Trabajos y Comunicaciones, 2da. Época, Nº 45, e033, marzo 2017. ISSN 2346-8971
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Departamento de Historia

 

ARTÍCULO/ARTICLE

 

Políticas neoliberales y agronegocio en Argentina (1991-2002). Vertientes, antiguas y nuevas organizaciones agrarias empresariales, de la agricultura familiar, campesina e indígena



Gabriela Olivera

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
olivera14g@gmail.com

 

 

Cita sugerida: Olivera, G. (2017). Políticas neoliberales y agronegocio en Argentina (1991-2002). Vertientes, antiguas y nuevas organizaciones agrarias empresariales, de la agricultura familiar, campesina e indígena. Trabajos y Comunicaciones (45), e033. https://doi.org/10.24215/TyCe033

 

Resumen
Las principales dimensiones de análisis son las políticas estatales de corte neoliberal vigentes durante la década de 1990 en articulación al nuevo modelo agrario que se afianza en este período; el núcleo central de la investigación es el estudio de las principales organizaciones empresarias, de la agricultura familiar más capitalizada, campesina e indígena. Estudia sus discursos, las reivindicaciones que desplegaban en el espacio público, su formas de protesta frente al Estado, sus contenidos ideológicos. Agrupa a las organizaciones según su posicionamiento frente al agronegocio en dos vertientes, conformadas ambas por bases sociales y organizaciones heterogéneas pero que tienen como común denominador el apuntalar o el resistir activamente al agronegocio.

Palabras clave: Agronegocio; Políticas neoliberales; Organizaciones agrarias; Protestas rurales; Discursos y sustratos ideológicos de las organizaciones



Neoliberal policies and agribusiness in Argentina (1991-2002). Slopes, old and new agrarian business, family agricultura, peasant and indigenous organizations

 

Summary
The main dimensions of analysis in the neoliberal state policies in force during the 1990s, in connection to the new agrarian model that was consolidated during that period; The core of the research is the study of the main business organizations, the most capitalized, peasant and indigenous family agriculture. It studies their speeches, the claims they displayed in the public space, their forms of protest against the State, and their ideological contents. It groups the organizations according to their position in relation to agribusiness in two aspects, both formed by social bases and heterogeneous organizations, but whose common denominator is to prop up or actively resist agribusiness.

Keywords: Agribusiness; Neoliberal policies; Agrarian organizations; Rural protests; Speeches and Ideological substrata of organizations



1.-Introducción

Esta propuesta de artículo presenta un panorama de síntesis sobre el mapa asociativo rural empresario, de la agricultura familiar en sus segmentos más capitalizados, campesinos e indígenas durante la década de 1990, desde un enfoque histórico.1 Para ello considera pertinente contextualizar la temática en las políticas públicas sectoriales nacionales, en el modelo agrario que se afianza durante la década de 1990, conocido entre otras denominaciones, como “agronegocio”, vigente en la actualidad. Propone un estudio de las organizaciones, sus discursos relativos centralmente a sus demandas,2 sus contenidos ideológicos y sus acciones colectivas desplegadas en el espacio público.3

La agricultura familiar comprende a un amplio espectro de productores agropecuarios. En su conjunto puede definirse teóricamente por la existencia de un equipo de trabajo familiar, el involucramiento directo del titular en las actividades productivas, gestión y comercialización. Algunos autores han enfatizado el peso que revisten los aspectos identitarios en este tipo de actores. Ser agricultor familiar es mucho más que un oficio o una categoría productiva. Es una forma de vida. El vínculo con la tierra es un elemento central en esa identidad (Muzlera, 2009: 68-72). Friedman caracteriza a la agricultura familiar como producción mercantil simple y destaca su peculiar flexibilidad frente a coyunturas críticas dado que no tiene requerimientos estructurales de ganancia media y por tanto, presenta ventajas competitivas frente a la economía capitalista (Friedmann, 1981). Aquello que diferencia al productor mercantil simple del campesino es su grado de capitalización o su capacidad de acumulación y su fuerte vinculación con el mercado como orientador de su producción. Otra diferencia importante del campesinado con respecto al resto de la economía familiar es que su inserción en diferentes relaciones de mercado (de trabajo, financiero, tierras e insumos) es más débil y parcial. (Abramovay, 1998; Murmis, 1998). Este estudio abarca también a las organizaciones indígenas, cuya base social está representada en gran medida por campesinos. La condición étnica y cultural empero, no está forzosamente ligada a la actividad agropecuaria.

Para considerar la problemática de las organizaciones del sector agropecuario es necesario explicar las formas y las características que asume el agronegocio en Argentina. El núcleo central de este estudio se ubica en las intersecciones entre la sociología rural, la economía política y la historia agraria. Apuntamos a construir una visión sintética y relacional de las organizaciones rurales, para lo cual nos hemos basado principalmente en fuentes secundarias, provistas por investigaciones producidas por especialistas en la temática considerada y, en menor medida, en entrevistas a dirigentes de la Federación Agraria Argentina en el año 2007.4

Nuestro punto de partida temporal es la década de 1990 porque en aquel momento histórico el actual modelo agrario -con eje en la producción de commodities, en particular la soja- se generalizó, al compás de la implementación de políticas de reformulación del papel del Estado en la economía, la sociedad y la desregulación de los mercados. Al respecto, tuvo particular relevancia el decreto n° 2284 de 1991 (el que se analiza en el segundo apartado). El período bajo estudio termina en el 2002, cuando se deroga el régimen convertible de paridad cambiaria entre el peso y el dólar. A través de la ley 23928 se había fijado la paridad cambiaria entre el dólar estadounidense y el peso a una tasa fijada por ley con el fin de asegurar la estabilidad monetaria. Se obligaba al Banco Central a mantener reservas por un monto equivalente al 100 % de su base monetaria. Tuvo una eficacia antiinflacionaria inmediata y de estabilización de una economía altamente inflacionaria (Gerchunoff & Torre, 1996). La paridad cambiaria afectó a los bienes transables, es decir a las commodities, no así a los servicios –recientemente privatizados- y a quienes contaban con regímenes especiales o tenían baja exposición a la competencia externa. El peso “anclado” de manera fija al dólar no resultó beneficioso para el sector agropecuario, ya que éste vio reducido el poder adquisitivo local de sus divisas, mientras los precios internos de los servicios y los bienes transables se incrementaban (Basualdo, 2010). Si bien esta política puso en jaque la rentabilidad del sector agroexportador ya que ellos producían bienes transables en el mercado internacional, los sectores más perjudicados fueron los pequeños y medianos productores familiares muy integrados a los mercados. A partir del 2002, el agronegocio siguió expandiéndose y consolidándose, pero las condiciones de la política económica y el accionar de los actores exceden los propósitos de esta investigación.

Trabajamos las políticas agrarias, los discursos, los contenidos ideológicos y las principales demandas que las organizaciones agrarias llevaban al espacio público a través de la acción directa, las formas de confrontación con el Estado, estableciendo la existencia de dos vertientes de organizaciones con relación al agronegocio.

