ARTICULOS / ARTICLES
Universidad
de Buenos Aires, Argentina
Université
Paris 8, Francia
schiavimarcos@gmail.com
Resumen:
El
objetivo del artículo es aportar en la construcción de
una nueva interpretación del vínculo movimiento
sindical y peronismo. En pos de eso, se observan las posiciones
gubernamentales en relación a la conflictividad obrera, la
naturaleza de ésta, el poder sindical que la hacía
posible; y, finalmente, el Congreso Nacional de la Productividad y el
Bienestar Social de marzo de 1955. En base a lo anterior, se afirma
que el gobierno peronista fracasó en su intento de frenar y
controlar el conflicto social y que esto se debió, en gran
medida, al poder político y social que ostentó el
movimiento sindical.
Palabras claves: Movimiento sindical, Peronismo, Conflictividad, CGT
Abstract:
The aim of this paper is to
contribute to the construction of a new interpretation of the link
between union movement and Peronism. In pursuit of that, we observe
the government positions in relation to labor conflicts, the nature
of it, the union power that made this possible, and finally, the
National Congress of Productivity and Social Welfare of March 1955.
Based on the above, we state that the Peronist government failed in
its attempt to control the social conflict and that was due in large
part to political and social power that showed the unión
movement.
Keywords: Union Movement, Peronism, Conflict, CGT
Tulio Halperin Donghi, en un clásico texto de mediados de 1956, definió el peronismo como “un resultado (residuo) inesperado, incluso para su creador y beneficiario” (Halperin Donghi, 1994: 29). Esta caracterización es un reflejo del clima de época, de la sorpresa que había generado la existencia del movimiento; pues en sus inicios nadie osó suponer que el gobierno militar inaugurado el 4 de junio de 1943 daría como resultado, tres años después, la elección como presidente argentino de un joven coronel cuyo principal apoyo electoral era un novel partido creado por los sindicatos. Este panorama resultaba impensable durante esos primeros momentos en los que el nuevo gobierno perseguía, cerraba e intervenía organizaciones obreras. También lo fue cuando, tiempo después, su ala más reaccionaria se hizo cargo de los asuntos culturales y educativos. Luego, la propia inestabilidad endémica de la dictadura, más la protesta de sectores medios y el resultado de la Segunda Guerra Mundial, hicieron que fuera muy poco factible la continuidad militar en el poder; a comienzos de octubre de 1945, la suerte parecía echada. Para sorpresa de muchos, el resultado fue otro.
El mismo coronel Juan Domingo Perón se vio sorprendido cuando el 17 de octubre de 1945 una enorme movilización obrera salvó su hasta entonces corta carrera política. En febrero de 1946, en ocasión de las elecciones presidenciales, los resultados también generaron asombro. Grandes sectores de la dirigencia política argentina pensaban que era imposible que Perón ganara. Lo cierto es que, finalmente, pese (o gracias) a todo esto, el peronismo se impuso. Gobernó el país durante casi una década, hasta que fue destituido por un golpe cívico-militar en septiembre de 1955.
En apenas tres años, el proceso abierto en 1943 terminó ubicando al movimiento sindical en un lugar de poder que nadie se había atrevido a imaginar un tiempo antes, ni siquiera sus mismos dirigentes. Un éxito logrado gracias a fortalezas propias y a debilidades ajenas. En muchos casos, la asunción presidencial los encontró organizando sus jóvenes sindicatos en busca de contener y canalizar la inmensa movilización obrera que los meses precedentes habían generado. Como bien afirma Juan Carlos Torre, a partir de allí, “Estado, movimiento e ideología estarán marcados, pues, por el lugar sobresaliente y singularizado que ocupan los trabajadores en el peronismo” (Torre, 1990: 260).
Esta sorpresa, lo inédito de la situación, rápidamente buscó ser comprendida por académicos y políticos. Por eso, se afirma, que las interpretaciones del peronismo nacieron con él. Entonces, como ahora, la clave de estas residió en el vínculo entre el gobierno y el sindicalismo. Plantear esto no implica negar la importancia de otros factores; simplemente, reconocer la innegable centralidad de la dinámica sindical en la conformación del movimiento peronista. Profundizar en su conocimiento es un aporte en pos de contestar una de las preguntas clave de la sociedad argentina contemporánea: ¿qué fue, es y será el peronismo?
Al estar profundamente entrelazada la praxis política con las interpretaciones del peronismo, los debates suscitados en relación con el período 1943-1955 se encuentran ligados al tiempo político. Este debate está plagado de dicotomías, como autonomía-control estatal, ruptura-continuidad, cuestión social-cuestión política, todas ligadas a la discusión sobre el signo del peronismo: si fue un fenómeno progresista para los trabajadores o no lo fue. Cada momento político tuvo una respuesta predominante, en gran medida relacionada con la propia forma que el fenómeno peronista había tomado en su época (Germani, 1962; Polit, 1964; Rotondaro, 1971; Peña, 1971; Mafud, 1972; Murmis & Portantiero, 1972; Little, 1979; Mainwarning, 1982; Baily, 1985; Di Tella, 2003; Del Campo, 2005).
Hoy, a comienzos del siglo XXI, no escapamos a esta modalidad. En los últimos años, ha habido un particular crecimiento de las investigaciones centradas en el primer peronismo. En paralelo a este reverdecer, se ha observado un renacer de los estudios sobre el movimiento obrero argentino. Este artículo es expresión de ambos fenómenos.
