Introducción

Si bien los estudios sobre la profesionalización de la enfermería han evidenciado un notorio crecimiento en el último tiempo, la mayoría de los mismos se ocupó de la región central del país, sobre todo de Buenos Aires (Martin, 2012; Biernat, Cerdá y Ramacciotti, 2015; Ramacciotti y Valobra, 2010). En líneas generales, se avanzó en el análisis de una ocupación sanitaria que estuvo muy vinculada a las tareas de las mujeres y que, durante el siglo XX, se le fue añadiendo saberes, nociones técnicas y espacios formativos más complejos. No obstante, pese a la relevancia de esta temática, es muy poco lo que se conoce acerca de lo acontecido en otras regiones alejadas del centro político bonaerense, como el noroeste.

Con el propósito de contribuir a llenar este vacío, en el presente trabajo indagamos acerca de los cambios y permanencias producidos en el proceso de profesionalización de la enfermería en la provincia de Jujuy, a partir de la creación de la escuela de enfermería durante el gobierno del primer peronismo (1946-1955). Más allá de ciertas experiencias de capacitaciones previas, esta institución educativa sanitaria se constituirá en el principal antecedente formativo bajo la órbita estatal en un distrito con endebles condiciones sanitarias. Con la puesta en marcha de dicha escuela, se iniciaría una etapa signada por relevantes avances en el campo de la enfermería, aunque no exenta de revisiones y reformulaciones, al calor de debates y reorganizaciones llevadas a cabo también a nivel nacional.

Planteado así nuestro tema, surgen ciertas preguntas: ¿Cuál fue el contexto sanitario de la provincia jujeña en los albores de la experiencia peronista? ¿Qué rasgos presentaba en ese período la labor de la enfermería? ¿Cuáles fueron los antecedentes en el perfeccionamiento de dicha ocupación a nivel provincial y regional? Y en los años de aquel gobierno popular; ¿Qué permanencias y transformaciones se evidenciaron en la profesionalización de la enfermería? ¿Qué rol cumplió el cuerpo técnico y político interviniente? ¿Qué características presentaron los planes de estudio que se elaboraron para la institución educativa creada? ¿Cómo se expresaron los cambios y reorganizaciones experimentados en la escuela de enfermería y en qué marco se produjo? ¿Qué implicancias tuvo este proceso para la mujer en aquel ámbito sanitario?

Con la intención de responder estos interrogantes, a continuación, nos dedicamos a explorar los principales rasgos de la intervención estatal en el campo de la profesionalización de la enfermería en Jujuy durante los años peronistas, haciendo hincapié en sus particularidades, así como en los cambios y transformaciones que propugnaría. Temáticas relevantes, en un momento crucial para las políticas sociales en la provincia, pero cuyo abordaje no ha merecido esfuerzos de aliento hasta el momento. Las páginas siguientes procuran constituirse en una modesta contribución en ese sentido.

El sistema sanitario en las primeras décadas del siglo XX

Desde comienzos del siglo XX, la historia de la salud en la mayoría de las provincias argentinas se desarrolló como un complejo proceso que presentó sus propias particularidades, sobre todo en aquellas jurisdicciones más alejadas de la región central del país, como Jujuy. Este distrito, por entonces, exhibía pésimas condiciones sanitarias. Entre otros índices, poseía las tasas de mortalidad materna e infantil más altas a nivel regional y nacional, siendo además víctima habitual del flagelo de enfermedades como la difteria, viruela, tifus, paludismo y la tuberculosis. Las mismas hacían estragos en un territorio provincial que prestaba muy escasos servicios sanitarios y una población que, en consecuencia, recurría con habitual frecuencia a la atención de los curanderos (Fleitas, 2011).

Esta deficiencia fue muy marcada sobre todo en las localidades del interior de la provincia, donde, en general, contaban con pocos edificios sanitarios e insuficientes recursos humanos.

En la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, en cambio se radicaban la mayoría de los médicos, quienes ejercían sus funciones en el principal establecimiento sanitario de la provincia, el hospital San Roque. En esta urbe se encontraba también la máxima entidad responsable del área sanitaria; el Consejo de Higiene. Creado a fines del siglo XIX, tenía funciones ejecutivas y era el encargado de dirigir las acciones en caso de endemias o epidemias. De igual modo, controlaba el cumplimiento de las normas relacionadas al mantenimiento sanitario de la población y de los requisitos básicos para el ejercicio profesional de la medicina.

Hacia comienzos de los años de 1930, el Consejo de Higiene estaba compuesto por un presidente, nombrado por el Ejecutivo provincial en acuerdo con la Legislatura, un vicepresidente (en ambos casos médicos) y tres vocales (integrado por un médico, un farmacéutico y un veterinario). Desde el nacimiento de esta entidad, en 1892, así como en sus posteriores reformas (en 1912 y 1925), se hizo un fuerte hincapié en el carácter “honorífico” y gratuito de los servicios prestados por sus miembros, con excepción del presidente y del resto de los empleados a quienes se les asignaba un sueldo proveniente de la ley de presupuesto de la provincia.

