El 6 de mayo de 2009 un proyecto de ley sobre memoria fue propuesto por primera vez en la Duma (el parlamento ruso) por un grupo de diputados de la Rusia Unida, el partido en el poder. El proyecto contemplaba una modificación al código penal destinada a reprimir cualquier presentación falsa de las decisiones del tribunal de Núremberg con el objetivo de rehabilitar el nazismo, como también cualquier intento de declarar como criminales a las acciones de los miembros de la coalición antihitlerista. Las sanciones previstas eran una multa de 300.000 rublos (7.000 euros) o una pena de tres años de cárcel o, si estos delitos fueron cometidos por una persona con alguna posición pública o a través de los medios de comunicación, la multa sería de 500.000 rublos o una pena de cinco años de reclusión.²

La idea de introducir una ley para proteger la memoria de los soldados soviéticos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial se remonta a la oposición ruso-estonia de abril de 2007 a propósito del traslado del monumento de bronce del “desconocido soldado soviético” del centro de Tallin a un cementerio militar. La opinión pública rusa reaccionó a este traslado de una manera extremadamente brutal, tanto más porque las imágenes de los desfiles de los ex combatientes estones de las SS habían sido ampliamente difundidas por la televisión rusa. Éstos últimos años han sido testigos de intensos conflictos de memoria entre Rusia y ciertos países de la Europa del Este como Ucrania, Polonia y los Países Bálticos. Cualquier crítica a la URSS en relación con el pacto germano-soviético de agosto de 1939, que la habría hecho compartir con la Alemania nazi las responsabilidades por el estallido de las Segunda Guerra Mundial, o por haber liberado a Europa oriental del yugo del nazismo solo para sustituirlo por otro régimen totalitario, se percibe cada vez más como una ofensa a la dignidad nacional.

En la década del 2000, la Gran Guerra Patriótica (nombre con el que se designa en Rusia a la Segunda Guerra Mundial) se transformó en un verdadero mito de los orígenes de la Rusia postsoviética. Según una reciente encuesta, la gran mayoría de los rusos está de acuerdo con que la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi fue el acontecimiento más grande de la historia del siglo XX. Aunque la historiografía reciente presenta un escenario de la guerra mucho más contrastante con relación a su imagen heroica convencional,³ esto no impide que este mito, sostenido por la propaganda estatal, siga conquistando a la opinión rusa. Actualmente, como en los días del poder soviético, la memoria de la guerra, traumática y gloriosa al mismo tiempo,⁴ sirve para eclipsar otra memoria, la del terror estalinista, y para convencer a los rusos del papel positivo del Estado en la historia nacional. Según la expresión de la historiadora rusa Dina Khapaeva, esta memoria funciona como un verdadero “mito de barrera” (Khapaeva, 2007).

La historia siempre fue utilizada por el régimen comunista como instrumento de legitimación. Por lo tanto, no es sorprendente que en el tiempo de la perestroika la deslegitimación de este régimen también se haya producido en el campo de la historia (Ferro, 1985; Khapaeva y Koposov 1992). A principios de los años 90 del siglo pasado, la concepción neo estalinista de la historia parecía por completo superada. A pesar de una dispersa simpatía por Stalin hacia la mitad de los años 90, la opinión más difundida en la sociedad rusa era la de “considerar que el pasado pertenencia al pasado”. A medida que las penurias del periodo de Yeltsin dieron paso a la prosperidad relativa de los años de Putin, la sociedad pos-soviética se ha mostrado más indulgente hacia su propio pasado. Ésta se ha fijado en su presunto lado heroico, sin reflexionar sobre sus aspectos trágicos, de los que, por cierto, es perfectamente consciente.⁵

Esto se inscribe en el proceso de revalorización masiva del pasado nacional, en particular del legado soviético, que se puso en marcha en Rusia desde principios de la década del 2000. El mito del pstico de la Rusia del rdad con relaciaricipios ovietico,sobre sus aspectos trsoviestalinista, y para convencer a los rusos del pueblo inocente y glorioso aparece en el centro de las representaciones colectivas que han hecho posible esta revaluación.⁶ El sentimiento de inferioridad con relación a Occidente, característico de la Rusia del último decenio comunista y del periodo de las reformas democráticas, ha sido actualmente suplantando por el “amor a la patria”, una patria que el fuerte aumento de los precios del petróleo ha hecho más atractiva que nunca.