Continúa la senda marcada por los trabajos realizados en las décadas del setenta y ochenta por Juan Carlos Torre y Louise Doyon (Doyon, 2006); y se inserta en dos líneas historiográficas contemporáneas. Por un lado, está influenciada por la obra de Hernán Camarero y Alejandro Schneider, dos referentes de los nuevos estudios sobre clase obrera argentina (Schneider, 2005; Camarero, 2007), línea marcada teórica, metodológica y conceptualmente por el materialismo histórico, en particular, por autores marxistas británicos y norteamericanos (Montgomery, 1985; Thompson, 2001; Williams, 1980). Por otro lado, es parte de un joven movimiento historiográfico que se propone analizar el vínculo peronismo-trabajadores desde un ángulo diferente (Acha, 2008; Contreras, 2006; Dicosimo, 2000; Fernández, 2005; Rubinstein, 2005; Ceruso, 2010; Izquierdo, 2008): a partir de interrogantes que se distancien de las clásicas preguntas acerca del populismo, la burocratización y la autonomía. Nuestra investigación es un aporte a la construcción colectiva de una nueva interpretación del vínculo entre sindicatos y peronismo.
En sintonía con esto último, la tesis principal de este artículo es que el gobierno peronista fracasó en su intento de frenar y controlar el conflicto social y que esto se debió, en gran medida, al poder político y social que ostentó y mantuvo el movimiento sindical desde los mismos inicios de la gestión y a lo largo de la década analizada. Nos proponemos observar las posiciones gubernamentales en relación a la conflictividad obrera, la naturaleza de ésta, el poder sindical que la hacía posible; y, finalmente, el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social de marzo de 1955, analizado como un momento de condensación del conflicto entre movimiento sindical y gobierno peronista.
Tal como había sido pensado originariamente, el proyecto político de Juan Domingo Perón había quedado trunco. Entre 1944 y 1945, pese a sus reiterados intentos, no había podido cerrar acuerdos ni con la Unión Cívica Radical (UCR) ni con los dirigentes conservadores para que pusieran a su servicio maquinarias electorales eficaces. Su intención inicial había sido conformar una coalición de orden y paz social. Sin embargo, entre ese proyecto y el resultado final hubo grandes diferencias, la mayor de las cuales fue el lugar obtenido por los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes de pieza importante pero complementaria habían pasado a ser el principal soporte del gobierno (Torre, 2002: 28-30). Esto limitó y moldeó el naciente peronismo.
El proceso abierto el 17 de octubre de 1945 estuvo acompañado por lo que el historiador inglés Daniel James definió como un “espíritu de irreverencia y blasfemia [...] una suerte de ‘antiteatro’, basado en el ridículo y el insulto, contra la autoridad simbólica y las pretensiones de la elite argentina” (James, 1990: 50). El 4 de junio de 1946, al asumir la presidencia de la Nación, Perón era consciente de esto y de las dificultades políticas que acarreaba la posición ganada por los sindicatos. Por eso, uno de sus objetivos iniciales fue delimitar y canalizar la movilización sindical y menguar su poder político y social.
Distintos autores (Germani, 1962; Peña, 1971; Mafud, 1972) han señalado que el gobierno apoyó las huelgas de los trabajadores durante los primeros años peronistas, las que incluso formaban parte de su estrategia. Si consideramos como apoyo no reprimir cualquier conflicto, entonces sí lo hubo. Ahora bien, si repasamos discursos y resoluciones gubernamentales, si prestamos atención a los dichos de los secretarios generales de la CGT, observaremos que estas luchas fueron en gran medida impuestas por el movimiento obrero pese a la oposición oficial. El gobierno y la CGT intentaron atemperar una movilización que, como bien dice Louise Doyon, “no dejó al régimen otra opción que secundar una ola de demandas que afectó, primero, el desenvolvimiento del capitalismo industrial, para complicar, después, la cohesión de la coalición gobernante” (Doyon, 2006: XXIII).
Dos fueron los ejes del discurso oficial desde le mismo inicio de su gestión: evitar huelgas y aumentar la producción. En el mensaje que dio al cumplirse cuatro meses de su asunción, Perón afirmó que “para lograr la victoria debemos permanecer unidos, con la mirada puesta en el esplendoroso porvenir económico de la Patria, y mantenernos fieles a la consigna del momento: ¡producir, producir, producir!”.1 La Secretaría de Trabajo y Previsión recordaba entonces a los sindicatos que haría una estricta aplicación de las disposiciones referentes a las huelgas.2 Informaba que todo conflicto que se hubiera iniciado sin agotarse las instancias de conciliación y arbitraje sería declarado ilegal. El objetivo era frenar una serie de huelgas consideradas artificiales. El aumento de la movilización obrera había comenzado a preocupar al gobierno. Esto lo llevó a buscar responsables. Según el periódico peronista El Laborista:
“el origen de esta aparente anarquía, nacida al falso calor de una supuesta justicia social, hay que buscarlo en aquellos pactos de ‘oro’ que firmaron los comunistas y los patrones de la Unión Industrial en la campaña previa a las elecciones. […] Los agitadores del Komintern anunciaron su arrepentimiento y disolvieron aquella serie inmensa de falsos sindicatos, para refundir su acción en los órganos sindicales peronistas. La buena voluntad de estos permitió que numerosos elementos inasimilables, hombres probados en las directivas de agitación y sabotaje, ingresaron a las filas gremiales, de las que se hallaban apartados durante la campaña electoral”.3
Durante la década aquí analizada, la prensa peronista fue construyendo un discurso en el que todo conflicto sindical tenía un origen comunista. Como chivo expiatorio, su presencia fue denunciada una y otra vez.
En este discurso antihuelguístico y anticomunista, la dirección de la Confederación General del Trabajo encabezada por Aurelio Hernández, desempeñó un papel predominante. La influencia que tenía el gobierno sobre la dirección de la central obrera única es innegable, aunque no monolítica como suelen afirmar ciertos autores (Mainwarning, 1982; Little, 1979; Peña, 1971; Polit, 1964).