Un caso particular en Jujuy fue el de las sociedades de beneficencia. Esta entidad tenía participación en la administración de los establecimientos sanitarios del distrito, fenómeno común por entonces en otros puntos del país al igual que las tensiones que surgían habitualmente con las autoridades gubernamentales (Armus y Belmartino, 2001). Sin embargo, aquí estas instituciones no constituyeron factores relevantes de poder pues escasos hospitales estaban a su cargo, siendo además los mismos, ante ciertas irregularidades, intervenidos sin mayores problemas. En este sentido, cabe señalar que el hospital central, el San Roque, se hallaba bajo el control del Consejo de Higiene. Tres hospitales más se erigían en localidades del interior de la provincia, administrados por las sociedades de beneficencia.

Resulta asimismo interesante destacar lo sucedido con los hospitales emplazados en la zona azucarera, sostenidos principalmente con recursos de los grandes ingenios, y por ende con una clara injerencia en su administración a través de las sociedades de beneficencia. Un hecho representativo de ello aconteció con el hospital de la ciudad de San Pedro, próxima al ingenio la Esperanza, propiedad de los hermanos ingleses Leach. Creado a principios del siglo XX, este establecimiento estaba administrado por una sociedad de beneficencia, cuyos miembros, provenían de sectores acaudalados y muy relacionados con los dueños del Ingenio. Cabe acotar además que el funcionamiento de estas entidades se realizaba en un marco donde el poder político de la provincia descansaba en manos de los grandes propietarios del azúcar.

Si bien estas sociedades filantrópicas y los hospitales recibían recursos provinciales, e incluso subvenciones nacionales, la prestación de los servicios sanitarios, como se ha dicho, era muy deficiente. En buena medida ello se debía a la limitada participación presupuestaria del área de salud, especialmente en los años de 1930, luego de la gran crisis económica. Estas dificultades perjudicaban la continuidad y eficacia de ciertas políticas de salud, sobre todo aquellas preventivas, que habían comenzado a implementarse, como las campañas de vacunación, interrumpidas habitualmente por la falta de insumos. Esta situación, como se ha dicho, afectaba principalmente a las localidades del interior de la provincia. Las escasas salas de primeros auxilios que funcionaban en esa zona continuamente padecían aquella insuficiencia y poco podían hacer frente a estos problemas, sumado a la lentitud de las trabas burocráticas que retardaban cualquier solución.¹

El personal, que cumplía sus funciones en aquel complejo contexto, estaba integrado en general por hombres y sus tareas estaban vinculadas a atenciones básicas y actividades preventivas sanitarias. Este era un enfermero, o práctico, que realizaba tareas que requerían de técnicas simples o de seguimientos con supervisión médica y era el que elevaba aquellos reclamos a las autoridades sanitarias de la provincia.²

La presencia femenina en la enfermería, en cambio, era mucho más importante en los establecimientos sanitarios de la ciudad capital, en especial, en el hospital San Roque. La mayoría se dedicaba al cuidado de los enfermos pues, en la época, su rol estuvo marcadamente subordinado al de los médicos y ligado a cuidados que no requerían calificación y a actividades específicas que exigieran contacto con otras mujeres como las realizadas por las parteras. Para la concepción de la época, esta tarea era considerada más como una extensión de lo doméstico y maternal que como una labor basada en procedimientos y conocimientos científicos que era necesario conocer y aprender.³

Por ello, estas enfermeras, al igual que aquellos que desarrollaban su labor en el interior del distrito, tenían una formación eminentemente empírica. Como sucedía en otros puntos del país, no poseían una educación formal y su entrenamiento dependía sobre todo de la práctica cotidiana. En las primeras décadas del siglo, comenzaron los primeros debates y proyectos oficiales en torno al perfeccionamiento de esta actividad. A comienzos de la década de 1930 se estableció un curso de parteras, que devino en posteriores conflictos entre aquellas que desde hacía tiempo desarrollaban esta labor y las nuevas diplomadas (Fleitas, 2011).

Asimismo, para 1937, se instituyó un curso de enfermería y partos, impulsado por el Consejo de Higiene y el hospital central, el cual fue de corta duración debido a las continuas tensiones entre ambas instituciones (Fleitas, 2011). Al año siguiente, por otro lado, iniciaba sus actividades quizás la más importante institución que funcionaría en la región; la Escuela de Nurses dependiente de la compañía Standard Oil en Tartagal, en la provincia de Salta. Su envergadura fue ciertamente notable, pues contaba con un internado, con instructoras norteamericanas especialistas en salud pública y un plan de estudios que seguía los lineamientos del Consejo Internacional de Enfermeras. No obstante, la labor de esta institución y sus egresadas pareció, en estos años, no haber tenido mayor influjo en el distrito jujeño.