El gobierno no ha fallado en explotar y reforzar este estado de ánimo. Aunque acepta una crítica moderada al estalinismo, ha concentrado sus esfuerzos en la glorificación del Estado, bien sea que se trate del imperio de los Romanov, o del régimen comunista. En la medida en que la guerra de 1941-1945 pueda considerarse tanto como un triunfo del Estado y como una acción heroica del pueblo, su memoria sirve como lugar de encuentro privilegiado entre la ideología estalinista y el orgullo nacional.⁷

Fue en estas condiciones que el poder, al comienzo de la década del 2000, empezó a manifestar su interés en la historia al intervenir en el contenido de los libros de texto escolares,⁸ que prácticamente no habían tenido ninguna injerencia estatal durante la década anterior. Sin embargo, fue necesario esperar el 60 aniversario de la victoria sobre el nazismo, celebrada con gran pompa en 2005, para que tomara forma una verdadera “política de la memoria”. En 2006, el presidente Putin, aprovechando un encuentro con profesores de historia, atacó violentamente a los “falsificadores del pasado”, subvencionados, evidentemente, por fundaciones extranjeras. En aquella ocasión declaró que a partir de ese momento el Estado se aseguraría de que los libros de texto fueran preparados de manera “objetiva”. Cuando se publicó el primero de estos libros de texto, lo que afirmó Filippov, miembro de un grupo de expertos [think tank] pro-gobierno, el “Estado fuerte” era representado como un dato primordial de la historia rusa (Filippov, 2007). A pesar de una ola de protestas desde las filas de los historiadores profesionales, los libros de texto fueron aprobados por el Ministerio de Educación e impresos cientos de miles de ejemplares. Si el intento de tomar el control de la enseñanza de la historia por parte del gobierno es aquí evidente, no es seguro que los profesores hayan aplicado los preceptos: al parecer, esto les importa poco.

Con una intervención paralela se creó toda una industria televisiva de documentales y de películas de ficción con vocación histórica, destinada a alimentar el imaginario ruso con la epopeya del pasado soviético. La banalización del terror estalinista y la heroización del ejército, de la policía y de los servicios secretos son dos de los temas principales de esta historia trasmitida por la televisión.

Para completar el cuadro, vale la pena recordar dos episodios ocurridos en diciembre de 2008, mes en que se inauguró en Moscú, bajo el auspicio de la ONG rusa Memorial, un congreso internacional sobre la historia del estalinismo:

1. 1. La incautación, por parte de la policía, de los discos duros de las computadoras de estas ONG en su oficina de San Petersburgo, con el pretexto de efectuar una investigación en contra del extremismo; algunos meses más tarde, al final de un proceso, el registro fue declarado ilegal y los discos duros fueron devueltos a Memorial.


2. 2. Casi simultáneamente un ideólogo del régimen, Gleb Pavlovsky, publicó un artículo que acusaba a Memorial de ser la responsable del estado deplorable de la memoria nacional (Pavlovskiy, 2008). Según él, Memorial, en lugar de organizar debates públicos con el objeto de llegar a un consenso nacional sobre el pasado soviético, se limitaba a formular una versión parcial y exclusivamente negativa de ese pasado. Sosteniendo que, después de la muerte de las ideologías tradicionales, la política de la memoria era la única forma concebible de política, Pavlovsky, distorsionando una reflexión de Pierre Norá –pero sin citarlo-, ponía en evidencia las profunda razones del interés del régimen por la historia.

Es en este contexto que se llevó a cabo una campaña de propaganda a favor de las leyes sobre memoria. En febrero de 2009 el Ministro de Situaciones de Emergencia, Sergeï Choïgou, un dirigente de Rusia Unida, anunció en una reunión de excombatientes la intención de redactar una ley destinada a contrastar el revisionismo histórico sobre la Gran Guerra Patriótica, pero sin precisar que la ley ya estaba en preparación. Al día siguiente, el procurador general Yuri Tchaïka se expresó públicamente a favor de la ley. Poco después, Rusia Unida anunció que se estaba discutiendo una ley destinada a reprimir la negación del papel decisivo del pueblo soviético en la victoria sobre la Alemania Nazi. Sin embargo, los medios de comunicación informaron de algunos rumores, según los cuales el partido de gobierno estaba dividido con respecto a esta ley. No obstante, hacia finales de abril, las dudas aparentemente quedaron esclarecidas, ya que los representantes de Rusia Unida declararon que el proyecto de ley estaba listo y que buscarían su aprobación antes del 9 de mayo, aniversario de la victoria Rusa sobre el nazismo.