Transcurridos apenas unos días de la asunción en febrero de 1947, Hernández llamó la atención sobre las declaraciones de huelgas y conflictos que se desarrollaban de manera inconsulta sin motivos que las justificaran.4 Diez días después, en el acto en el que Perón le entregó el original de la Declaración de los Derechos del Trabajador, Hernández denunció una maniobra comunista de sabotaje mediante la organización de huelgas.5 A comienzos de marzo, sumó una nueva exhortación a todos los obreros para que emplearan el máximo de sus fuerzas en pos de la elevación de la producción al mayor rendimiento posible.6
Meses después, en la inauguración del nuevo local de la central obrera, Hernández resaltó la necesidad de organizar y disciplinar las fuerzas de trabajo. En este sentido, toda declaración de huelgas debía tener lugar luego de la intervención de la CGT. El examen de todos y cada uno de los problemas debía ser realizado por la central.7 La apuesta era la centralización del conflicto, que la CGT controlara y tuviera real injerencia en las decisiones de los sindicatos por rama. Según Hernández, “no debía jugarse con las huelgas pues estas beneficiaban a los comunistas, a la oligarquía y al imperialismo”.8 En ese mismo acto, Perón aseveró: “[…] Hemos llegado a nuestros días dando todo lo que ha sido posible dar. Ahora hay que comenzar a dar con prudencia, porque para dar es menester construir primero”.9 En su editorial del 2 de octubre, el periódico peronista La Época afirmaba:
En último caso, los trabajadores redimidos por la política de justicia social del Gral. Perón, están obligados a meditar antes de cesar la producción, primero por instinto de propia conservación, y segundo, por lealtad y por agradecimiento a un gobierno que les sacó de la esclavitud política, social y económica, dándoles derechos que jamás tuvieron, y llevándolos a representaciones parlamentarias y funciones públicas.10
El planteo era transparente: las posiciones de poder que los sindicatos habían conseguido debían ser compensadas con paz social y moderación. Ese era el acuerdo que reivindicaba el ala política del peronismo representada por La Época. Para un sector importante de los trabajadores y militantes sindicales, la ecuación era distinta: el peronismo equivalía a conflicto social, a avance obrero.
El desprestigio que se construyó Hernández al interior del movimiento sindical hizo que fuera desplazado en diciembre de 1947. En su lugar asumió José Espejo, del Sindicato de la Alimentación, como secretario general. El cambio de nombres no conllevó un cambio de línea en relación con las huelgas. Unos días después, el nuevo dirigente máximo de la CGT habló por Radio del Estado. Allí dijo:
Desconfiemos de las demandas desmedidas de aumentos de salarios. Queremos lo que honradamente vale nuestra labor. No necesitamos esa perturbación extranjera, que pregona libertad desmedida, mientras que en la cuna de su falsa doctrina la masa trabajadora soporta la más terrible de las dictaduras, sin ningún tipo de posibilidad de recuperación. Que sigan agitando sus fantasmas los mentados apóstoles de la redención social, pero no en nuestra tierra. No nos engañará su canto de sirena, que al proponernos desmedida paga a nuestra labor solo contribuirá a traer la inflación.11
En paralelo, Antonio Valerga, el secretario adjunto, declaró que el nuevo secretariado consideraba necesario dar a los trabajadores y sus dirigentes una ruta clara y terminante, y poner fin a la carrera de salarios.
El auge económico que acompañó los primeros treinta meses peronistas encontró sus límites rápidamente. Entre 1949 y 1951, se vivió en la Argentina una importante crisis económica, que impactó tanto a nivel político como social. La dinámica sindical no fue ajena a este cimbronazo; tampoco la posición gubernamental en relación a ella. Perón planteaba que era necesario fortalecer las organizaciones para evitar la inorganicidad, reafirmó que debían ser años de organización para los sindicatos y destacó la necesidad de promover la más perfecta elevación del nivel cultural de los trabajadores. Los dirigentes sindicales debían estar capacitados en lo político, en lo social y en lo económico:
En lo económico cuántas veces asistimos al espectáculo de un dirigente sindical que hace una demanda exagerada, que quiere lo que nosotros, en buen criollo, llamamos “la chancha y los veinte”. Se necesitan hombres conscientes y responsables en esta acción, que no pidan más de lo que se puede pedir, porque la posibilidad social termina donde empieza la imposibilidad económica.12
El presidente de la Nación solicitaba a los dirigentes sindicales coherencia entre el compromiso político y las reivindicaciones económicas; les pedía responsabilidad. También capacidad de controlar a sus afiliados.
Con el tiempo, de la crisis derivó un viraje de la política económica peronista. Este cambio gubernamental y el avance empresario se expresaron en distintos planes y congresos, símbolos de la transformación. El primero de esos gestos del gobierno fue el Plan de Emergencia Económica de principios de 1952. Su objetivo central era recomponer el “desfasaje entre precios y salarios”. En este sentido, siguió dos líneas básicas, necesariamente complementarias: limitar en lo posible el consumo nacional y estimular a las fuerzas sociales productivas para alcanzar una mayor capacidad de rendimiento. Se congelaron salarios y precios, se redujo el plan de obras públicas, se impusieron severas condiciones para otorgar créditos, se limitaron subsidios sociales y se redujeron las importaciones a las indispensables. Se puso énfasis en la urgente necesidad de elevar la producción y los índices de productividad, y se convocó a los obreros a intensificar sus esfuerzos y a regular su consumo.
En los nuevos planes económicos, uno de los objetivos principales de la gestión fue alcanzar un mayor nivel de productividad obrera industrial, de la mano de reivindicaciones patronales que estaban destinadas, en realidad, a recomponer la disciplina fabril. Fue la profundización de un discurso ya existente, instalado en la discusión pública desde comienzos del gobierno peronista. Por eso, la política económica debía estar acompañada de una actitud sindical “responsable y moderada” (Bitran, 1994). No obstante, los hechos demostraron que los sindicatos nacionales no quisieron o no pudieron actuar responsablemente, pues hacer lo que el gobierno pedía significaba renunciar a una parte importante de las conquistas más queridas por los trabajadores. Los conflictos vinculados con las negociaciones colectivas de 1954 y el fracaso del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social de marzo de 1955 son un claro ejemplo de los intentos y limitaciones de los planes gubernamentales.