De igual modo, en el noroeste diversas entidades oficiales y civiles habían avanzado por entonces en la formación profesional en enfermería. En Tucumán, a partir de la creación de la Universidad Nacional en 1921 comenzó a impulsarse cursos de visitadores de higiene social, para más adelante transformarse en carrera de nurses y visitadoras de salud pública. En la ciudad capital salteña, la filial de la Cruz Roja crearía la Escuela de Enfermería Samaritana (Sierra e Iglesias, 1994). Sin embargo, en relación a esta entidad, Martín (2015) advierte que la misma no pretendía formar enfermeras, sino impartir a las damas jóvenes conocimientos de primeros auxilios y cuidados especiales. Este último organismo, tendría una presencia importante en buena parte del país, como en la región vecina del nordeste, donde en Corrientes por ejemplo se creaba en 1921 una escuela de similares características.

En definitiva, en el período previo al inicio del gobierno peronista, frente al preocupante contexto sanitario de Jujuy podían percibirse ciertos cambios relevantes en dicho ámbito. En forma paulatina, se había avanzado en una reorientación de la labor estatal, desde contenidos defensivos hacia una acción centrada en prácticas preventivas y asistenciales. Junto a los proyectos de reforma administrativa y ampliación de la infraestructura sanitaria, los programas en torno a la profesionalización de la enfermería no estuvieron ausentes. Sin embargo, fue evidente que los mismos no constituyeron una prioridad para el sector conservador, poseedor indiscutible del poder político local. A partir de los primeros años de 1940, una nueva etapa se abría y traería consigo significativas implicancias para el desarrollo de la enfermería en la provincia.

La creación de la Escuela de Enfermería en Jujuy durante el primer peronismo

Luego del golpe militar de 1943, el gobierno de intervención instaurado en Jujuy, en consonancia con los lineamientos emanados del poder central, procuraría implementar sus principales postulados sociales. En este nuevo contexto, cobraría un rol protagónico el grupo radical, en especial de signo yrigoyenista, cuyos miembros ocuparían distintos cargos en aquella administración de facto. Luego del emblemático 17 de octubre, sería precisamente este sector (junto con el laborismo jujeño) el que apoyaría electoralmente a Juan D. Perón, y el que a la postre accedería al gobierno de la provincia en 1946.

El ingeniero Alberto Iturbe, sería elegido gobernador de la provincia, mientras el joven abogado José Humberto Martiarena se haría cargo del ministerio de gobierno. El ámbito de salud dependía de esta última cartera. Por ello, aquel ministro, en uno de sus primeros mensajes, manifestaba la decisión de aumentar su presupuesto en la proporción que sea necesaria en procura de resolver sus principales deficiencias. Igualmente, proponía prestar especial atención a dos figuras sanitarias que se constituirían en partes esenciales de la política que implementaría el nuevo gobierno: médicos y enfermeros.⁴

Así, esta gestión se propuso no solo profundizar la reorganización y centralización del sistema sanitario sino también atender todo lo concerniente a sus principales recursos humanos. No era para menos en un distrito, como se ha dicho, caracterizado no sólo por su escasez sino también, en contrapartida, por la importante presencia de curanderos. Aumentar, entonces, el personal de enfermería y, que el mismo sea calificado, resultaba fundamental en la lucha estatal por hacer llegar a los rincones más alejados del territorio provincial óptimos servicios sanitarios. Para ello, se hacía necesario avanzar prontamente en el proceso de profesionalización de la enfermería.

En la consecución de esta labor, Martiarena sería acompañado por un plantel de técnicos que contribuirían de modo relevante a la creación y funcionamiento de la escuela de enfermería. Como es sabido, desde hacía décadas, los médicos se habían constituido, a nivel provincial y nacional, en una élite sumamente influyente dentro del poder político, ocupando espacios prominentes tanto en las dirigencias políticas como en el aparato burocrático estatal. En Jujuy, esta presencia médica también había sido muy notable desde, por lo menos, principios de siglo. Durante el primer gobierno peronista, muchos de estos profesionales cumplirían así también un rol relevante en la formulación e implementación de las políticas sanitarias.

Sin dudas una de las figuras más destacadas sería Emilio Navea, responsable del organismo que recientemente había reemplazado al Consejo de Higiene; la Dirección Provincial de Sanidad (DPS). Desde su cartera, no solo se ocuparía de profundizar la centralización administrativa sanitaria, iniciada por él mismo diez años atrás (Jerez, 2016), sino que también participaría activamente en la puesta en marcha de la escuela de enfermería. En esta tarea, junto a aquel funcionario, otros profesionales cumplirían asimismo una actividad significativa como miembros tanto del cuerpo directivo como del equipo docente de aquella institución. Entre estos podemos citar a los médicos; Manuel Sánchez de Bustamante, Andrés Zenarruza, Luis Zurueta, Dalmacio Fiad y Néstor M. Sequeiros.

Todos ellos desarrollaban sus funciones en el hospital San Roque y habían desempeñado cargos en distintas dependencias oficiales, como el antiguo Consejo de Higiene, la DPS, el Consejo General de Educación, el Colegio Nacional y, como en el caso de Sequeiros, también habían ocupado una banca en la Legislatura durante los años de 1930. Así, como en otras partes del país, se trataba evidentemente de un cuerpo médico donde la mayoría de sus miembros exhibían una amplia experiencia tanto en el ámbito técnico como político.