El 20 de abril el proyecto de ley se publicó sobre el sitio web de Regnum en una forma mucho más larga que la presentada en la Duma. Regulaba dos medidas relacionadas: en primer lugar, la creación de un tribunal civil encargado de la preservación de la memoria nacional, de la elaboración de una “política de la memoria”, de la identificación de los casos de “justificación del nazismo” y de la creación de programas que combatan estos; en segundo lugar, la modificación del código penal, con el fin de que los autores de los delitos descritos puedan ser condenados a tres o cinco años de prisión. El tribunal civil estaría constituido por un tercio de miembros designados por el presidente de la República, por un tercio de miembros de la Duma y por un tercio de la Cámara civil, de modo que el presidente no tuviera el control completo ni de su composición ni de sus actividades.

Lo extravagante de este largo proyecto de ley es que el mismo establece que no solo los ciudadanos rusos, sino también los de los nuevos Estados independientes que formaron parte de la URSS desde el 22 de junio de 1941, estarían sujetos a la ley, por la única razón de la que la Rusia actual es la heredera legal de la URSS. El proyecto de ley también establece una serie de acciones en contra de estos nuevos Estados, en caso de que se los declare culpables del delito de “rehabilitación del nazismo”, lo que va desde sanciones económicas hasta la interrupción de las relaciones diplomáticas. Sólo las intervenciones militares fueron, afortunadamente, declaradas inapropiadas. La ironía de la historia es que la frontera de la URSS del 22 de junio de 1941, a la que se refiere el proyecto de ley, se fijó de común acuerdo con la Alemania nazi, antes de ser declarada ilegal por la Unión Soviética en julio de 1941, en el momento de la formación de la coalición anti-Hitlerista.

En general, el proyecto de ley se presentó como una respuesta a una agresión externa, ya que su propio título hacía referencia a los intentos de “rehabilitación del nazismo en los nuevos Estados independientes en el territorio de la antigua Unión Soviética”. El texto agrega, además, que la expresión de opiniones personales, así como la actividad científica, si no apuntan a la rehabilitación del nazismo, no serían castigados por la nueva ley. Sin embargo, precisa que los organismos de investigación estarían sometidos a los efectos de esta ley.

No se conoce con certeza la identidad del autor de esta ley. Los medios de comunicación plantearon la hipótesis de que el proyecto fue preparado por un grupo de trabajo constituido en diciembre de 2008 y dirigido por el vicepresidente del comité de la Duma para los asuntos de la Comunidad de los Estados independientes, Konstantin Zatulin. De cualquier manera, el proyecto se discutió efectivamente en una reunión celebrada en la Duma para la presidencia del propio Zatulin.

Al parecer, Rusia Unida prefirió finalmente no presentar oficialmente este proyecto de ley a la Duma, probablemente debido a los obvios absurdos que contenía. Sin embargo, dos semanas después de su publicación los eventos tomaron un curso diferente. El 6 de mayo, la modificación del código penal (mencionada al principio del artículo) fue propuesta oficialmente ante el parlamento. Al día siguiente, el presidente Dmitri Medvédev publicó en su blog, con ocasión del 9 de mayo, un mensaje-video en el que declaraba que las falsificaciones de la historia rusa se habían vuelto cada vez más agresivas y que era necesario enfrentarlas. “No permitiremos que nadie arroje dudas sobre la proeza de nuestro pueblo”, escribió (Medvédev, 07.05.2009). Esta no fue la primera vez que Medvédev se opuso a las “falsificaciones de la historia”. El 27 de enero, en una reunión del Comité para la Victoria (el encargado de preparar los aniversarios de la victoria sobre el nazismo), el presidente ya se había expresado en el mismo sentido. La diferencia era que, esta vez, su discurso fue seguido por un decreto, firmado el 15 de mayo, que establecía “una comisión de la presidencia encomendada a ponerle fin a los intentos de falsificación de la historia en detrimento de Rusia” (Medvédev, 15.05.2009).