Sobre la noción de "organización" existen vastas líneas de desarrollos teóricos, en general más proveniente de la teoría política o la sociología que del campo historiográfico. Odonnell reconoce un plano corporativo-organizativo de construcción de los actores que se refiere a la representación y a la defensa de los intereses sectoriales en organizaciones tales como las cámaras, los gremios, los sindicatos y que se distingue del plano específicamente político-ideológico en que trasciende a los intereses particulares para constituirse en portador de intereses más generales, a través de las burocracias estatales, los partidos o los movimientos políticos (Odonnell, 1978: 41-46). Lattuada, (2006) desde la sociología, se ubica en una perspectiva teórica “neocorporativista” en la cual resulta central el análisis de las posiciones y los recursos de los colectivos sociales y las organizaciones, destacándose entre ellas el Estado. Desde este enfoque es relevante el estudio de las relaciones, los conflictos entre las organizaciones y con el Estado.

Desde nuestra perspectiva, las organizaciones pueden ser consideradas como sujetos que se construyen y redefinen sus perfiles en base a las siguientes cuestiones:

  1. Los discursos y los contenidos ideológicos que las organizaciones despliegan en el espacio público, tanto con relación a las políticas estatales y a otras entidades (principal aunque no exclusivamente agrarias.)

  2. El contenido y las formas que asumen las confrontaciones con el Estado y las luchas desplegadas en el espacio público, en términos de, entre otras cuestiones, la acción colectiva disruptiva. Este concepto puede ser entendido como la acción orientada a intervenir en el campo político con el objetivo de influir en las decisiones gubernamentales, a las que pueden incluso llegar a redefinir reglas en el campo político Es relevante considerar además las formas y los mecanismos a través de los cuales se cimentan los consensos, para dar lugar a la agregación y a la representación de intereses. (Schuster et al, 2006; Scribano, 2003).

Nuestro planteo central es el siguiente:

a) La estructura de representación de intereses agrarios y cada una de las organizaciones que la componen han experimentado transformaciones relevantes, debido centralmente a los siguientes factores: el surgimiento y la consolidación del agronegocio, las políticas estatales neoliberales y la crisis de representación política, que trajeron aparejada una devaluación del papel que cumplían los partidos políticos, los gremios y una disminución en la participación de los asociados, cuestiones que han delineado nuevas reglas de juego en la institucionalidad agraria. Los cambios en el perfil de las entidades gremiales y la creciente relevancia de entidades nuevas se explican por estos factores.

b) Dentro del conjunto diverso de organizaciones agrarias se han delineado dos vertientes: una que apuntala a la reconversión y a la adopción de pautas propias del agronegocio por parte de segmentos de la agricultura familiar y el empresariado rural. Esta vertiente tiene epicentro territorial y mayor desarrollo en la región pampeana.5 Plantea, entre otras cuestiones, que la adopción de los lineamientos del agronegocio es la única vía de integración al mundo globalizado en términos beneficiosos para el país y de modernización económica. La otra vertiente se opone y resiste al agronegocio tanto en su discurso como sus prácticas y afirma que existen otras vías alternativas de desarrollo rural.6 Esta vertiente tiene como principales protagonistas a los campesinos, a los indígenas y se sitúa territorialmente en lo que se denomina globalmente como “área extrapampeana”, la que comprende el noreste, noroeste y la Patagonia argentina.

Lattuada, basándose en Moyano, conceptualiza a las entidades gremiales como de tipo reivindicativas por tener como objetivo fundamental la defensa integral de los intereses de un determinado colectivo; ser universalista en la naturaleza de los fines que persiguen y la actividad que desarrollan, y tener un discurso con un fuerte componente ideológico, construido en función de los valores que asumen sus dirigentes y las formas en que éstos interpretan los problemas de su base social. Estos rasgos se deducen de sus funciones esenciales: representación, reivindicación y defensa de intereses. Indica también la existencia de otro tipo de organizaciones no reivindicativas que persiguen objetivos de naturaleza económica, presentan un discurso acotado a fines específicos. Un ejemplo del segundo tipo de entidades son las cooperativas que llevan adelante sus operatorias en el mercado, las que han sido históricamente relevantes pero que en el período considerado han dejado de serlo. En este segundo tipo ideal se podrían ubicar las “nuevas entidades”, ubicadas tanto en el campo del apuntalamiento como de la resistencia a los lineamientos del agronegocio (Lattuada, 2006: 20-23). Planteamos esta tipología porque pensamos que puede ser pertinente para el análisis de la nueva institucionalidad agraria.

En el apartado siguiente realizamos una presentación sintética en las características más importantes del agronegocio en Argentina. Posteriormente, mostramos de manera sucinta los antecedentes históricos sobre la institucionalidad agraria y sus actores. En la cuarta sección nos dedicamos al análisis de las demandas y sus contenidos ideológicos, las acciones colectivas llevadas adelante por los diferentes tipos de organizaciones, en el marco de las políticas públicas.

2. Políticas públicas, surgimiento y desarrollo del agronegocio en Argentina.

Desde la asunción del gobierno de Menem en 1989 se aplicaron políticas de corte neoliberal de manera sistemática. Estas se basaron en una reducción en las funciones de regulación estatal, la privatización de empresas públicas, planes de ajuste fiscal y apertura externa de la economía. Los sectores más concentrados de la economía fueron beneficiados desde la esfera gubernamental y, a través de las privatizaciones de las empresas estatales industriales y de servicios. Las agencias multilaterales de crédito, los acreedores e inversores extranjeros se constituyeron en interlocutores privilegiados en las decisiones gubernamentales (Basualdo & Aspiazu, 2002)

Argentina emprendió otra etapa de agriculturización y de modernización tecnológica. Los volúmenes producidos y exportados crecieron de manera significativa. El gran incremento de los precios internacionales de los commodities y, en especial la soja, junto a la introducción de un nuevo paquete tecnológico y una nueva forma de organizar la producción favorecieron el proceso de “sojización” de la economía agraria. Desde 1990/1991 y 1995/1996 la superficie cultivada con soja había crecido 1.000.000 has, mientras que en el quinquenio posterior (1995/1996 y 2000/2001) crecería 4.660.000 has, y en el siguiente (2000/2001 a 2005/2006) el incremento sería de 4.700.000 has sembradas con soja (Giarraca, 2011: 333)