Con este acompañamiento, a pocos meses de haber asumido el gobierno peronista, desde el Ministerio de Gobierno se impulsaba el decreto para la creación de la denominada Escuela de Parteras y Enfermeros. Entre sus fundamentos, se subrayaba la ingente necesidad en la provincia de personal con título suficiente y aún de idóneos en materia de obstetricia, primeros auxilios y enfermería. Esta deficiencia, se señalaba, era mayor en la zona rural alejada de los importantes centros urbanos, lo que favorecía que la población continuase recurriendo a los curanderos, y sus prácticas, con todo el riesgo sanitario que esto implicaba. Así, se esgrimía que esta situación:

(…) causa grave perjuicio a la población por cuanto permite que personas sin condiciones ni preparación actúen en forma ostensible o subrepticia con riesgo para la salud y la vida de quienes se ven precisados a ocuparlos. Que el mal enunciado es tanto mayor en la campaña donde el comercio del curanderismo es permanente, mechado de supersticiones y generalmente basado en prácticas antihigiénicas, cuando no reñidas con la moral.⁵

A partir de la creación de esta institución se resaltaba, en cambio, los avances y logros que traería consigo, pues permitiría contar con “auxiliares de la ciencia médica” debidamente capacitados, cuya actuación coadyuvaría a mejorar las condiciones sanitarias de la provincia. Además, sus ventajas redundarían en el alumnado, sobre todo en aquellos provenientes de sectores humildes de la sociedad. Así se afirmaba que el funcionamiento de la escuela de enfermería; “resultará el medio eficaz para corregir la deplorable situación actual, a la par que permitirá la extensión de los beneficios de la educación abriendo nuevos caminos para que muchas personas de modesta condición puedan mejorarla.”⁶

En este punto, resulta interesante señalar como este perfil de los postulantes que se pretendía incorporar a dicho establecimiento, se distanciaba claramente de aquel tradicional arquetipo de estudiantes -vigente en el país desde principios del siglo XX- provenientes de clases acomodadas. De igual modo, en el decreto de creación de aquella institución, no se hacía referencia a “enfermeras” sino a “enfermeros”, rasgo también presente incluso en su denominación. Ello quizás matizaba de algún modo aquel conjunto destinatario de este espacio formativo, al cual la intención oficial aspiraba que concurriesen no solo mujeres sino también varones. Volveremos más adelante sobre esta cuestión.

Con estos propósitos, se crea por decreto del gobierno de la provincia, el 12 de setiembre de 1946, la Escuela de Parteras y Enfermeros, que dependería en cuanto a su organización, funcionamiento y control de la DPS. La nueva entidad funcionaría dentro de las instalaciones del Hospital San Roque, el cual además proporcionaría toda la colaboración necesaria vinculada con la dotación de materiales, instrumental, personal de mantenimiento y demás elementos que se requiriese. Asimismo, también se solicitaba la cooperación del cuerpo médico del nosocomio para lograr una pronta puesta en marcha de la flamante institución.

Con todo, a comienzos del año siguiente, en la mañana del 9 de abril de 1947, se inauguraban oficialmente las actividades de la escuela de enfermería. En dicho acto, que contaría con la presencia del gobernador y vicegobernador de la provincia, Martiarena pondría en posesión de los cargos de directores del hospital San Roque y de la escuela de enfermería a los médicos Andrés Zenarruza y Manuel Sánchez de Bustamante, respectivamente. Luego de los discursos del gobernador y del ministro de gobierno, Emilio Navea tomaría la palabra resaltando el proceso de profesionalización de la enfermería que se iniciaba con la apertura de esta institución:

Esta inauguración significa la superación de una etapa, en la cual la improvisación era la regla, siendo sustituida hoy por un organismo científico, que ofrecerá al cuerpo médico de la provincia, sus inmediatos colaboradores -enfermeros y parteras- adecuadamente preparados para la lucha conjunta contra las enfermedades. La función técnica e idónea en lo concerniente a la sanidad no admite improvisaciones; los problemas de orden sanitario, de vasta repercusión social exigen ser encarados con criterio ajustado a la realidad y a los conocimientos científicos. Es por ello que esta escuela viene a cumplir una necesidad apremiante y necesaria en el medio. (…) Esta escuela trae también para un gran sector de la juventud de Jujuy nuevas posibilidades para sus siempre renovadas inquietudes pues es público y notorio la enorme demanda que existe de enfermeros y parteras.⁷

Estas palabras de Navea, daban cuenta no solo de la etapa de profesionalización de la enfermería que se iniciaba en el ámbito sanitario, en particular, sino también de las ventajas que conllevaría asimismo al campo social de la provincia, en general. En tal sentido, la respuesta del Estado, con la inauguración de esta institución sanitaria, a la importante deficiencia existente en materia de recursos humanos, especialmente, en el interior de la provincia, contribuiría sin dudas a generar a su vez allí nuevas oportunidades laborales. De este modo, fue claro como el sector dirigente con esta iniciativa pretendía tanto mejorar la endeble situación sanitaria del distrito como favorecer la situación social (educativa, económica y laboral) de aquel alumnado.