Las funciones de esta comisión son muy similares a las del “tribunal civil” en el proyecto de ley original, aunque su composición es distinta. Nombrada por el Presidente con la tarea de asesorarlo sobre la política de memoria y sobre los casos de falsificación de la historia, la comisión está compuesta por 28 miembros y dirigida por el jefe de la administración presidencial, Sergeï Narychkin. Sólo cuenta con tres historiadores, que en este caso son los representantes oficiales de la profesión en el poder: el director del Instituto de Historia Universal de la Academia de las Ciencias, Alexandr Tchoubarian (relativamente liberal), el director del Instituto de Historia de Rusia, Andreï Sakharov (un nacionalista extremo, al punto de estar marginado dentro de la profesión), y el director del Archivo Nacional, Vladimir Kozlov. Dos miembros de la comisión, que podríamos definir como “intelectuales públicos”, historiadores de formación: la nacionalista Natalia Narochnitskaya y el periodista liberal Nikolai Svanidze. Los otros miembros son los viceministros de Exteriores, Defensa, Educación y Cultura, como también representantes de los servicios secretos y de algunos comités del Parlamento. Por otro lado, se admitió que los historiadores de oficio podrían participar en los grupos de trabajo que la comisión crearía.

Parece que la opinión pública ha sido favorable a la idea de una ley sobre la memoria. Según una encuesta realizada en mayo de 2009, el 60% de los rusos la apoya, mientras que sólo el 26% dice declararse hostil. Esto no es sorprendente dado el rol político que desempeña el mito de la Gran Guerra Patriótica en Rusia. No obstante, varios expertos, entre ellos historiadores de oficio, han criticado públicamente el decreto y la ley, ya que afecta la libertad de expresión y de investigación y porque es extremadamente difícil definir qué es la verdad histórica y dónde inicia la falsificación deliberada. Una petición promovida por un grupo de historiadores y de intelectuales de San Petersburgo protestaron contra cualquier intento de introducir en Rusia una legislación sobre memoria. Pierre Nora, en nombre de la asociación Liberté pour l’histoire, expresó su solidaridad con esta petición. Por su parte, Armita Jones, directora ejecutiva de la American Historical Association (AHA), dirigió una carta al presidente Medvedev en la que se pronuncia en contra de cualquier intervención del Estado en la definición de la verdad histórica, trátese de Rusia o de cualquier otro país. Asimismo, William Taubman, presidente de la American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS), en una carta dirigida al presidente ruso expresó la solidaridad de esta asociación con la posición de la AHA. Un grupo de historiadores italianos también tomó una posición a favor de la libertad de investigación histórica en Rusia.⁹

Por supuesto, éstas protestas no pudieron impedir que la Duma aprobara el proyecto de ley. La intención original de los autores del proyecto era que fuese aprobado antes de las vacaciones de verano, pero no tuvieron éxito. Aunque las batallas de la memoria se reanudaron con fuerza en julio y agosto, suscitadas, esta vez, por el 70º aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, reunida en Vilna [Lituania] del 29 de junio al 3 de julio de 2009, condenó, en una misma resolución, al nazismo y al estalinismo.¹⁰ En respuesta a la “Declaración de Vilna”, el parlamento ruso hizo pública su condena de cualquier intento de equiparar al nazismo con el comunismo. La declaración de la Duma acusó a los parlamentarios europeos de querer “revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial” (Duma, 07.07.2009). Estas ideas fueron desarrolladas por el presidente del Consejo de la Federación (la cámara alta del parlamento ruso), Sergeï Mironov, quien publicó un artículo donde denunciaba las “falsificaciones de la historia”, consideradas como “un peligro para la seguridad nacional” de Rusia. Al igual que otros defensores de las leyes sobre memoria, también Mironov afirmaba que la mayor parte de los nuevos Estados independientes que emergieron de la antigua Unión Soviética desarrollaron una política de memoria extremadamente agresiva hacia Rusia, y que una “respuesta adecuada” por parte de ésta última era urgente. En cuanto a la responsabilidad por el estallido de la guerra, sostenía que ésta pertenecía a todos los países que habían intentado negociar con Hitler y que, por tanto, el pacto Ribbentrop-Molotov no podía considerarse como el único caso de complicidad con el nazismo. En fin, justificando la creación de la comisión presidencial, Mironov afirmaba que la libertad de expresión y de investigación no se vería, en ningún caso afectada y que, por el contrario, la comisión propondría una estrategia que estimulara la investigación histórica “objetiva” (Mironov, 2009).

