construcción y sus trabajadores en la ciudad balnearia debe ser leída en el marco de un contexto nacional e internacional signado por el marco interpretativo de la Guerra Fría en torno a la lucha contra el comunismo y la construcción de un “enemigo interno”, y desde el plano local en función del desarrollo del “boom inmobiliario” en la ciudad. Como se desprende de las fuentes analizadas, las medidas de lucha obrera, como los paros, implicaban un perjuicio para la principal industria de la ciudad y, puntualmente, para los intereses económicos de los inversores que dependían de su desarrollo. La respuesta estatal frente a las demandas de la UOC fue contundente, en diversas ocasiones sufrió intervenciones, sus dirigentes y activistas fueron perseguidos y en algunos casos detenidos por motivos políticos, debido a su ideología comunista. Además, el extenso legajo de la DIPPBA sobre este gremio da cuenta de una atención especial otorgada por la PBA, que se dedicó a realizar un seguimiento constante de sus actividades y de las personas que participaban en ellas. En síntesis, del análisis de los documentos es posible concluir que para los agentes policiales este sindicato presentaba un peligro mayor que otros, debido a la influencia del comunismo. Al respecto, es necesario preguntarnos por una posible sobredimensión de la influencia de esta ideología dentro del movimiento obrero marplatense por parte de agentes policiales que interpretaban la realidad a partir de un marco doctrinario orientado a la lucha contra el comunismo. En este sentido, más allá de una “conducción comunista” en el gremio, logramos dar cuenta de oposiciones vinculadas a otras tradiciones ideológicas como el peronismo o el anarquismo.

Finalmente, consideramos que el conocimiento sobre las relaciones entre conflictividad obrera, el ejercicio de la represión estatal y los intereses económicos a escala local debe ser profundizada en futuros trabajos, a partir de contemplar otras temporalidades, de ampliar la reconstrucción de las dinámicas del movimiento obrero más allá de la UOC y de la incorporación al análisis de otros actores relevantes para el escenario local.

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Notas

Recepción: 01 mayo 2026

Aprobación: 19 junio 2026

Publicación: 01 julio 2026

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