En el contexto de la reformulación del papel del Estado en la economía, la sociedad y su implementación a través de “Reformas Estructurales” en 1991 -por medio del decreto 2284- se desregulaba el comercio interior de bienes, servicios y se ampliaba la apertura del mercado externo. Además, se desregulaban las relaciones laborales en las actividades portuarias, se simplificaba la inscripción en los registros de los importadores y exportadores de la Administración Nacional de Aduanas y se reducía el tamaño de la administración pública. Se eliminaban la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, La Corporación Argentina de Productores de Carne, el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, la Dirección Nacional del Azúcar, el Mercado consignatario de Yerba Mate y el Instituto Nacional Forestal. Posteriormente, se sancionaron otras medidas desregulatorias en materia de transporte, seguros, puertos, navegación, pesca y servicios, como la telefonía. La eliminación de estos organismos públicos del sector agropecuario, de las regulaciones que ejercían y la derogación de los impuestos que servían para financiar a los organismos disueltos afectó profundamente a la dinámica interna del sector agropecuario, regulaciones que se habían cimentado desde la década de 1930 (Barsky & Dávila, 2008). Con la desregulación de los mercados el Estado autorizó la comercialización de los cultivos transgénicos y se incorporaron las nuevas prácticas productivas asociadas a éstos, procesos operados a lo largo de la década de 1990. En 1996 se liberó la comercialización de la soja resistente al herbicida glifosato, comercialmente difundida bajo el nombre Roundup Read y propiedad de la multinacional Monsanto. Su uso se difundió al igual que la práctica de la siembra directa. Estos tres pilares productivos: soja transgénica, glifosato y siembra directa constituyen lo que se conoce como "paquete tecnológico" (Gras & Hernández. 2009). Los rasgos centrales del agro argentino se vieron reconfigurados de manera abrupta, dando lugar a una agricultura dominada en mayor medida por la lógica de los “negocios”, por el mercado y fuertemente asociada a las revoluciones en las áreas de la biotecnología y la ingeniería genética. Se afianzó una agricultura empresarial, con fuertes vínculos entre la industria, el comercio y las finanzas (Carini & Olivera, 2015: 245-270). Esta cuestión tuvo particular relevancia en la estructura social agraria, con la desaparición de una parte importante de la agricultura familiar, campesina y de las comunidades indígenas. Entre los censos de 1988 y 2002 desaparecieron el 25 % de las explotaciones agropecuarias en Argentina, mientras aumentaban las unidades de más de 500 hs (y particularmente aquellas de entre 1.000 y 2.500 has), lo que entre otras cuestiones, pone en evidencia un proceso importante de concentración de la tierra, más que la concentración de la propiedad de la tierra propiamente dicha, dado que entre otras cuestiones, los pools de siembra y los fideicomisos han accedido (y lo siguen haciendo) a la tierra a través del arriendo y no de la compra.7 (Giarraca & Teubal, 2013: 30; Teubal et al, 2005)

Las “Reformas estructurales” y los procesos de desregulación del sector agrario provocaron fuertes grietas en el entramado político y social nacional. La política no aparecía como un mecanismo adecua

do para cambiar las formas de vida y trabajo de la población. Su relevancia y legitimidad se devaluaron. Algunas identidades políticas se disolvieron, otras se transformaron. Cambiaron los contenidos, las demandas de los colectivos y sus representaciones sociales, operándose una profunda crisis de representación que afectó al conjunto de la sociedad, a los partidos políticos y a las entidades gremiales (Pucciarelli, 2001).

Desde diferentes miradas analíticas este nuevo patrón social y productivo ha sido denominado como “nueva ruralidad”, “agricultura o ruralidad globalizada”, agribusiness o “modelo extractivo” (Hernández, 2009; Gras, 2009; Giarraca & Teubal, 2013). Estos conceptos habilitan a pensar en una modalidad distinta de actores y relaciones sociales en el agro. Comprende, entre otras cuestiones, la coexistencia de empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte de holdnings con el soporte del capital financiero internacional, empresas de agroturismo, en mundos rurales en los cuales conviven campesinos, productores familiares y trabajadores rurales segmentados por los cambios en los procesos de trabajo. Estos actores, presentes en las nuevas arenas, tratan de imponer o adaptarse a las nuevas reglas de juego, afianzar o resistir gramáticas de poder político (Carini & Olivera, 2014: 9).

3. Antecedentes históricos sobre las organizaciones agrarias

La estructura de representación de intereses agrarios en Argentina se fue conformando desde mediados del s. XIX. Tiene como hito importante la creación de la Sociedad Rural argentina en 1866, entidad que aglutinaba a los terratenientes, principalmente ganaderos y comerciantes. A partir del conflicto agrario de 1912, conocido históricamente como Grito de Alcorta, surge la Federación Agraria Argentina, organización que históricamente nucleaba a los arrendatarios y a los pequeños productores agropecuarios (Bonaudo & Godoy, 1985: 173-179). Según Martínez Nogueira, desde principios del s. XX se conformaba en el ámbito agrario “la estructura de representación dual”, la que reconocía como principales protagonistas a la Sociedad Rural Argentina –que constituía un espacio crucial de los grupos hegemónicos rurales con fuerte gravitación en la política nacional– y a la Federación Agraria Argentina, que había surgido como expresión de los grupos rurales marginados de los esquemas de articulación del poder y de representación, y como espacio de resistencia de los chacareros, en aquel momento en gran parte arrendatarios. En esta estructura de representación se planteaba como rasgo distintivo la dinámica antagónica entre ambas organizaciones (Martínez Nogueira, 1985: 296-299).

Con el creciente intervencionismo estatal durante el s. XX y particularmente desde la década de 1930, las organizaciones rurales participaban crecientemente de un sistema institucional de agregación y mediación de intereses. En esta etapa histórica la estructura de representación presentaba un perfil más complejo que la existente anteriormente y reconocía la importancia creciente de otras entidades. Al respecto, destacamos por su relevancia la conformación de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), creada en 1932, y la entidad de tercer grado CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), de 1942 (Lattuada, 1992) Se iban generando nuevos contenidos en las demandas de los diferentes colectivos agrarios y una mayor articulación entre los diferentes grupos de productores. Estos cambios se anclaban, a su vez, en dos procesos entrelazados: cambios económicos y productivos en la configuración de la estructura social agraria, ampliación y desarrollo del espacio público, de las agendas gubernamentales en el tratamiento de la temática agropecuaria, y en el desarrollo de nuevos marcos regulatorios (Barsky & Pucciarelli, 1997) (Barsky & Gelman, 2001). Se fue, en suma, conformando aquello que Lattuada caracteriza como “una estructura segmentada en la representación de intereses” en la agricultura, la que reconocía una multiplicidad de formas asociativas, disputas y confrontaciones entre los diferentes grupos de interés (Lattuada, 1992).

Con el desarrollo de las organizaciones gremiales, su creciente articulación regional y nacional, se multiplicaron las cooperativas de primer grado -conformadas en su mayor parte por pequeños y medianos productores- asociadas a colectivos mayores de segundo y tercer grado. Estas apuntalaban a llevar adelante sus operatorias económicas puntuales – y podían también cumplir funciones de representación de intereses más generales, en un contexto en el que se gestionaban y agregaban intereses rurales en espacios reconocidos y legitimados por el Estado nacional. Particularmente, el papel del cooperativismo agrario fue relevante en incentivar trayectorias de movilidad social ascendente entre los sectores medios del campo (Olivera, 2006: 7-19).

4.- La nueva institucionalidad del agronegocio.

Según Lattuada, la explicación acerca del surgimiento y del crecimiento de las nuevas asociaciones y las profundas transformaciones de las organizaciones pre-existentes radica en que cambiaron las condiciones de viabilidad de las explotaciones agropecuarias en el marco del nuevo modelo agrario y la implantación de las políticas neoliberales. Esto impulsó a los productores a buscar nuevas fórmulas de organización y asociación, pero todas presentaban una discursividad menos integral, que respondía a demandas más acotadas, específicas como rasgo en común. La totalidad de estas nuevas asociaciones se caracterizaban por constituir grupos informales (formas organizativas laxas) y por esa razón el autor las denomina como “formas protoasociativas”, ya que en este conjunto existía poca cantidad de asociaciones civiles, sociedades de hecho y extremadamente pocas Sociedades de Responsabilidad Limitada. Otro rasgo distintivo de la “nueva ruralidad” es que se ha profundizado la fragmentación del andamiaje institucional del agro pampeano, provocándose una verdadera “explosión pluralista de asociaciones de todo tipo en el territorio nacional” (Lattuada, Mario, 2013: 49-57).