La comisión, cuya primera reunión fue el 28 de agosto de 2009, trató de presentar sus objetivos de manera similar. Los medios de comunicación anunciaron que la discusión de ésta tenía que ver con la apertura de archivos, la organización de la investigación y la enseñanza de la historia. Casi simultáneamente, se publicaron dos colecciones de documentos inéditos, que se referían, respectivamente, a la política exterior de Polonia y de los Países Bálticos antes de la guerra (Sekrety polskoi politiki: sbornik dokumentov, 1935-1945, 2011). Estos documentos, provenientes en su mayoría de los archivos de los servicios secretos, demostraban, en particular, que la Unión Soviética no tuvo otra alternativa que concluir el pacto del 23 de agosto. Paralelamente, en una transmisión televisada el público ruso fue “informado” sobre el papel negativo que, según éstos mismos documentos, Polonia habría desempeñado en el estallido de la guerra.

Los eventos de fines de agosto marcaron el punto álgido de la campaña sobre memoria, misma que se desaceleró abruptamente en septiembre. Mientras tanto, se produjo un cambio importante en la política exterior rusa. En julio, la reunión entre el presidente Medvedev y Barack Obama inauguró un cierto acercamiento entre Rusia y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, también las relaciones con Polonia mejoraron. Fue en este contexto en el que el gobierno ruso emitió una opinión desfavorable del proyecto de ley sobre memoria. No obstante, la carta oficial del gobierno, fechada el 29 de julio, permaneció desconocida para los periodistas hasta el siguiente enero.

La “distensión” en la “guerra de la memoria” entre Rusia y Polonia comenzó el 30 de agosto de 2009, cuando Vladimir Putin, durante su visita a Polonia con motivo del septuagésimo aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, publicó En la “Gaceta Wyborca” un artículo sobre la política de la historia. Su tono pacífico contrastaba con el artículo ya citado de Sergeï Mironov. Putin, a su vez, repitió que cada país tiene su parte de responsabilidad por los crímenes del pasado, pero también condenó los del estalinismo. Según Putin, Rusia y Polonia deben conservar la memoria trágica de su historia, pero al mismo tiempo deben dejar que el pasado pase (Putin, 2009).

Poco después, el 30 de octubre, día nacional de conmemoración de las víctimas de las represiones políticas, el presidente Medvedev denunció, de manera mucho más radical, los crímenes estalinistas. Por un lado, el presidente puso en pie de igualdad la importancia y el carácter “sagrado” de la memoria de las víctimas de la represión y, por el otro, la memoria de las hazañas del pueblo ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Aún más, se expresó contrario a los intentos actuales de rehabilitar a Stalin en nombre de la supuesta eficacia de su forma de gobernar. Medvedev recordó que ninguna racionalidad política podía justificar el sufrimiento de la gente y que se debía luchar en contra de cualquier falsificación de la historia (Medvedev, 30.10.2009).

Este discurso desmiente todo lo que los dirigentes del Estado, incluido el propio Medvedev, continuaron apoyando después de la llegada de Vladimir Putin al poder en el 2000. Algunos comentaristas sostenían que Medvedev había intentado distanciarse de Putin y elaborar una “plataforma” ideológica más liberal y una política de la memoria más equilibrada. En cualquier caso, en lo que respecta al proyecto de ley sobre la memoria se hizo evidente que la situación política le era desfavorable. Fue entonces cuando la opinión negativa del gobierno sobre el proyecto de ley finalmente atrajo la atención de los periodistas.

Debe recordarse que el proyecto contemplaba una modificación del código penal para reprimir, en particular, cualquier intento de “declarar criminales las acciones emprendidas por los países miembros de la coalición anti-Hitlerista”. Según la lectura del gobierno, la expresión “declarar criminal” no es suficientemente clara, y no lo es ni siquiera la naturaleza de las “acciones tomadas por los países miembros de la coalición anti-Hitlerista”. El gobierno declaró que debido a esta falta de claridad no apoyaba el proyecto, al tiempo que reafirmaba la necesidad de proteger la memoria de la guerra de posibles ataques.¹¹

El 14 de enero de 2010, el diario “Vedomosti” anunció la noticia de esta opinión negativa, tomada luego por varios medios: la lucha contra las falsificaciones de la historia no tuvo éxito.¹² La publicación de la carta del gobierno puede explicarse por el contexto de la preparación del sexagésimo quinto aniversario de la victoria. El 22 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergueï Lavrov, declaró a la prensa que los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes habían sido invitados a la celebración y que los dirigentes militares de estos países estaban discutiendo la posible participación de sus tropas en el desfile. Es probable que, en aquel momento, el gobierno intentara evitar una situación en la que Rusia pudiera verse aislada diplomáticamente en el momento de la celebración del 65 aniversario. De ahí la decisión de distanciarse públicamente de los autores del proyecto de ley. Sin embargo, el proyecto no ha sido abandonado. En cambio, sus autores se pusieron a trabajar para presentar una nueva versión revisada teniendo en cuenta las críticas formuladas por el gobierno.