Funcionamiento, debates, revisión y reorganización de la escuela de enfermería

La escuela de enfermería dependía administrativamente de la DPS, organismo que además había elaborado el reglamento que regía su funcionamiento. El mismo establecía la gratuidad de la enseñanza. El personal directivo, docente y administrativo sería designado por el poder ejecutivo a propuesta de la DPS. A los egresados, una vez concluidas y aprobadas las materias del plan de estudio, se les otorgaba diplomas con el título de “Parteras idóneas” o “Enfermeros”, que llevaban las firmas del ministro de gobierno y de las máximas autoridades de la DPS y de la escuela de enfermería.⁸ Estos títulos eran habilitantes para el ejercicio de aquellas profesiones en la jurisdicción del territorio provincial, a los cuales el gobierno daría prioridad en la provisión de cargos.⁹

Un rasgo distintivo de esta institución estatal, en relación a otras experiencias provinciales durante el período que nos ocupa, residió en su temprana creación. Así, por ejemplo, a nivel regional, la gestión peronista salteña contaba, como se ha dicho, con carreras de enfermería ya existentes, como aquellas creadas por la Cruz Roja en la capital y por la Standard Oil en Tartagal, a las que les brindó un decidido apoyo. En Tucumán, por su parte, el gobierno peronista recién en 1954 inauguraría la Escuela de Enfermería, que reemplazaría la carrera de Nurses y Visitadoras de Salud Pública (Rosales, 2017).

De igual modo, otras particularidades interesantes surgen al centrar la observación en el inicial plan de estudios de la escuela jujeña. A través de este análisis es posible develar cómo a diferencia de las instituciones que funcionaban en Buenos Aires, que poseían un régimen de estudio de tres años,¹⁰ aquí la instrucción se desarrollaría en dos años. El dictado de la carrera comprendía clases teóricas y prácticas, para lo cual, y siguiendo el modelo de Nightingale común en la época, se estableció el régimen de internado dentro del propio hospital San Roque, donde además se les proveía de alimentos y uniformes.

El sistema de internado constituía, por entonces, el modo no sólo de recrear un ambiente de dedicación y concentración para las estudiantes sino también de moralizar e inculcar valores. Permitía vigilar la conducta de las alumnas, haciendo más fácil contribuir a su orientación moral. Favorecían, asimismo, transmitir un sistema de jerarquías, moldeando con rigor disciplinar la personalidad obediente que exigía la vida laboral de la enfermera (Martín, 2015).

Además, en contraste con la experiencia porteña, donde el plantel administrativo-directivo estaba compuesto exclusivamente por mujeres, en Jujuy, ante la ausencia de enfermeras diplomadas, el mismo, al igual que el equipo docente, se hallaba integrado por hombres. Así, los cargos de director y secretario técnico de la escuela de enfermería estuvieron conformados por los médicos Manuel Sánchez de Bustamante y Ramón Puig respectivamente. Por su parte, el cuerpo docente estaba compuesto por los médicos Pablo Moulunny, Julio Linares, Luis Zurueta, Jesús Vidal, junto al director y secretario técnico que también cumplían funciones docentes. Finalmente, como secretarias administrativas fueron designadas Ana Mendoza y Rosa Salomón.

Resulta interesante señalar, como estos últimos cargos, en cambio, sí estuvieron ocupados, al igual que en buena parte del país hacia la mitad del siglo XX, eminentemente por mujeres. Como sostiene Queirolo, durante ese período se evidenció un notorio predominio femenino en puestos tales como de dactilógrafas y secretarias. Ello, en buena medida, hallaba vinculación con la equiparación existente entre los requisitos de cada ocupación y los atributos asignados a la feminidad (prolijidad, orden, delicadeza, disponibilidad, entre otros). De esta manera, la secretaria se constituyó, en aquellos años, en la “mujer doméstica” dentro del ámbito laboral administrativo (Queirolo, 2015).

Entre los requisitos para ser alumnas de esta institución se hallaba el de poseer instrucción hasta el 5° grado de educación primaria y tener entre 17 y 35 años de edad.¹¹ Esta amplia franja etaria estaba vinculada al propósito de obtener una mayor convocatoria de inscriptas, para lo cual también se otorgaron becas (de cerca de $ 40 pesos m/n) a aquellas personas provenientes del interior de la provincia.¹² El monto de este beneficio constituía, en aquellos años, cerca del 25% del salario mensual de un empleado público de mediana jerarquía o de un agente de policía. No obstante, si tenemos en cuenta que en el internado se cubrían los gastos de alojamiento, alimentación y uniformes de los ingresantes, el estipendio resultaba sin duda aceptable, constituyendo un gran apoyo económico para otros gastos (no tan elevados) que pudiesen surgir durante el período lectivo en la ciudad capital.