4.1. Políticas públicas, discursos y acciones de las organizaciones gremiales.

Durante la vigencia del régimen convertible (1991-2002), desde el gobierno una propuesta central fue la supresión de las retenciones y, otra estaba ligada al otorgamiento de créditos para la adopción de nuevas tecnologías y para impulsar la reconversión productiva del sector.8 El gobierno implementó además una batería de medidas paliativas para los pequeños productores. Estas medidas apuntaban a mejorar la vinculación de los pequeños productores con el mercado y al sostenimiento de las condiciones mínimas de vida. Fue impulsada desde diversos organismos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, otras fuentes de financiamiento del presupuesto nacional, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Con estas fuentes de financiamiento los programas más importantes que se implementaron fueron Cambio Rural y el Programa Social Agropecuario (Lattuada, 2006: 113-136). Pese a la implementación de esta política la situación se hizo cada vez más crítica y el endeudamiento apareció como el problema central entre el segmento de pequeños y medianos productores que estaban adoptando el “paquete tecnológico” (siembra directa/ soja RR/ glifosato).9

Este fue el caso paradigmático del origen del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, quienes constituían inicialmente un grupo de pequeños y medianos productores familiares de La provincia de La Pampa. Se centraron en la problemática del endeudamiento, en detener la ejecución y los remates de tierras, reconsiderar la legitimidad de las deudas, refinanciar los montos a plazos no inferiores a los diez años y a tasas que no excedieran el nivel internacional, teniendo en cuenta la capacidad de pago de cada explotación (Lattuada, 2001)

El problema del endeudamiento fue un problema relevante y particularmente vinculado a pequeños productores estrechamente ligados al mercado, pero la crisis de representación política trajo aparejada otros problemas comunes al conjunto de las asociaciones gremiales. Se redujo el número de asociados. Su interés en la discusión y la resolución de problemáticas acuciantes, a través de su participación activa disminuyó. La representatividad de sus dirigentes fue crecientemente cuestionada y desaparecieron fuentes estatales de financiamiento de las organizaciones. En la medida en que estos cuestionamientos no formaban parte de la agenda estatal se multiplicaron las protestas y las acciones directas.

Las demandas de los gremios cuya base social estaba representaba por los empresarios rurales y la agricultura familiar más capitalizada se centró en la reducción de impuestos, mayores facilidades en el acceso al crédito bancario, refinanciación de pasivos, reintegros para las exportaciones de las economías regionales, eximición de las deudas previsionales que pesaban sobre un segmento importante de productores (Carini & Olivera, 2016: 55-65). Se solicitaba al Estado que declarara situaciones de emergencia agropecuaria, en una estrategia que combinaba medidas de acción directa y canales de diálogo para obtener respuestas a sus demandas. La protesta rural fue impulsada desde este tipo de organizaciones gremiales que era pre-existentes a las políticas neoliberales como Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Rural Argentina (CRA), CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria limitada, entidad cooperativa de tercer grado) y otras nuevas que se conformaron en la década de 1990, como por ejemplo la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), la Asociación de Productores de la Zona sur (APASUR). Es necesario puntualizar que en estas acciones diversas, ninguna de las organizaciones cuestionaba el régimen de la moneda convertible, dadas las experiencias inflacionarias e hiperinflacionarias anteriores. (Lattuada, 2006: 177-206)

Las principales formas de lucha fueron los piquetes (que implicaban paralización del tránsito terrestre), la paralización de las actividades bancarias y los pagos de los impuestos, los tractorazos, las concentraciones y las asambleas de productores, los cierres de los comercios y apagones de energía eléctrica. Mencionamos, por su importancia los paros agrarios de 1994 y 1999, los que habían sido convocados por la FAA y contaban con el apoyo de CRA y CONINAGRO. El primer paro consistía en un paro “tranqueras afuera”, es decir durante diez días las entidades rurales acordaban que sus asociados no realizaran ninguna operación de mercado. El segundo tenía como un eje principal el problema del endeudamiento tributario, la reducción del precio del gasoil y de las tarifas de peajes. En este marco CARTEZ (Confederaciones Rurales de la Tercera Zona) acordaron movilizaciones en la ciudad Capital y otras localidades, tales como Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Al mes siguiente FAA convoca a otro paro de “tranqueras afuera”. Acompañan la medida CRA y CONINAGRO, a la que se le suma por primera vez SRA (Sociedad Rural Argentina). (Carini & Olivera, 2016: 61-69)

Es necesario aclarar que las organizaciones que participaban en estas movilizaciones no actuaban de manera coordinada. En algunas coyunturas las movilizaciones eran protagonizadas de forma separada, en otras se establecían alianzas efímeras. Las demandas que prevalecían en las diversas formas de lucha también variaban.

Cabe especial mención el accionar de la FAA. Dado que esta organización contaba con una base social muy heterogénea, compuesta por segmentos de agricultura familiar que se estaban reconvertiendo a las pautas del agronegocio, otros segmentos que se endeudaban, quienes dejaban de ser viables como unidades económicas y campesinos, existía una puja interna fuerte en su interior, en la lucha por espacios y cargos de la entidad. (Lattuada, 2003: 184-206). Ideológicamente convivían de manera antagónica quienes estaban a favor del agronegocio y también quienes se oponían críticamente a su despliegue.

Las cooperativas, integradas mayoritariamente por pequeños y medianos productores, experimentaron un deterioro progresivo. El número de productores y el nivel de actividad económica disminuyeron como producto de la crisis y la concentración que afectó a sus bases sociales, por la debilidad financiera y la inadecuada capacidad para enfrentar las nuevas condiciones de apertura y desregulación financiera. (Lattuada, Mario & Renold, Juan, 2004: 43-45).

Por otra parte, antiguas entidades cooperativas de segundo grado y relevante peso relativo- tales como Agricultores Federados Argentinos (AFA), Asociación de Cooperativas Agrarias (ACA), Cooperativas Unidas Limitadas (Sancor)- experimentaron cambios sustanciales, adoptando una lógica más empresarial con relación a las organizaciones primigenias. (Lattuada, 2016: 51)

Con la caída del régimen convertible luego de la crisis política, social y económica del 2001 y la consecuente devaluación, el sector de bienes transables se vio beneficiado internacionalmente en un primer momento, para luego ingresar en un estadio de resultados fluctuantes. La devaluación generaba una situación de retorno coyuntural a un escenario pre-convertibilidad, no carente de conflictos y protestas rurales. La temática del endeudamiento, que había sido central para los pequeños productores anteriormente, perdía relevancia en la medida en que algunas explotaciones pequeñas lograban condonar o refinanciar sus deudas. Otras demandas adquirían importancia, tales como las variaciones en el tipo de cambio, la baja en las retenciones a las exportaciones y, particularmente entre los pequeños productores se iba delineando la importancia de los reclamos sobre precios sostén.10 (Lattuada, 2013: 58-59)

En un momento de severa crisis del régimen convertible, en el año 2000, se realizaron elecciones en la conducción de la FAA y la lista ganadora (bajo la presidencia de Eduardo Bussi) expresaba un cierto giro que procuraba consensuar políticas gremiales afines entre sectores, entre otras cuestiones, a favor o adversos al agronegocio, expresando esta cuestión los profundos procesos de cambios y reconversiones productivas que experimentaba la agricultura familiar (entrevistas realizadas a dirigentes de FAA en el año 2007).11