El 16 de abril de 2010, la nueva versión fue presentada a la Duma por el mismo grupo de diputados. El proyecto, revisado a la luz de las críticas formuladas por el gobierno, que lo rechazó por falta de claridad, no se hizo mucho más claro. En lugar de indicar con precisión la naturaleza de las afirmaciones en el campo histórico que se proponían reprimir, los autores del proyecto se refugiaron detrás del veredicto del tribunal de Núremberg. Ahora el proyecto se limita a estipular que: “La negación o aprobación de los crímenes nazis contra la paz y la seguridad de la humanidad, establecidos por el veredicto del tribunal de Núremberg, se castigarían con una de las siguientes penas: multa de 300,000 rublos o tres años de prisión”.¹³

Este texto lacónico da lugar a diversas reflexiones. En primer lugar, el veredicto de Núremberg es de acceso bastante difícil, por no mencionar el hecho de que es largo y complejo. Por lo tanto, incluso con su edición rusa, los ciudadanos comunes, que no son ni juristas ni historiadores, pueden tener dificultades para entenderlo. Además, no está especificado, en ninguna parte, sobre la base de las normas jurídicas, que los ciudadanos deban conocer este veredicto.Entonces, en este caso, ¿cómo puede castigárseles por la negación de crímenes establecidos sobre la base de un documento que tienen el derecho de no conocer?

Se tiene la impresión de que los autores del proyecto no consultaron el documento en el que se basan. Si lo hubieran hecho, seguramente se habrían dado cuenta de que la referencia al veredicto no resuelve su problema, que consiste en justificar la política de la URSS contra las tres acusaciones formuladas en su contra con respecto a su participación en la Segunda Guerra Mundial. Estas acusaciones son: estar involucrada en el desencadenamiento de la guerra, los crímenes militares cometidos por el Ejército Rojo y el haber instaurado regímenes títeres en las “democracias populares” en Europa del Este.

Sobre todo, la referencia al veredicto se formula en el proyecto de una manera extremadamente torpe. Uno de los principales méritos del Tribunal de Núremberg es el de haber establecido una clasificación clara e inequívoca de los crímenes de los líderes nazis.Esta clasificación se ha convertido en uno de los fundamentos del derecho internacional, que incluye tres categorías principales: “crímenes contra la paz” (que son “la dirección, la preparación, el desencadenamiento o la continuación de una guerra de agresión”); “Crímenes de guerra” (“violación de las leyes y costumbres de la guerra”); “Crímenes de lesa humanidad” (exterminio de poblaciones civiles y “persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos”).¹⁴

¿Cómo relacionar la terminología del proyecto de ley con esta clasificación? ¿Qué quieren decir los autores con “crímenes contra la seguridad de la humanidad”? ¿Son estos crímenes comparables con los crímenes contra la paz o los crímenes contra la humanidad? En el primer caso, es evidente que la ley no prevé, por ejemplo, ningún castigo por la negación del Holocausto. ¿Quién tendrá que decir cuáles fueron las intenciones del legislador cuando no cumplió con la obligación de formular sus ideas con precisión? Además, los crímenes militares de los nazis ni siquiera se mencionan en el proyecto, por lo que los “falsificadores de la historia” pueden seguir negándolos sin correr riesgos.

El legislador no pareció tener mucho cuidado con lo que la ley, una vez adoptada, permitirá o no prohibirá. De las tres acusaciones en contra de la Unión Soviética mencionadas anteriormente, el proyecto se refiere solo a una. Vale recordar que el primer proyecto prohibía “las acusaciones destinadas a calificar como criminal cualquier acción emprendida por un Estado miembro de la coalición antihitlerista”. Esta formulación permitía, bien o mal, ofrecer una protección jurídica al Ejército Rojo y su conquista de Europa del Este. Pero fue precisamente esta formulación la que el gobierno consideró imprecisa. De hecho, esta podría haber sido interpretada como un intento de justificar las represiones estalinistas. Los autores del nuevo proyecto no hicieron ningún esfuerzo por precisarla, y simplemente la abandonaron. Ahora solo aspiran a defender la reputación de la Unión Soviética sobre un único punto: el comienzo de la guerra.