Una vez egresado el alumnado becado, se le exigiría, en palabras del gobernador, “el solo compromiso de volver a sus lugares de origen donde deberán desempeñarse como parteras y enfermeras con cargos rentados que se les otorgará oportunamente.”¹³ Esta iniciativa oficial, constituyó evidentemente en la provincia un particular modo de pensar un sistema de becas orientado a generar recursos humanos capacitados, cuya labor tendiese a mejorar las endebles condiciones sanitarias existentes en sus localidades de origen. Esta política se asociaba a la actuación de instituciones como la Fundación Rockefeller que, desde los años de 1920, otorgaba becas de capacitación a personal de salud de diversos países latinoamericanos, entre otros propósitos, para que a su regreso pudieran desarrollar funciones en puestos jerárquicos en la administración sanitaria o en el ámbito universitario (Ramacciotti, 2017).

Al momento de la apertura de las clases, la escuela contó con la asistencia de 42 alumnas, de las cuales 28 habían optado por el curso de parteras y 14 el de enfermeras. El aumento de la matrícula fue evidentemente gradual si consideramos que en 1955 el número de inscriptos ascendía a 65.¹⁴ A este grupo se añadían además las parteras y enfermeras que ya se desempeñaban en el hospital San Roque, quienes, según el reglamento de la DPS, para obtener el diploma de la flamante carrera, debían aprobar en exámenes teóricos y prácticos todas las asignaturas de su plan de estudios. En 1949 egresaba la primera promoción conformada por 29 profesionales, 18 parteras y 11 enfermeras (Coletti y Montalvetti, 2010).

Pero esta graduación se producía en un contexto particular. En el plano nacional se desarrollaba el Primer Congreso Argentino de Enfermería en la ciudad de La Plata. Entre sus conclusiones, se reafirmaba la necesidad de atraer mujeres jóvenes al ejercicio de la profesión. Se estipulaba elevar el nivel requerido a los aspirantes, fomentar el perfeccionamiento de los egresados a través de becas para desempeñarse como educadoras sanitarias (Ramacciotti y Valobra, 2010). Asimismo, por entonces, se reformaba la Constitución Nacional que transformaría la Secretaría de Salud Pública en Ministerio de Salud. La lógica de racionalización y planificación de la acción estatal que propugnaba quien se encontraba al frente de ambas instituciones, Ramón Carrillo, contribuiría al aumento de la demanda de enfermeras.

En este clima de debates, modificaciones y cambios administrativos en la esfera sanitaria, en Jujuy la reforma de la Constitución Provincial, también en 1949, coadyuvaría a una nueva reorganización del sistema de salud por parte de Navea, dando origen al año siguiente a la Subsecretaría de Salud Pública (SSP). Este organismo concentraría todas las funciones ejecutivas, consultivas y de fiscalización en todo lo relativo a los servicios sanitarios preventivos, curativos y estadísticos. En este marco, y siguiendo en buena medida los lineamientos nacionales, el gobierno impulsaría asimismo una serie de reformas a la estructura y funcionamiento de la escuela de enfermería.

Así, se iniciaron gestiones para que los títulos expedidos por dicha institución fueran reconocidos a nivel nacional, lo que se logró en 1951, luego de que previamente un asesor de enfermería del Ministerio de Salud Pública de la Nación visitase la provincia e inspeccionara las modificaciones realizadas en su reglamento y plan de estudios. Los fundamentos oficiales de esos cambios se basaban en que las orientaciones modernas en; “el campo de la enseñanza sanitaria, aconsejan la transformación de dicha escuela en sus planes de estudios, en la duración de sus cursos, en las exigencias básicas para afrontar la enseñanza que ella imparte y en el título profesional que otorga.”¹⁵

En febrero de 1950, por decreto del gobierno de la provincia, el establecimiento creado cuatro años antes llevaría en adelante el nombre de Escuela de Auxiliares de la Medicina “Dr. Guillermo C. Paterson”.¹⁶ Su dependencia de la DPS, y luego de la SSP, así como el lugar de su funcionamiento no se trastocaría. Los cambios más salientes se hallaban en el plan de estudios, integrado por asignaturas teóricas y prácticas que se desarrollarían en el lapso de tres años. Una vez aprobadas las mismas, se otorgarían diplomas oficiales con el título ahora de Auxiliar de la Medicina, con indicación de su correspondiente especialización. De acuerdo a estos cambios, solo hasta el año siguiente se dictaría el curso de parteras.

De igual modo, entre los requisitos para ingresar a la institución se exigía poseer completo hasta el 6° grado de educación primaria, tener entre 17 y 32 años de edad y ser soltera o viuda sin hijos. Esto último, como bien señalan Ramacciotti y Valobra (2010), estaba asociado a la concepción de la época acerca de que la mujer en aquella condición civil podía canalizar su “instinto maternal” de cuidado hacia la atención de los enfermos. Por el contrario, las que eran madres no podrían cumplir satisfactoriamente con su rol profesional, pues sus tareas domésticas serían incompatibles con los horarios y turnos de la práctica de la enfermería.