4.2. Las nuevas organizaciones que apuntalaban el agronegocio y su vinculación a las organizaciones gremiales.12

Las principales organizaciones de nuevo cuño que apuntalaban y siguen apuntalando el agronegocio, AACREA y AAPRESID, a diferencia de SRA que postulaba que la modernización del agro tenía la liberalización de los mercados como eje central, afirmaban que era el dinamismo, la innovación tecnológica, la que lideraría la revolución en la biotecnología. (Gras & Hernández, 2009: 35-39). Hernández afirma que los promotores del agronegocio han construido una “solidaridad de facto”, la que está compuesta por aquellos actores impulsores y beneficiarios del modelo como los pools de siembra, los fideicomisos, los grandes y medianos productores que practican el agronegocio en condiciones de rentabilidad, las empresas y comercios de agroquímicos, etc. Para estos actores el agribussines es la única vía posible de actualización y participación exitosa en el mundo globalizado y a esta cuestión se refieren con “ruralidad globalizada”. Plantean que para que la explotación agropecuaria y la agricultura familiar puedan permanecer en el mercado y capitalizarse, debe transformarse en una “empresa-red” que sea capaz de incorporar un management moderno y que pueda desplazarse desde lo agrario a lo transsectorial (industrial, financiero, comercial, etc.). La familia como equipo de trabajo es vista desde este paradigma como inviable y para superarse debería reconvertirse en empresa de la información, la comunicación y la aplicación de conocimientos biotecnológicos (Hernández, 2009; Gras, 2009).

Liaudat (2015) sostiene que estas entidades apostaban y siguen apostando a una construcción hegemónica en las características ideológicas del discurso, discurso que trasciende la raigambre local para involucrarse en una raíz transnacional, que toma como modelo los Centros de Técnicas Agrícolas franceses, los que plantean una relación novedosa entre instituciones públicas, privadas y un plan orientado para modernizar la empresa agraria. Esta hegemonía se expresa y expresaba discursivamente, entre otras cuestiones, en el “paradigma de la red”, en el cual se rediseñaba la organización del trabajo de la empresa rural tradicional y la agricultura familiar. El factor propiedad de la tierra era devaluado y prevalecía el conocimiento como factor clave. La “cadena de valor”, conformada por la red de estas nuevas empresas constituían un “Cluster”, que presentaba ventajas competitivas por la amplitud de su escala y la disponibilidad relativa de capital.

La implantación social y el desarrollo ideológico-técnico de este discurso con pretensiones hegemónicas se realizaba no solo a través de AACREA y APRESID, sino de la universidades públicas y privadas, en el grado y en el posgrado, tales como FAUBA (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires) (1998) y UCA (Universidad Católica Argentina) (1999).(Hernández, 2009: 45-59). (Gras & Hernández, 2013b).

AACREA surgió en 1957. Un rasgo relevante de esta asociación fue y es la celebración a las nuevas tecnologías en los procesos de producción, cuestión visible ya desde la década de 1960. Su objetivo es, afirmaban, constituirse en “punta de lanza de una nueva agricultura” con superioridad técnica. Prevalecían las preocupaciones técnicas y la necesidad de integrar conocimientos científicos a las prácticas agrícolas. Su accionar se basaba en el trabajo con grupos de productores locales, en la elaboración conjunta de planes de trabajo que tendieran a la viabilidad económica según los lineamientos del agronegocio y en el que el asesoramiento técnico cobraba centralidad. Ellos afirmaban que los grupos CREA actuaban como “pools de ideas y experiencias”, como enlaces entre el saber desarrollado en el ámbito científico y su implementación en las explotaciones agropecuarias, a través de los planes de experimentación empírica, en reuniones periódicas con un asesor técnico donde se establecía el plan de trabajo para cada empresa (Gras & Hernández, 2013b: 47-55).

AAPRESID fue creada en 1989 de un desprendimiento de AACREA, ya que en su interior existían visiones tensionadas entre los límites de una agricultura conservacionista o productivista. AAPRESID implicó el triunfo de la postura productivista, expresada en su dedicación casi exclusiva a la siembra directa, aunque persistían continuidades relevantes con respecto al perfil de AACREA. Ambas organizaciones cobraron mayor impulso con la autorización estatal de los Organismos Genéticamente Modificados en 1996 y se constituyeron en organizaciones productivas con alcance multiescalar (que operan en territorios nacionales, regionales y transnacionales) (Gras & Hernández, 2013a: 42) (Gras & Hernández, 2013b: 37-50).

Si bien su discurso está centrado en lo técnico y se enorgullecen de haber construido organizaciones e ideas sin la ayuda del Estado, instan a los productores a la organización autónoma del Estado, devalúan la política y excluyen de su identidad explícitamente los aspectos gremiales y enfáticamente los políticos. No obstante, ejercen presiones sobre el Estado tipo lobbyng en determinadas coyunturas, en general, en directa relación con empresas de semillas, agroquímicos nacionales e internacionales y con gremios empresariales. Construyen legitimidad a partir de presentarse como una referencia en el campo del conocimiento y mostrar los avances tecnológicos de otras partes del mundo. Se distancian de las entidades gremiales del sector a las que muestran como meramente corporativas pero a cuya lucha corporativa se suman (Liaudat, 2015).

Al respecto, Lattuada (2003) sostiene que las nuevas asociaciones replanteaban la estructura interna y las estrategias de las entidades gremiales, incorporando a la función de defensa de intereses sectoriales, una mayor oferta de servicios, asesoramiento técnico con el objetivo de “ganar posiciones” frente a otras entidades en las disputa por las mismas bases sociales. Para Carla Gras (2010) las nuevas asociaciones no entraban en competencia por las bases sociales puesto que podría pensarse en una suerte de “división del trabajo” que implicaría que las nuevas se concentran en los aspectos técnicos, en los ámbitos específicos, reforzando así su lugar de entidad especializada e impulsando incluso a sus asociados a integrarse a las de tipo gremial que son las que se dedican a la defensa de los intereses más generales ante, entre otras cuestiones, las políticas económicas.

¿Competencia o complementariedad entre las entidades de antiguo o nuevo cuño que apuntalaban el agronegocio? Sin dudas, un interrogante que necesita ser profundizado. Al respecto, un estudio de caso sugerente y fundado es que aporta Carini en su estudio sobre la Sociedad Rural de Río Cuarto. Durante la etapa de la convertibilidad esta entidad apeló de estrategias clásicas corporativas, como el lobby que ejercía sobre el Estado provincial y la movilización gremial, pero al mismo tiempo realizó un importante esfuerzo institucional para favorecer la reconversión de sus bases sociales según los lineamientos del agronegocio. La prestación de servicios, la relevancia otorgada a las prácticas que indujeran o facilitaran la reconversión productiva de sus asociados pasaron a ocupar un lugar central que incorporaba componentes discursivos diferentes con respecto a los que históricamente habían caracterizado a la entidad. Mantenían una fluida relación con AACREA y AAPRESID a través de conferencias y seminarios. (Carini, 2016: 216-341)

4.3. Demandas, acciones y elementos ideológicos que la vertiente que resistía y resiste al agronegocio.

En un contexto de fuerte conflictividad social generada por las políticas de ajuste neoliberal durante la década de 1990, la acción directa fue creciendo también en los ámbitos rurales del noreste, noroeste y la Patagonia argentina. Estas áreas, principalmente el nordeste y el noroeste, presentan preponderancia campesina. Se han gestado nuevas redes (ferias francas, redes propias de comercialización con supermercados y cooperativas). Ha habido protestas protagonizadas principalmente por campesinos e indígenas, como paros agrarios, cortes de ruta, marchas en distintas zonas del país: fruticultores del Valle de Río Negro, cañeros de Tucumán, yerbateros de Misiones, tamberos de la cuenca lechera de Córdoba. Las reivindicaciones han sido variadas: solicitudes de diversos tipos de subsidios y créditos estatales, fijación de precios sostén que garantizaran precios compensatorios de los costos por la producción de materias primas (Lattuada, 2013: 45-60).