A lo largo de los primeros gobiernos peronista, se registraron tres momentos de elevada conflictividad obrera: durante los primeros tres años, al comenzar la década de 1950 y en 1954. En cada caso, las causas fueron diferentes; también, la situación de los sindicatos; por ende, los conflictos fueron de naturaleza disímil. En la tabla siguiente, se observan el número de huelgas, la cantidad de huelguistas y los días perdidos en la ciudad de Buenos Aires (la centralidad de esta zona en la industrialización argentina de posguerra es indudable; fue allí donde se asentaron la mayor cantidad de fábricas, donde hubo más obreros ocupados y mayor volumen de producción):
|
Año |
Nº de huelgas |
Nº de huelguistas |
Nº de días perdidos |
|
1946 |
142 |
333.929 |
2.047.601 |
|
1947 |
64 |
541.377 |
3.467.193 |
|
1948 |
103 |
278.779 |
3.158.947 |
|
1949 |
36 |
29.164 |
510.352 |
|
1950 |
30 |
97.048 |
2.031.827 |
|
1951 |
23 |
16.356 |
152.243 |
|
1952 |
14 |
15.815 |
313.343 |
|
1953 |
40 |
5.506 |
59.294 |
|
1954 |
18 |
119.701 |
1.401.797 |
Fuente: Doyon, (2006: 252).
Entre 1946 y 1948, sólo en Buenos Aires, hubo cerca de trescientas huelgas, con más de un millón de huelguistas y ocho millones de días perdidos (Doyon, 2006: 252-275). Este gran aumento sólo era comparable con el ocurrido diez años antes, en 1935-1936. Pararon trabajadores de la carne, azucareros, panaderos, textiles, metalúrgicos, petroleros, obreros de la construcción, del transporte, portuarios, municipales y bancarios, entre otros. Más allá de esta amplitud, Doyon pudo establecer una lista de principales modalidades de huelga en el período: no fueron un fenómeno confinado a Buenos Aires y sus alrededores, sino que tuvieron proporciones nacionales; fueron más frecuentes en la industria; la mayoría de las disputas fue promovida y dirigida por las organizaciones sindicales reconocidas; el grueso de ellas respondía al objetivo de ampliar los derechos de los trabajadores; la mayor proporción de los paros se había producido en el contexto del proceso de negociación colectiva. Esta movilización obrera no sólo impuso mejoras salariales. También impulsó una legislación social paralela, superior a la implantada por el gobierno, pues, a partir de los convenios colectivos, se conformó un cuerpo legal amplificador del espíritu de la normativa general. Hubo, además, una innegable redistribución del poder en los lugares de trabajo. El gobierno, por su parte, no apoyaba automáticamente cualquier huelga; tampoco sostenía cualquier reivindicación. Se encontraba siempre más predispuesto a negociar las demandas salariales que a tratar reclamos acerca del control sobre el proceso de trabajo; intentó contener estos últimos, aunque sin mucho éxito.
A partir de 1949, las modalidades del conflicto obrero se transformaron. En primer lugar, disminuyó su número drásticamente, sobre todo, en la industria. Luego, en este período, se dieron pocas huelgas, pero de gran relevancia. Ciertos autores consideraron estas medidas expresiones de lucha política de una minoría de sindicatos no peronistas, concientizados (Iscaro, 1974; Little, 1979; Baily, 1985). Más que esto, la evolución económica parece haber tenido un mayor peso como desencadenante de los conflictos. Por ejemplo, en las prolongadas huelgas de los trabajadores azucareros y de los frigoríficos en octubre y noviembre de 1949, fue clave la decisión gubernamental de terminar con los subsidios a la industria de la alimentación. Otro conjunto de huelgas fue protagonizado por lo que podría definirse como la antigua aristocracia obrera preperonista: gráficos, bancarios y ferroviarios (Acha, 2008; Contreras, 2007).
El último pico de conflictividad, el del primer semestre de 1954, fue un momento clave en la historia de la década peronista. Luego del congelamiento de sueldos estipulado en 1952, la apertura de las negociaciones dos años más tarde, en febrero de 1954, proyectaba ser conflictiva. Más aún teniendo en cuenta que, después de años de crisis, la situación económica mostraba mejorías importantes, lo que redundaba en una mejor posición negociadora de los trabajadores. En términos generales, los conflictos de 1954 fueron defensivos, una muestra de la oposición obrera al cambio de rumbo de la política económica, a los planes de ajuste y de mayor productividad que el gobierno y los industriales buscaban imponer. Los trabajadores se negaron a renunciar a los derechos ganados a lo largo de casi una década, incluso a sabiendas de la crisis política por la que atravesaba la gestión de Perón. Sus reivindicaciones fueron básicamente dos: vigencia de las condiciones de trabajo precedentes y aumento sustancial de los salarios. Ambas contradecían los intereses empresariales y del gobierno.
La conflictividad abierta, aquella que tomaba la forma de huelgas, paro o trabajo a desgano, generó y, a su vez, estuvo acompañada por otra menos espectacular, pero igual de relevante en lo que respecta a la relación capital-trabajo: las tensiones al interior de los plantas fabriles.
Las relaciones dentro de estos establecimientos sufrieron durante las dos primeras presidencias peronistas transformaciones inéditas. Lo que hasta mediados de la década de 1940 era lo usual se había convertido en lo atípico. El despotismo ilimitado de los industriales y la persecución a la representación sindical en la fábrica había dejado de ser natural. Los convenios colectivos y las comisiones internas fueron dos factores nodales en este proceso; ambos se convirtieron en ejes centrales del modelo sindical peronista.