Otra novedad residía en el incremento del número de asignaturas de la carrera de enfermería. Si inicialmente la misma contaba con 3 materias por cada uno de los dos años, la nueva reglamentación estipulaba el cursado de 6 materias en primer año, 4 en el segundo y 5 en el tercero. Los contenidos de las mismas estaban centrados en dos grandes órdenes, por un lado, los relativos a temas médicos, en consonancia con los programas impulsados por el Ministerio de Salud, sin incurrir en asuntos políticos como acontecía en la escuela de la Fundación Eva Perón. Y, por otro lado, aquellos referidos a la higiene y al orden general dentro de las salas y habitaciones hospitalarias. Al respecto, una de las materias que se repetía en los dos primeros años de cursado era Arte de la Enfermería, la que poseía un alto contenido normativo, ético y de nociones prácticas específicas de la profesión.

Mientras en la escuela de Buenos Aires buena parte de las asignaturas de la carrera era impartida por enfermeras, aquí prácticamente la totalidad de las materias seguían siendo dictadas por médicos varones.¹⁷ No obstante, esta situación muy pronto se modificaría. La mujer progresivamente empezaría a ocupar ciertos espacios dentro del cuerpo docente y directivo, logrando una paulatina inclusión dentro de estos ámbitos. Así, en primer lugar, se produciría, al poco tiempo de implementarse el nuevo reglamento de la escuela, la incorporación al plantel docente de la médica obstetra Josefina Scaro. Esta profesional, no solo era una de las primeras mujeres en conseguir aquel título y especialidad en la provincia, sino que, luego de la experiencia peronista, en 1958 llegaría a ocupar el cargo de directora de la escuela de enfermería, rompiendo con la tradición masculina en ese puesto existente desde la creación de la institución.

Josefina Scaro había nacido en 1918 y pertenecía a una familia jujeña de clase media acomodada. Por su condición de mujer le costó ingresar a la carrera de medicina, luego de intentos frustrados de que aceptarán su inscripción en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de Buenos Aires, finalmente pudo lograrlo en la Universidad Nacional de La Plata. Allí obtuvo el título de médica general en 1947, para luego realizar una especialización en ginecología y obstetricia que culminaría dos años después. Hacia 1950 regresaba a su provincia natal donde al poco tiempo se sumaba al plantel médico del hospital San Roque, donde participaría activamente organizando el servicio de maternidad, incorporándose luego como docente a la escuela de enfermería. Pero este caso no sería el único.

En efecto, hacia finales del gobierno peronista, una de las primeras egresadas de la escuela de enfermería sería incorporada así también como docente; se trataba de Isabel Pereyra. Ya a partir de 1952, desde Buenos Aires, eran enviadas periódicamente para cubrir las asignaturas específicas de enfermería, las instructoras Isabel Rodríguez y luego Carmen Rodríguez. Pero ante los avances en la profesionalización de la carrera, se hacía imprescindible una instructora permanente en la institución para la orientación de los alumnos. Con este propósito, fue designada la enfermera Pereyra para realizar un curso de capacitación acelerado para instructores en la Escuela de Salud Pública de la Nación que funcionaba en el hospital San Martín de Capital Federal.

Aunque contamos con muy pocas fuentes referentes a la trayectoria de Isabel Pereyra, podemos inferir su posible parentesco con Elena Pereyra, subdelegada censista del Partido Peronista por el departamento de Ledesma entre 1950 y 1952 y luego diputada provincial para el período 1952-1956. Así es dable suponer que esta relación familiar y política contribuyó a la selección de Isabel, entre otras egresadas, para realizar su perfeccionamiento y luego poder desempeñarse como docente en la escuela de enfermería. Lo cierto es que a su regreso se desempeñaría como instructora del establecimiento jujeño, teniendo una labor destacada en los años subsiguientes, llegando así también a ocupar el cargo de directora a mediados de la década de 1970.

Con todo, otros cambios también signarían la vida dentro de la institución educativa durante el período que nos ocupa. Entre estos se destacaría la incorporación, a diferencia de otras experiencias a nivel nacional, de alumnos varones a la institución sanitaria. Así en 1950, el gobierno provincial autorizaba a Contaduría General el pago a un grupo de cerca de 50 becados en la escuela, la mayoría alumnas, pero entre los que se hallaban Jesús Melgar y Benito Romero.¹⁸ Pese a que no fue significativo su número, esta presencia masculina tal vez matizaría en el distrito jujeño el carácter exclusivamente femenino que en la época caracterizaba a aquella profesión.¹⁹

Luego de esta importante reorganización, los vaivenes políticos acontecidos, sobre todo, a partir de 1950, parecieron no afectar significativamente el funcionamiento de la escuela de enfermería. En efecto, por entonces, Martiarena dejaba su cargo ministerial, alejándose de toda función pública, develando, con este distanciamiento, ciertas disidencias existentes al interior del peronismo local. Asimismo, dos años después, Navea abandonaba la dirección de la DPS para asumir como vicegobernador en el segundo período de la administración justicialista en la provincia.