No obstante, es posible afirmar que ya desde fines de la década de 1990 la lucha central de los campesinos e indígenas ha sido por la tierra. La agriculturización que resultaba de la asceleración de la sojización, en gran parte incentivada por el alza en el precio de esta commoditie en el mercado internacional, con epicentro en la región pampeana, ha implicado un avance sobre el territorio en que se asienta la producción campesina e indígena. Este territorio ha cobrado mayor valor con el corrimiento de la frontera sojera y ganadera pampeana, ya que la expansión de la superficie cultivada con soja ha acrecentado el interés por comprar tierras para uso ganadero más allá del territorio pampeano, lo que a su vez, ha impulsado procesos de titulación de tierras por parte de empresarios vinculados al agronegocio. Las titulaciones no han tenido en consideración los antiguos derechos posesorios de campesinos e indígenas y entonces se han producido confrontaciones y denuncias por usurpación de tierras, en algunos casos violentas (Barbetta et al, 2009: 190-201).13 Además, los megaemprendimientos mineros, sus requerimientos de agua, tierra y la contaminación ambiental derivada de las nuevas tecnologías han confinado a los antiguos pobladores a una disminución cuantitativa y cualitativa de sus territorios. Con relación a este proceso algunos autores hablan de “pampeanización” de la Argentina, en el sentido en que el espacio sojero pampeano ha avanzado más allá de sus propias fronteras (Norte de Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Formosa, etc.), en una dinámica territorial que va despojando o arrinconando a los pueblos indígenas y campesinos (Castillo, 2013: 125).

La resistencia ha sido impulsada por actores preexistentes al agronegocio, como el Movimiento Agrario Misionero (MAM), han surgido también nuevas entidades, de variadas formas organizacionales, como el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), la Red Puna, a la que se sumaba a mediados de la década de 1990 el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST) de Mendoza, el Encuentro Calchaquí de la zona de los Valles de Salta, entre otras. En las estrategias de defensa del territorio campesino ha participado activamente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Una cuestión central en la agenda de este tipo de entidades es la lucha por generar procedimientos legales de titulación de tierras indígenas (Hocsman, 2014: 50-53).

En esta multiplicidad de asociaciones, algunas se autodenominan como autogestivas, en el sentido en que enarbolan consignas de autonomía y horizontalidad en sus formas organizativas internas, otras han contado con el apoyo económico de organizaciones no gubernamentales (ONG).14 Surgió también una línea de organizaciones que luchan contra la contaminación y los efectos que los agrotóxicos tienen sobre la salud humana y el ambiente por ejemplo Madres del Barrio Ituziangó, Movimiento Paren de fumigar, Movimiento de Médicos de Pueblos Fumigados, la que no tiene forzosamente una base social rural, pero si una clara postura crítica frente al agronegocio por sus consecuencias ambientales y sobre la salud humana (Barri, 2013).

Estas organizaciones de base local se van articulando a los movimientos campesinos o indígenas nacionales y latinoamericanos como el Movimiento Nacional Indígena (MNCI), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y a la Vía Campesina. Por su parte, las organizaciones locales que protestaban contra la contaminación ambiental y el uso de agrotóxicos en el agronegocio se han vinculado a agrupaciones mayores, como el Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe, un movimiento plural y diverso de experiencias de desarrollo, investigación, formación y promoción que congrega a más de 85 instituciones de agricultores, campesinos, ONG, universidades, comunidades indígenas, sin tierra, mujeres y jóvenes rurales desde una perspectiva agroecológica (Lattuada, 2013: 54)

En el entramado entre organizaciones campesinas e indígenas locales con universidades y profesionales locales se fueron constituyendo espacios para la reflexión, el debate y la producción de ideas críticas a los lineamientos del agronegocio. Los alineamientos con otras entidades nacionales y latinoamericanas han contribuido de manera sustantiva al intercambio de ideas y experiencias. Pese a la heterogeneidad de ideas, actores y discursividades señalamos que existe un sustrato ideológico común, en el sentido en que hay una postulación colectiva con elementos afines y convergentes en los modos de comprender, interpretar, actuar sobre la sociedad, la economía, la política, la ciencia y la tecnología. Pensamos que esta cuestión nos habilita a plantear la existencia de una vertiente que resiste al agronegocio desde la década de 1990.

No existe una idea única de desarrollo “alternativo”, “post desarrollo” o desarrollo “contrahegemónico”, sino diversos conceptos, vinculados a diferentes experiencias teóricas y/o históricas, tales como la noción de soberanía alimentaria que connota la producción de alimentos según las necesidades de la población y no la acumulación de capital,15 la biodiversidad como idea opuesta a la sobreexplotación de recursos naturales, el buen vivir referido a la ampliación y mejoramiento en la calidad del consumo popular, el Estado Plurinacional que reconoce un enfoque que incluye al indigenismo, apunta a garantizar la diversidad productiva, el abastecimiento de los mercados locales (Svampa, 2012: 17-58).

Esta vertiente de pensamiento caracteriza al actual modelo agrario como “extractivista” o “neoextractivista”, el que se refiere a un patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de los recursos naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como a la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos o con fuerte presencia campesina e indígena. El neoextractivismo se basa en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos agrarios (maíz, soja y trigo) y biocombustibles. Otra característica es que se trata de megaemprendimientos, de tipo capital-intensivos y no trabajo-intensivos, que son llevados adelante en general, por grandes corporaciones (Giarraca & Teubal, 2013).

Desde la perspectiva de Svampa, el modelo extractivista es producto de relaciones internacionales de carácter eminentemente político. Se hace realidad porque el Consenso de Washington (1995) logró reforzar reglas de juego asimétricas entre los países latinoamericanos y la geopolítica mundial, tanto en los planos políticos como ambientales, los que, entre otras cuestiones, garantizaron la seguridad jurídica al gran capital transnacional. Propiciaron y apuntalaron procesos de desregulación estatal y privatizaciones, es decir políticas de claro sesgo neoliberal. Estas macropolíticas inauguraron un “cambio de época” que sentaron las bases y las condiciones de posibilidad para que en el modelo de acumulación cobrara centralidad el “Consenso de Commodities, con inflexión extractivista”, basado en la intensificación en la exportación de bienes primarios, es decir en una economía externamente inducida desde los países centrales y las potencias internacionales que condujo a una “reprimarización” de las economías latinoamericanas (Svampa, 2012: 17-58).