En la etapa anterior a 1943, ya se había producido un desarrollo considerable de la negociación colectiva. Por entonces, los convenios tenían una naturaleza eminentemente voluntaria y privada, y estaban limitados, de modo principal, a regular salarios (Gaudio & Pilone, 1983; Korzeniewicz, 1993). Con el peronismo, los convenios colectivos pasaron a tener fuerza del ley, conformándose en un cuerpo legal amplificador del espíritu de la normativa general; pasaron de ser meras tablas salariales a reglamentar la inmensa mayoría de las prácticas originadas dentro de las fábricas. Escalafón, vacantes, asignaciones familiares, insalubridad, vacaciones, traslados: muy pocos factores del mundo fabril eran ajenos a los convenios. Se convirtieron en la ley dentro de las fábricas. En este nuevo status quo, las comisiones internas y los cuerpos de delegados fueron las principales encargadas de hacer que se cumplieran, y eso les asignaba un poder desconocido hasta entonces.
El cuerpo de delegados es un órgano colegiado que comprende a la totalidad de los delegados de un establecimiento laboral. El número de delegados permitidos en una planta se encuentra regulado y se relaciona con la cantidad de trabajadores ocupados en el establecimiento. Para ser candidato a delegado, por lo general, se debe estar afiliado a la organización sindical legalmente reconocida. La comisión interna también es un cuerpo colegiado y está compuesta por un número reducido de delegados que, de acuerdo con los distintos reglamentos internos de las organizaciones sindicales, pueden ser elegidos por la totalidad de los trabajadores del establecimiento por voto simple y directo, o por los mismos integrantes del cuerpo de delegados. La comisión interna representa a la totalidad de los trabajadores de la fábrica ante la patronal y presenta sus reclamos. Es una instancia superior al cuerpo de delegados. Ambos forman parte de la estructura sindical, lo que los convierte en la articulación entre los trabajadores del establecimiento y el sindicato nacional. El tipo de vínculo que los conecta es fijado por estatuto. Durante el peronismo, adquirieron una importancia clave en varios sentidos: fueron parte importante de la explicación del elevado grado de afiliación alcanzado; garantizaron una efectiva aplicación de la legislación laboral y de los acuerdos colectivos; transformaron las relaciones en el ámbito de la producción; por último, tuvieron un papel determinante en la dinámica del conflicto sindical (Basualdo, 2008).
El mundo fabril era otro; el poder obrero, muy importante. Frente a esto, desde el mismo inicio del gobierno peronista, el sector patronal destacó una cantidad de novedades que consideraba alarmantes en las relaciones industriales: el aumento del costo de la mano de obra, la caída en el rendimiento obrero, la indisciplina, el ausentismo y el poder desmedido de las comisiones internas. Eran todas novedades hijas del peronismo, ligadas al poder sindical, al apoyo gubernamental y a un “preocupante” cambio en la subjetividad de los trabajadores. A mediados de 1946, Nicolás Carbone, interventor de la Unión Industrial Argentina (UIA), recibió una nota enviada por la empresa metalúrgica TAMET, cuyo eje era el rendimiento obrero. En ella se solicitaba que, a través de la UIA, se gestionase la realización de una propaganda oficial por medio de carteles, difusión radial y gráfica, mediante la cual se buscara obtener un mayor rendimiento y una mejor asistencia de los trabajadores. La nota llamaba la atención respecto de la notable disminución de la productividad obrera, aunque evitaba referirse a sus causas. En cuanto a la inasistencia, comparaba el 5,5 % de 1939 con el 11 % de por entonces, lo que generaba desorganización y perturbación en el trabajo.13 Esta situación se transformó en rutina.
El ausentismo, síntoma y herramienta obrera, del que se lamenta amargamente TAMET acompañó las reivindicaciones patronales durante una década, era parte de la discusión pública. El propio ministro de Salud Pública, Ramón Carrillo, pronunció el 18 de septiembre de 1948 una conferencia sobre el ausentismo por enfermedad en la que recomendó considerar las ausencias por enfermedad solo luego del tercer día y no subsidiar la enfermedad o los accidentes con más del 50 % del salario normal. Allí, la entidad sanitaria máxima de la Argentina peronista declaraba que no tenía las herramientas necesarias para controlar el ausentismo. Cuando comenzó la crisis en 1949, esto se hizo imperioso, pues reportaba un considerable porcentaje de la producción y desorganizaba (aún más) la cotidianeidad de las fábricas.14 No obstante, los `porcentajes no disminuyeron radicalmente en toda la década.
Los industriales experimentaban una real preocupación: consideraban que la fábrica estaba trastocada. En una entrevista realizada a comienzos de la década del setenta, Torcuato Sozio, directivo de SIAM y sobrino de su fundador, Torcuato Di Tella, comentaba:
“Lamentablemente en la época de Perón se dio una suerte de ruptura de jerarquías dentro de la fábrica. Ese es uno de los cargos que se puede hacer al período peronista; porque se distorsionó el manejo de la autoridad dentro de las fábricas como consecuencia de la intervención de los capataces en el mismo sindicato y como consecuencia de una protección indiscriminada a las peticiones obreras en los conflictos que podían estar originados en la aplicación de ciertas normas básicas de disciplina, orden y autoridad dentro de la fábrica”.15
Con el cambio de década y la profundización de la crisis, se incrementó la presión en pos de alcanzar mayores niveles de productividad y un mayor disciplinamiento de la mano de obra. Los planes dirigidos a intensificar los ritmos de trabajo y los de reponer la disciplina y el poder en la fábrica eran uno. Para alcanzar lo primero, era imprescindible lo segundo. Acordamos con Nicolás Ferraro que lo que podía parecer un eje fundamental de la estrategia económica del capital, la campaña por mayor productividad, se reveló pronto como una ofensiva política destinada a recuperar el poder perdido en los lugares de trabajo. Es decir, que la ofensiva patronal se concentraba en el proceso de trabajo como proceso social de producción antes que como proceso técnico de maximización de las ganancias (Ferraro & Schiavi, 2012).