Sin embargo, también sobre este punto el veredicto de Núremberg no es muy útil. De hecho, para poder usarlo con el objeto de distinguir inequívocamente las responsabilidades del desencadenamiento de la guerra, sería necesario que ninguna de las razones dadas por éste haya sido revisada. De hecho, no se especifica en ninguna parte por quién y cómo podrían distinguirse las motivaciones que siguen siendo válidas y las que ya no lo son. El hecho es que, en varios puntos, las motivaciones han sido objeto de revisión, y por parte de las mismas autoridades rusas.

Consideremos los ejemplos de los acuerdos de Múnich de 1938 y del pacto Ribbentrop- Molotov. El veredicto de Núremberg no dice nada sobre la voluntad de los gobiernos francés y británico en Múnich de dirigir contra la Unión Soviética la agresión de Alemania; ni siquiera dice nada sobre el papel del pacto germano-soviético en el desencadenamiento de la guerra. El protocolo secreto en virtud del cual Stalin y Hitler se repartieron a Europa del Este ni siquiera se menciona en el veredicto, aunque se haya discutido durante mucho tiempo el proceso.

Esto no es sorprendente: los Aliados no establecieron un tribunal para confesar sus propios exabruptos. El hecho es que la condena del fascismo en Núremberg desempeñó un papel extremadamente positivo para el progreso de la democracia y para lo que dejó al sistema contemporáneo de seguridad internacional. También debe entenderse que el tribunal no siempre podía decir (o ni siquiera establecer) la verdad sobre el pasado, y que hoy no es necesario seguir indiscriminadamente cada una de sus conclusiones. Incluso para distinguir entre ellas sería necesario contar con todo un trabajo de interpretación histórica y jurídica.

El protocolo secreto germano soviético fue condenado oficialmente por el Parlamento ruso. Refiriéndose a esta decisión, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, invitó recientemente a los gobiernos occidentales a condenar también oficialmente los errores cometidos por Occidente, incluido el acuerdo de Múnich (Lavrov, 2010). Los autores del proyecto de ley probablemente no se dieron cuenta de que esto significa la constatación de una revisión ya efectuada sobre las decisiones del tribunal de Núremberg y un llamado para continuar con esta revisión.

Finalmente, tomemos la condena oficial de la masacre de Katyn por parte de las autoridades rusas, que reconocen la responsabilidad de la Unión Soviética. Bajo la presión de la URSS, el tribunal de Núremberg había acusado inicialmente a los nazis de esta masacre, pero el veredicto no lo menciona. Testimonios acusatorios irrefutables contra los soviéticos fueron presentados durante el juicio, pero el tribunal prefirió, en última instancia, no aceptarlos. Sin embargo, no por este motivo el tribunal rechazó la acusación inicial, y el parágrafo correspondiente del veredicto comienza con la afirmación de que es imposible enumerar todos los crímenes cometidos por los nazis (Wieviorka, 2006: 134-142). ¿Se debe concluir que el tribunal estableció formalmente la responsabilidad alemana de este crimen? y ¿los representantes del gobierno ruso que ahora asumen la responsabilidad de Katyn y niegan que se trate de un crimen nazi son pasibles de ser condenados por la nueva ley?

De hecho, después de finales de 2009, en el contexto de la “distensión” en las relaciones ruso-polacas, los líderes rusos -comenzando por el mismo Putin-, anunciaron repetidamente que la NKVD (el Ministerio del interior en la época de Stalin) había cometido la masacre de oficiales polacos en 1940. En noviembre de 2010, la Duma hizo una declaración oficial condenando a Katyn como un crimen estalinista y calificando al estalinismo como totalitarismo.¹⁵ Ahora, fueprecisamente esta calificación la que la declaración de la Duma de julio de 2009 (evocada anteriormente) consideró como un intento de revisión de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Tras su declaración de noviembre de 2010, el Comité Central del Partido Comunista de Rusia acusó a la Duma de revisar las decisiones del tribunal de Núremberg (CPRF, 28.11.2010).