En este marco, la institución educativa sanitaria también experimentaría cambios, especialmente, en su cúpula directiva, sucediéndose, entre 1951 y 1955, tres directores.²⁰ No obstante, esto pareció no influir en la actividad de un establecimiento educativo sanitario, que continuaría transformándose y creciendo pese a las difíciles coyunturas, especialmente, políticas que años después sobrevendrían. Todo ello evidentemente daba cuenta, por un lado, de la escasa politización de aquella institución, y por otro, de su significativa labor desarrollada, pese a los pocos años de funcionamiento, en una provincia aún con múltiples deficiencias en el ámbito sanitario.

Reflexiones finales

En un contexto sanitario crítico que presentaba el distrito jujeño, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, tuvieron lugar ciertas experiencias de capacitación en la provincia con limitados logros, producto sobre todo de su breve duración. Con el advenimiento del gobierno peronista se producirían en el proceso de profesionalización de la enfermería significativos cambios y permanencias. Entre estas últimas, sin dudas el Estado nuevamente asumía su rol como responsable de la formación de enfermeras, pero en lugar de cursos cortos, esporádicos y dispersos, impulsaría la creación de una carrera profesional concreta.

Las implicancias y cambios que conllevaría esta iniciativa oficial ciertamente serían mucho más importantes y notables. En este sentido, Jujuy no contaba con antecedentes relevantes en la apertura de instituciones educativas afines a la enfermería. Tampoco poseía en su territorio una Universidad Nacional, entidades civiles o grandes empresas privadas interesadas en solventarlas y respaldarlas, como había acontecido en otros puntos de la región. Pese a ello, su gobierno, a los pocos meses de iniciada la experiencia peronista, fue uno de los primeros en impulsar la creación de una escuela de enfermería bajo la órbita estatal.

En un preocupante escenario sanitario, el inicial reglamento de dicha institución pareció estar orientado, en una primera etapa, principalmente a obtener un número importante de inscriptos. Ello quedó patente en la amplia franja etaria solicitada a las postulantes, al igual que en la duración y el reducido número de asignaturas de la carrera. Luego, en un clima de discusiones y revisiones de la enseñanza de la enfermería como de reordenamientos administrativos en la esfera sanitaria, se elaboró una nueva reglamentación. La misma, siguiendo lineamientos nacionales en la materia, propugnó cambios centrados en ahondar en la profesionalización de la carrera, aumentando, por ejemplo, los años de cursado, así como las materias impartidas, modificando a su vez el nombre de la carrera y el título del egresado

El alumnado de la escuela estaba conformado por un grupo de jóvenes de la ciudad capital y muchos provenientes de diferentes localidades del interior de la provincia. Estos últimos fueron becados con el propósito de que, una vez egresados, retornasen a sus lugares de origen. Allí la activa labor constructiva estatal, levantando diversos hospitales y salas de primeros auxilios, hacia sumamente necesaria su presencia y labor. Ello contribuyó a que las autoridades aceptasen estudiantes varones en la escuela, cuyo reglamento por otro lado nunca lo prohibió. Por último, y en relación a sus egresados, el número de alumnos que integró aquella primera promoción, auguró en las autoridades alentadoras expectativas sobre la carrera y su tarea de generar profesionales que empezaran a cubrir la demanda existente en la provincia.²¹

Otra particularidad del caso jujeño residió en el perfil que en un primer momento exhibió el cuerpo docente y directivo, el cual, en contraste a lo acontecido en otros espacios provinciales, estuvo caracterizado por un personal predominante masculino. La mayoría de estos puestos, ante la falta de enfermeras diplomadas, fue ocupado exclusivamente por miembros del cuerpo médico perteneciente al hospital central. Recién a comienzos de los años de 1950 comenzaría a producirse un proceso de inclusión de mujeres profesionales (tanto médicas como enfermeras) que no se detendría, ocupando inicialmente cargos docentes y llegando luego hacia el final de la década a desempeñar funciones en la dirección de la institución.²²

De este modo, aunque a partir de este trabajo quedan varios interrogantes por responder y nuevos elementos por profundizar, creemos haber avanzado sobre cómo, en un distrito alejado de la región central del país, tuvieron lugar significativos cambios en el proceso de profesionalización de la enfermería. Fenómeno ciertamente interesante y complejo, no sólo por las características sanitarias de la provincia y la región, sino también por las implicancias que conllevaría para la mujer en una sociedad como la jujeña, en muchos aspectos, aún tradicional y conservadora. El peronismo así habría sentado sólidas bases para el desarrollo de la enfermería, carrera donde aquellas mujeres, como en otros ámbitos, disputarían, ente otras demandas, reconocimiento profesional y espacios laborales en los años subsiguientes.

Referencias

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Notas