Esta vertiente plantea que el agronegocio presenta una determinada dinámica territorial cuya tendencia es a la ocupación intensiva del territorio, a través de formas ligadas al monocultivo o monoproducción, entre cuyas consecuencias se halla el desplazamiento de otras formas de producción (economías locales/regionales). Consideran que el avance sobre el territorio combina, en gran parte de los casos, la dinámica del enclave o de la fragmentación territorial (escasa producción de encadenamientos endógenos relevantes, que favorezcan un modelo de integración territorial y regional), dislocación de las economías locales tradicionales (Svampa, 2012: 25-58). Según esta visión, la dinámica territorial del agronegocio tiene como consecuencias desplazamientos de trabajadores, campesinos e indígenas por el alto consumo de recursos no renovables como agua, tierra, minerales, etc. que utilizan estos megaemprendimientos, los que atentan contra la biodiversidad e impiden la reproducción endógena y de recursos de vida, mientras garantizan ganancias extraordinarias para las empresas multinacionales y rentas diferenciales a escala mundial, cuestión que –afirman- se expresa entre otros aspectos, en la deforestación y el deterioro ambiental (Giarraca, 2011: 330-335).

5. Conclusiones

Este texto constituye una interpretación histórica que pretende sintetizar un conjunto de investigaciones y avances en el conocimiento sobre las organizaciones de la agricultura empresarial, familiar, campesina e indígena en un contexto de implementación de políticas estatales de corte neoliberal.

Durante la década de 1990 observamos diversas asociaciones agrarias: gremiales, técnicas, preexistentes, nuevas, de existencia efímera o de presencia más estable, con bases sociales en diferentes capas de empresarios rurales, productores familiares, campesinos e indígenas, que se articulaban a entidades nacionales, internacionales, que se posicionan apuntalando o resistiendo al agronegocio. Podemos afirmar entonces, que el andamiaje institucional del agro experimentó cambios profundos, que han prevalecido los cambios con relación a las permanencias. Las organizaciones pre-existentes, en general gremiales, han experimentado transformaciones y han surgido nuevas entidades de diverso cuño, de carácter innovador. Estos cambios están estrechamente relacionados a un conjunto de factores, tales como la reducción de las funciones de regulación estatal, la crisis de representación política general, el surgimiento y desarrollo de un nuevo modelo agrario, lo que afectó de manera significativa la estructura social agraria.

El conjunto de las organizaciones han apelado a mecanismos de negociación con el Estado o a la acción directa en diversas coyunturas. No obstante, ha prevalecido la confrontación a las políticas estatales neoliberales. Consideramos que esta cuestión está vinculada a que las demandas de los diferentes colectivos de productores no estaban contempladas en las agendas estatales y esto explica la multiplicación de protestas de las entidades del campo.

En las formas de confrontación de las organizaciones frente al Estado también es posible reconocer elementos comunes: paros agrarios, cortes de ruta, marchas, asambleas, etc. En cambio, el contenido de las demandas esgrimidas frente al Estado presentaba variaciones sustantivas. Las principales reivindicaciones de los gremios que nuclean a empresarios rurales y a la agricultura familiar más capitalizada han sido la reducción de impuestos, mayores facilidades para acceder al crédito bancario, refinanciación de pasivos, reintegros para las economías regionales, eximición de deudas previsionales, durante el período de vigencia de la convertibilidad, sin cuestionar a este régimen monetario. Con la devaluación la protesta ruralista continuó, pero su contenido varió y cobraron importancia las demandas referidas al tipo de cambio y la baja de las retenciones.

En el caso de los pequeños productores que habían adoptado el “paquete tecnológico” la problemática se centró en el endeudamiento, en detener la ejecución, los remates de tierras y el refinanciamiento de las deudas en el sistema bancario. Esta problemática se tornó menos crítica con la devaluación, ya que algunas explotaciones lograron refinanciar o condonar sus deudas.

Campesinos e indígenas, acompañados por organizaciones ambientalistas, a través de la agregación de sus intereses en organizaciones nuevas o preexistentes han interpelado al Estado por subsidios, créditos estatales, solicitudes intervención estatal en la fijación de precios compensatorios a los costos de la producción de materias primas y diversas medidas de protección del ambiente y la salud humana. No obstante, la reivindicación que cobró centralidad es la lucha por la tierra. La agriculturización que resultaba de la aceleración de la sojización, avanzaba más allá de la frontera pampeana e impulsaba procesos de titulación de tierras por parte de empresarios vinculados al agronegocio. Esta cuestión, conjuntamente a los megaemprendimientos mineros, generaba confrontaciones, en algunos casos violentas.

El mayor aporte de este estudio es visualizar cómo la acción colectiva que interpela al Estado puede variar de signo, según cómo se posicione con respecto al nuevo modelo agrario. Señalamos que existen dos vertientes, conformadas cada una por un conjunto heterogéneo de organizaciones. Encontramos discursividades con relevantes densidades ideológicas contrapuestas: una que apuntalaba los lineamientos del agronegocio y otra que resistía activamente al mismo, en el sentido en que existían dos tipos de postulaciones colectivas con elementos afines y convergentes en los modos de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, la economía, la política, la ciencia y la tecnología.

La vertiente que apuntalaba al agronegocio planteaba que la agricultura que incorporaba los avances provistos por la biotecnología y la bioingeniería genética era la única vía de inserción exitosa en el mundo globalizado. Su accionar se basaba en el trabajo y la experimentación empírica con grupos reducidos de productores locales, en la elaboración conjunta de planes de trabajo que tendieran a transformar a la empresa rural tradicional en una empresa-red integrada horizontal y verticalmente en una idea a transversalidad que incluía a la producción primaria, la industria, el comercio, la prestación de servicios y con particular énfasis, el management. Los lineamientos generales del “paradigma de la red” guardaban notables analogías e intercambios intelectuales con los Centros de Técnicas Agrícolas franceses, los que planteaban una relación novedosa entre instituciones públicas, privadas y un plan orientado a modernizar la empresa agraria.

La vertiente que se posicionaba críticamente frente al agronegocio también se nutría de experiencias, ideas y articulaciones con otras organizaciones latinoamericanas, tales como la Coordinadora de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina o el Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe. De este entramado de organizaciones locales, latinoamericanas, universidades surgieron las conceptualizaciones sobre, entre otras, soberanía alimentaria, biodiversidad, enfoque indigenista, diversidad productiva.

Notas

1 Este texto no considera a las asociaciones de trabajadores rurales, lo que constituye una limitación a la reconstrucción histórica. No obstante consideramos que el estudio de las organizaciones empresarias y de la agricultura familiar constituyen una temática lo suficientemente densa y compleja como para ameritar un tratamiento en sí mismo.

2 Formas sistemáticas de utilizar el lenguaje. Las dimensiones implicadas en los discursos son claves para comprender los procesos de producción de sentido de una sociedad. (Foucault, 1970).

3 Entendemos por ideología al conjunto de ideas y creencias colectivas que postulan modos de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, la política, la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología.

4 Este texto contribuye al trabajo que llevamos adelante en el marco de un Proyecto de Investigación Plurianual del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Actores sociales, Estado y política en el agro pampeano, 1930-2008.

5 Área geográfica situada en el centro del país y también en Uruguay y el Estado de Río Grande del Sur en Brasil. Es una estepa de clima templado. Constituye la región con la economía más próspera y con mayor uso de nuevas tecnologías y desde la etapa agroexportadora el núcleo básico de producción de cereales y ganado

6 Definimos al término “resistencia” en un sentido amplio, como procesos de conflictos y confrontaciones que llevan adelante determinados actores con relación a otro tienen una posición más dominante y a las políticas estatales. El conflicto se expresa en la escena pública en diversas formas de protesta y organización colectiva, a partir de las cuales se van plasmando ciertas formas de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, es decir se van construyendo y redefiniendo ideologías.