En resumen: el veredicto y otros documentos de la Corte de Núremberg son fuentes históricas extremadamente difíciles de interpretar. Para establecer inequívocamente cuáles afirmaciones históricas pretenden prohibir, los legisladores tendrían que asumir sus responsabilidades y proponer formulaciones no ambiguas y utilizables en todos los tribunales de justicia. En su lugar, optaron por no hacerlo, o simplemente no lo consiguieron, de modo que la ley que proponen, si es adoptada por la Duma, desembocaría en el arbitrio de los jueces y en una justicia selectiva, de la cual hemos visto varios ejemplos en estos últimos años.

Es difícil predecir cómo terminará este proyecto de ley. El sitio oficial de la Duma no ha registrado ningún movimiento en este sentido desde abril de 2010, cuando su segunda versión fue presentada al parlamento. Es probable que, si no se abandona formalmente, se olvide al menos mientras dure el período de “distensión” en las relaciones entre Rusia y Occidente o mientras el gobierno continúe con una cierta “desestalinización” simbólica (recuérdese al respecto el “proyecto de desestalinización” propuesto al presidente Medvedev en febrero de 2011 por su Consejo para el desarrollo de la sociedad civil). Se puede comparar el proyecto de ley sobre la memoria con el tren blindado de una vieja canción soviética, que espera su hora en tiempos de paz.

No es indiferente observar que, con su lógica antifascista, los partidarios del proyecto de ley sobre memoria agitan el mismo fondo de ideas que los comunistas soviéticos sabían explotar tan hábilmente en el pasado. Varios autores, entre ellos François Furet, han denunciado repetidamente los peligros inherentes a esta lógica (Furet, 1995; Furet y Nolte, 2000). La oposición binaria entre el fascismo y sus adversarios permite, de hecho, a estos últimos eximirse anticipadamente de cualquier eventual crítica, a pesar de los crímenes que ellos mismos cometieron. Esta lógica ha permitido, en el pasado, justificar la política de la URSS; hoy, ésta misma lógica protegería su memoria. La realidad histórica es evidentemente mucho más compleja. Luchar contra los intentos de rehabilitar del nazismo no debe significar, en modo alguno, desatender la existencia de regímenes contemporáneos al nazismo, igualmente detestables.

La memoria de varios países de Europa del Este, contra los cuales parece dirigida la política actual de la memoria del gobierno ruso, ha estado profundamente marcada por su destino histórico. Como ha señalado Timothy Snyder, Europa del Este, primero con la ocupación nazi y después con los regímenes comunistas instaurados bajo la autoridad de la Unión Soviética, ha sufrido del totalitarismo más que cualquier otra región del mundo (Snyder, 2005; Snyder, 2010). La victoria contra la Alemania nazi no trajo la libertad a estos países. Según Snyder, hoy esta región está tratando de hacer oír su voz, una voz que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no parecen muy dispuestos a escuchar. Los defensores de la ley rusa sobre la memoria intentan jugar la carta de solidaridad anti-nazi con los países occidentales para obtener su apoyo contra los países de Europa del Este, los que, por su parte, utilizan cualquier argumento en su crítica del totalitarismo, descuidando así las diferencias entre fascismo y comunismo.

Los partidarios de la nueva ley se justifican recurriendo regularmente al ejemplo de países occidentales como Francia, donde existen leyes sobre la memoria. Sin embargo, pasan por alto una diferencia esencial entre la nueva ley rusa y una ley sobre la memoria como la ley Gayssot: en esta última, la memoria protegida es la de las víctimas de regímenes criminales o de políticas de opresión establecidas por el Estado, mientras que para los legisladores rusos, es la memoria del Estado la que debe ser protegida de los ataques de la memoria de sus víctimas. La única legislación francesa sobre memoria comparable al actual proyecto de ley ruso es la ley del 23 de febrero de 2005, que estipulaba que los programas escolares debían reconocer “el papel positivo de la presencia francesa en el extranjero”. No es fortuito constatar que esta disposición fue posteriormente derogada bajo la presión de la opinión pública.

En una vieja democracia como Francia, que tiene un sistema judicial bastante independiente y una sólida tradición de debates públicos, los peligros potenciales de las leyes sobre memoria son mucho menos graves que en un país como Rusia, que aún no ha roto por completo con varios elementos constitutivos de la cultura política soviética.

Si es necesario combatir los intentos de rehabilitación de los regímenes totalitarios, es entonces imposible definir, por ley, la verdad histórica. El pensamiento crítico y los debates públicos son nuestro único recurso para poder medir todo el espesor trágico del pasado que hemos heredado.

Bibliografía

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Notas