Corregir esta situación había sido y sería uno de los mayores objetivos de los industriales. El viraje en la política económica del gobierno a partir de 1952 les permitiría aumentar la presión en ese sentido. Sus planes y los del gobierno chocaron con el poder del movimiento sindical.
La perduración del conflicto social durante el peronismo, la incapacidad del sector patronal de recuperar el poder perdido en la planta y los límites con que se encontró el gobierno se explican a partir del poder sindical, un poder político y social.
El poder sindical se asentó en dos esferas: su relación política con el peronismo y el poderío de sus organizaciones. Las dos se entrelazaron a lo largo de todo el periodo de tal manera que una es inentendible sin la otra. La situación política originaria, la abierta en 1945, fue necesaria en el desarrollo, masificación y consolidación de los sindicatos, proceso que con el tiempo convirtió a las organizaciones sindicales en claves políticas.
En primer lugar, la coalición política peronista no pudo dejar de depender del poder electoral y de movilización de las organizaciones sindicales, por lo menos, así ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Los sindicatos fueron clave en las elecciones presidenciales de 1946 y 1951; también lo fueron en la consolidación del gobierno y en los últimos años, cuando la alianza del peronismo con las Fuerzas Armadas y la Iglesia comenzó a desmoronarse. Además, a lo largo de la década, mantuvieron posiciones destacadas en el aparato estatal y en el Poder Legislativo. En síntesis, pese a sus deseos, el gobierno dependió del apoyo del movimiento sindical durante toda esta etapa.
Es necesario resaltar aquí, que esta afirmación va a contramano de la interpretación predomimante del peronismo que considera la disolución del Partido Laborista el final de la experiencia obrera autónoma en la esfera política (Doyon, 2006; Torre, 1990). Ese partido, fundado por los sindicatos en noviembre de 1945, había sido clave en el triunfo de febrero de 1946, aportando siete de cada diez votos peronistas. Sin embargo, fue disuelto el 23 de mayo de 1946 por el propio presidente como parte de un proceso mayor de consolidación político-institucional. Fue una derrota para el movimiento sindical, pero no fue definitoria ni muchos menos.
El peronismo que asumió el poder en junio de 1946 era una expresión política joven e inestable. Se trataba de una coalición conformada apenas medio año atrás, con varios frentes de conflicto interno abiertos, que había enfrentado y vencido a los sectores más poderosos del país, en medio de un clima de movilización social inédito. Por todo esto, Perón consideró necesario estabilizar la situación, legitimarse y fortalecerse políticamente (Doyon, 2006; Zanatta, 2009). Para contrabalancear la impronta obrera y estabilizarla, se tomaron dos caminos complementarios. Por un lado, Perón robusteció a sus otros dos apoyos clave: las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica (Potash, 1985; Zanatta, 1999; Caimari, 1995). Por el otro, en lo que respecta a la organización partidaria, con la creación del Partido Peronista (PP) se intentó desindicalizar el movimiento y asignarle mayor autonomía a sus elites políticas (Acha, 2004; Mackinnon, 2002). El gobierno necesitaba un partido unificado, homogéneo y disciplinado; por lo tanto, el PP (inicialmente llamado Partido Único de la Revolución Nacional) fue pensado en ese sentido. Pese a estas intenciones originales, la conformación del PP y la disolución del Partido Laborista (PL) no implicaron que el movimiento sindical perdiera su posición política, por lo menos, no en la zona urbana (Macor & Tcach, 2003).
Es innegable que el fin del PL supuso límites a la expresión política sindical; sin embargo, eso no significó que esta desapareciera. Determinados dirigentes sindicales ocuparon puestos en el flamante partido y en el Estado. Eran de origen sindical quienes se hicieron cargo de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Trabajo.16 También hubo sindicalistas que se transformaron en asesores de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), que fueron representantes en comisiones encargadas de proyectar y regular la legislación laboral, en el Instituto Nacional de Bienestar Social y en el Consejo Nacional Económico. Incluso la CGT participaba en reuniones de gabinete (Doyon, 2006). Perón no estaba en condiciones de desprenderse de su principal apoyo político ni tampoco podía subordinarlo por decreto.
En segundo lugar, la llegada del peronismo al poder conllevó una inédita masificación de las organizaciones sindicales, una multiplicación radical en la cantidad de sus miembros, con todo lo que esto implicó en términos de poder. En los sindicatos industriales, de transporte y servicios, tomados en conjunto, la afiliación pasó de 537.414 en 1945 a 1.992.404 cinco años después. La CGT, a fines de la década del cuarenta, contaba con más de setecientos sindicatos adheridos, noventa y dos delegaciones regionales, y varios millones de afiliados (Rotondaro, 1971).
Gran parte de la historiografía clásica afirma que el movimiento sindical fue cooptado por el Estado peronista, que el apoyo y lealtad eran monolíticas; no lo considera un actor social, por lo cual no creen relevante su grado de desarrollo organizacional. En primer lugar debemos resaltar que tradicionalmente, cuando se ha analizado el sindicalismo en este período se ha tomado únicamente el papel de la CGT y se ha obviado a los sindicatos nacionales los cuales negociaban periódicamente salarios y condiciones de trabajo. Allí encontramos una primera discordancia, pues las nuevas investigaciones demuestran que los sindicatos nacionales fueron claves en el día a día obrero en las plantas, y que sus dirigentes no eran equiparables a la conducción de la central obrera ni en su discurso ni en su praxis económica y política. En segundo lugar, tenemos los análisis que caracterizan a la dirigencia cegetista como sumisa y leal al gobierno y, sobre todo, a María Eva Duarte de Perón;17 esto se relaciona con una caracterización general de la CGT ya no como una organización obrera, sino como un vocero del gobierno dentro del sindicalismo, como su representante (Doyon, 2006: 300-302). Aquí, a nuestro entender, es necesario matizar los planteos que le asignaron a la central obrera un papel nimio y plenamente funcional a los designios del gobierno. Recientes investigaciones, desde las particularidades del caso especifico, relativizan la imagen clásica de la CGT.
Las lecturas sobre la reforma de sus estatutos en 1950 son un ejemplo de esa mirada; esta tiende a ser leída como un símbolo de la transformación sindical, de su “total peronización” (Doyon, 2006; Rotondaro, 1971). Detenernos en este punto puede resultar de utilidad para analizar la situación imperante a mediados del peronismo, tanto dentro de la dirigencia cegetista como en la dinámica entre central y sindicatos. El Comité Central Confederal reunido en diciembre de 1949 debía redactar un proyecto de estatuto para ser tratado en el Congreso Nacional de abril de 1950. Una de las mayores novedades propiciadas por la dirigencia era el otorgamiento a la CGT de la facultad de intervenir sindicatos afiliados. Esto generó un prolongado debate, en el que los representantes de los sindicatos de mayor importancia reclamaron que se excluyera dicho artículo o que se introdujeran modificaciones que limitaran ese poder. Hubo tal divergencia que debieron elaborarse dos despachos, uno que aceptaba la intervención en los sindicatos y otro que no lo hacía. En abril de 1950, sometido a votación en el Congreso Nacional de la CGT, el artículo fue impuesto por mayoría. En la votación, se tomaron en cuenta el número de afiliados que representaban los distintos delegados. El resultado fue de 1.530.429 a favor y 1.491.566 en contra. A esto llama Doyon “débiles ecos de un proyecto de autonomía”. La dirigencia de la CGT se había visto obligada a legalizar una práctica que venía realizando de facto –las intervenciones– y, en el camino, se había encontrado con obstáculos de porte.18
Este congreso al igual que las destituciones de Aurelio Hernández y José Espejo (Schiavi, 2012) (de la que participaron activamente sindicatos nacionales como, por ejemplo, la poderosa Unión Obrera Metalúrgica) y los conflictos suscitados entres los sindicatos de empleados estatales; son muestra de una activación interna que lejos está de corresponder a una organización plenamente cooptada por el Estado. El movimiento sindical contaba con un poder político y social derivado de la propia naturaleza de sus organizaciones19 y de la propia naturaleza de la coalición peronista. Eran la columna vertebral de su fuerza política.
Doyon afirma –y no podemos más que compartir– que “uno de los mayores obstáculos que bloquearon la reorientación de las prioridades económicas durante el último año del régimen peronista fueron las resistencias opuestas por el movimiento sindical” (Doyon, 2006: 361). Considera que en 1954, como pocas veces, se puso en evidencia la brecha existente entre las intenciones proclamadas por el gobierno y su capacidad de hacerlas realidad. Las negociaciones colectivas de ese año fueron para el gobierno y el sector patronal un gran fracaso, pues no pudieron imponer sus condiciones debido a una enorme movilización sindical asentada en organizaciones poderosas y en una subjetividad obrera contestataria.
Unos meses después, como parte de esta misma tendencia, se realizó el Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo (entre el 23 y el 30 de agosto de 1954, con el auspicio de la CGE y la organización del Instituto Argentino de Relaciones Industriales). Allí, las relaciones de trabajo fueron consideradas el eje de la transformación económica, y se afirmó que la problemática central de la economía argentina residía en la pérdida de rendimiento en la mano de obra. Los expositores insistieron en que la CGT colaborase con el gobierno y los empresarios en el intento de preparar un ambiente psicológico basado en un estado mental receptivo al cambio. En relación con las comisiones internas, algunas de las resoluciones de este Congreso estipularon la necesidad urgente de fijar por escrito en los convenios colectivos sus normas de actuación; especificar que su autoridad era ejercida a nombre de una asociación profesional de trabajadores; excluir de su poder de decisión toda medida tendiente a provocar una crisis de paro o trabajo a desgano; rediscutir el número de los integrantes; etcétera. El objetivo era alcanzar un mayor control sindical y empresarial sobre las organizaciones de base.
El Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social (CNPyBS) de marzo de 1955, fue la última y más importante tentativa de esta campaña. La actividad fue organizada en conjunto por la CGT y la CGE, bajo presión gubernamental. La sustancia de lo discutido allí se centró en el intento empresario de alcanzar una definición adecuada de los objetivos de la producción y del rendimiento de la fuerza de trabajo. Como bien sostiene Rafael Bitrán, “para los trabajadores lo que estaba en discusión eran parte de sus conquistas sociales y laborales” (Bitran, 1994: 103), aquello que constituía, al fin y al cabo, la justicia social en la vida diaria de la fábrica.
En síntesis, pese a toda la pompa oficial, el CNPyBS fue un rotundo fracaso. Concluyó con la firma de un vago Acuerdo Nacional de Productividad, que suponía la ulterior rúbrica de documentos particulares. Se trató de un intento desesperado de conciliar lo inconciliable. Se lo puedo observar como un momento de condensación de las líneas analizadas aquí: en plena crisis política, en un momento donde la coalición peronista se asentaba casi exclusivamente en el movimiento sindical; el gobierno busca limitarle a su principal socio político la mayor parte de sus prerrogativas en la esfera social y económica; sin alcanzar, como era de esperar, ningún éxito.
Este último y tardío intento de disciplinamiento obrero fue una muestra más del importante poder político y social que el movimiento sindical mantuvo a lo largo de toda la década, que frustró los planes gubernamentales de frenar y controlar la conflictividad.
A comienzos de 1956 el capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, interventor militar de la Confederación General del Trabajo (CGT) designado por la dictadura militar, afirmaba que el propósito del gobierno era el “de llevar a la práctica las conclusiones a las cuales arribó el Congreso de la Productividad, las que el gobierno de Perón se limitó a enunciar sin tomar las medidas apropiadas para asegurar su realización” (James, 1981: 336). No faltaba a la verdad. Desde la realización del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social hasta el golpe de estado de septiembre no se habían implementado ninguna de las resoluciones a las que se había arribado en él. La dictadura que lo había derrocado sangrientamente se proponía cumplir con la agenda económico y social que el peronismo, por su propia naturaleza, no pudo realizar
Hemos visto aquí, que la adhesión política no equivalía a una ciega disciplina. En 1947 y en 1954, ciertas organizaciones por rama desoyeron los pedidos disciplinarios de moderación. Esa capacidad sindical tenía en la situación política su condición de posibilidad, pero, a su vez, dependía de elementos particulares, de la dinámica de cada organización y del lugar que ocupaban sus representados en la economía nacional.
Junto con estos elementos particulares, dos factores generales justificaban esta movilización. Por un lado, el conflicto laboral estaba subsumido en el conflicto político gobierno-oposición, en la dicotomía peronismo-antiperonismo. Por otro lado, en un breve período, se había generado un sentido común obrero en el que ocupaba un lugar central la idea de que el poder les pertenecía, ya fuese en el ámbito estatal o en la planta.
Nuestra investigación es un aporte más a los estudios sobre peronismo y movimiento sindical; un campo que, como mencionamos al comienzo, se ha expandido radicalmente en los últimos años. La agregación de esas distintas tesis particulares (centradas en sindicatos nacionales o en regiones del país) lleva a hacia una nueva interpretación del vínculo.
La imagen de un movimiento sindical conservador, monolitico y, sobre todo, cooptado plenamente por el Estado ha sido superada. La investigación de Louise Doyon, hace ya varias décadas, había demostrado que el sindicalismo en los años peronistas habia tenido una praxis autonoma en ciertos níveles y esferas. Nuevos trabajos, en el que el nuestro está incluido, reafirmaron esta linea y la profundizaron, reconociendole no sólo peso económico sino que también político.
En la década peronista el movimiento sindical logró y defendió un importantisimo poder político, económico y social; gracias al cual mantuvo cierto márgen de movimiento, un márgen determinado por su vínculo órganico con el gobierno. Partir de esta suposición, y no desde la negatividad, desde la heteronomia y la verticalidad, permite que vaya tomando forma una nueva hipotesis general del período. Permite pensar la presencia de tres sindicalistas en el primer gabinete de Perón como una demostración de fuerza y no como cooptación; hace que la caída de la conflictividad en plena crisis se explique por decisiones político-estrategicas de las organizaciones y no por pura represión estatal; complejiza al movimiento sindical en su conjunto; y, hace posible que se pueda deslizar que la identificación política peronista no era un sintoma de debilidad sindical sino su opción política, una opción libre y consciente.
1 El Laborista, 6 de octubre de 1946.
2 El Laborista, 22 de noviembre de 1946.
3 Ídem.
4 La Época, 14 de febrero de 1947.
5 La Época, 25 de febrero de 1947.
6 El Laborista, 2 de marzo de 1947.
7 La Prensa, 4 de octubre de 1947.
8 Ídem.
9 Ídem.
10 La Época, 2 de octubre de 1947.
11 La Prensa, 7 de diciembre de 1947.
12 Democracia, 16 de mayo de 1950.
13 Metalurgia, julio de 1946. p. 13.
14 Metalurgia, enero-febrero de 1949, p. 9.
15 Entrevista a Torcuato Sozio, enero-septiembre de 1973, Archivo Historia Oral – Universidad Torcuato Di Tella, p. 37.
16 Ángel Borlenghi, del Sindicato de Empleados de Comercio, era el Ministro del Interior. Atilio Bramuglia, abogado de la Unión Ferroviaria, era Ministro de Relaciones Exteriores. José María Freire, del Sindicato del Vidrio, era Ministro de Trabajo.
17 “Desde entonces, y conducida por figuras casi sin antecedentes, la CGT se transformó en un agente de las directivas oficiales en el movimiento obrero” (Torre, 2002: 41)
18 En el Congreso, se votó una resolución destinada a eliminar elementos comunistas francos o encubiertos en cada sindicato. A su vez, se modificó el preámbulo del estatuto. Esto, según se consideró, ratificaba la peronización del movimiento obrero, pues se expresaba que la Doctrina Peronista definía y sintetizaba las aspiraciones fundamentales de los trabajadores argentinos. También se sostenía que el proceso de realización tendía hacia la gradual socialización de los medios de producción.
19 Como ya adelantamos, este poder penetraba hasta el propio lugar de trabajo, a través de las comisiones internas y los cuerpos de delegados. El gremio metalúrgico era en ese sentido un caso paradigmático; en él la comisión interna podía hacer despedir o suspender a obreros, capataces y supervisores; trastocando radicalmente las férreas jerarquías industriales. Así lo vivenciaba un directivo de la cámara de industriales del sector a mediados del gobierno peronista: “[…] Ya un jefe no puede observar a un subordinado, sin que éste responda airadamente, porque sabe que aunque la observación fuera justa toda una organización sindical está de su parte y no son pocos los jefes, capataces o encargados que se han visto suspendidos por la imposición de una comisión interna. El patrón que antes adoptaba una actitud enérgica en esas emergencias, opta hoy por dejar pasar hechos y actos que antes no hubiera tolerado. Influye muchas veces el temor a un paro u otros actos pasivos o de fuerza, que pueden perjudicarlo doblemente”. Metalurgia, septiembre de 1948, p. 23.
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Recibido: 01/08/13
Aprobado: 08/10/13
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