7 El pool de siembra accede a la tierra en general, a través del arriendo (y no la propiedad del suelo). El inversor aporta el capital y el agrónomo el conocimiento para organizar y llevar adelante el proceso de producción. Estos empresarios trabajan a gran escala, ya que arriendan una cantidad de tierras en diferentes lugares simultáneamente, lo que les permite minimizar los riesgos climáticos y negociar los arriendos en condiciones ventajosas. El contratista lleva adelante el plan de actividades mientras que las semillas, los fertilizantes y los agroquímicos son provistos a través del pool de siembra. Los pools muestran estrecha relación con el capital financiero; en el caso de los fideicomisos prevalece el capital bancario. (Barsky & Dávila, 2008: 90-97)

8 Retenciones: impuesto a las exportaciones, recurso estratégico para el financiamiento del Estado. (Barsky & Dávila, 2008: 143-154)

9 El trabajo de campo realizado en el departamento San Justo, en Córdoba, durante 2013 y 2014 muestra estas tendencias. (Olivera, 2014: 162-165)

10 Precio mínimo garantizado por el Estado.

11 En el año 2007 realizamos 5 (cinco) entrevistas a Directores suplementes suplentes y titulares de la FAA. Si bien las entrevistas versaban sobre la agricultura familiar, se vertieron posiciones muy diferentes sobre el agronegocio y las estrategias gremiales.

12 Usamos el tiempo verbal pasado porque nuestro período de estudio es la década de 1990, lo que no significa que estas organizaciones no existan actualmente, en algunos casos con mayor consolidación.

13 A partir de la reforma constitucional de 1994, se estableció el derecho a la propiedad de la tierra al considerar su preexistencia al Estado nacional y en reconocimiento de las comunidades indígenas (Hocsman, 2014)

14 Estas entidades en general cuentan con financiamiento de fundaciones u otras entidades internacionales.

15 “derechos de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo…..por encima de los mercados y las empresas.” (Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria. 2001)

6. 1. Referencias Bibliográficas.


Abramovay, Ricardo (1998). Paradigmas do capitalismo agrário em questao. San Pablo: Editora de Unicampo.

Barbetta, Pablo & Gómez, César & Hadad, Gisela & Martín, Daniel (2009). Argentina, en Giarraca, N. & Teubal, M. (Coords). La tierra es nuestra, tuya y de aquel: las disputas por el terrritorio en América Latina, Buenos Aires: editorial Antropofagia, pp. 153-203.

Barri, Fernando (2013). Resistencia comunitaria de los pueblos fumigados en Argentina, en Giarraca, N. y Teubal, M (Eds). Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?. Buenos Aires: Antropofagia, pp. 211-221.

Barsky, Osvaldo & Alfredo Pucciarelli (1997 (Eds.). El agro pampeano. El fin de un periodo. Buenos Aires: Flacso.

Barsky, Osvaldo & Gelman, Jorge (2001). Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta finales del siglo XX. Buenos Aires: Editorial Grijalbo.

Barsky, O. y Dávila, M. (2008). La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Basualdo, Eduardo (2010). Estudios de Historia económica argentina. Desde mediados del s. XX a la actualidad. Buenos Aires: editorial siglo XXI.

Basualdo, Eduardo & Aspiazu, Daniel (2002). El proceso de privatización en Argentina. La renegociación con las empresas privatizadas: revisión contractual, supresión de privilegios y de rentas extraordinarias. Buenos Aires: FLACSO-Argentina.

Bonaudo, Marta y Godoy, Cristina (1985). Una corporación y su inserción en el modelo agroexportador: la Federación Agraria Argentina (192-1933), en Anuario 11, Universidad Nacional de Rosario, pp. 151-216.

Carini, Gabriel & Olivera, Gabriela (2014). Introducción, en Olivera, G & Carini, G & Dellavale, M & Iparraguirre, P. (Eds). El agro pampeano cordobés en el s. XX: entramados productivos, políticos y sociales desde una perspectiva histórica, Córdoba: editorial de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, pp. 7-20.

Carini, Gabriel y Olivera, Gabriela (2015). Agricultura empresarial, estrategias productivas e institucionales en Córdoba, Argentina (1990-2002), en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 19 (2), Bucaramanga (Colombia): Universidad Industrial de Santander, pp. 391-422

Carini, Gabriel (2016). Discursos, prácticas y estrategias en mutación. La sociedad rural de Río Cuarto en el marco del nuevo régimen social de acumulación de los noventa. Tesis Doctoral inédita. Universidad Nacional de Córdoba: Córdoba.

Carini, Gabriel y Olivera, Gabriela (2016). Derechos, peticiones e intereses en un entramado regional. Las asociaciones rurales del sur de Córdoba durante la década de 1990, en Red Académica Interuniversitaria. Participación ciudadana y acciones colectivas en América Latina, Estado de Bahía: Universidad do Estado de Bahía, pp. 49-73.

Castillo, Pedro (2013). Expansión regional del cultivo de soja en Argentina: ¿Pampeanización de las economías regionales?, en Martínez Dougnac, G. (comp). De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina, Buenos Aires: Imago Mundi, pp. 115-141.

Friedmann, H. (1981). The family farm in advanced capitalism: outline of a theory of simple commodity production in agriculture. Toronto: Toronto American Sociological Association.

Foro de Soberanía alimentaria. (2001). www.alliance21.org/2003/article.php3?id_article:2523.

Foucault, Michel (1970). Arqueología del saber. México: editorial siglo XXI.

Gerchunoff, Pablo & Torre, Juan Carlos (1996). La política de liberalización económica de la administración de Menem, en Desarrollo Económico, 36 (143). Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social.

Giarraca, Norma (2011). El “desarrollo” en América Latina basado en la extracción de recursos naturales, en Informe de Derechos Humanos en Argentina, Buenos Aires: editorial siglo XXI, pp. 330-345.

Giarraca, Norma & Teubal, Miguel (Coords.) (2013). Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina? Buenos Aires: Antropofagia.

Gras, Carla (2009). El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y los dilemas de sus organizaciones, en Carla, C & Hernández, V. (Coords). La agricultura familiar. De la agricultura familiar a los agronegocios, Buenos Aires: Biblos, pp. 15-39.

Gras, Carla & Hernández, Valeria. (2009). El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorural en Argentina, en Gras, C. & Hernández, V. (Coords). La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios, Buenos Aires: editorial Biblos, pp. 15-37.

Gras, Carla (2010). Crisis y reconversiones en la agricultura familiar, en Gras, C. y Bidaseca, K (Dirs). El mundo chacarero en tiempos de cambio. Herencia, territorio e identidad en tiempos de cambio, Buenos Aires: Ciccus ediciones, pp. 39-67.

Gras, Carla & Hernández, Valeria (2013a). Los pilares del modelo de agribusiness y sus estilos empresariales, en Hernández, H y Gras, C (Coords). El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires: Biblos.

Gras, Carla & Hernández, Valeria (2013b) Asociatividad del empresario agrícola en Argentina. AACREA y APRESID en perspectiva, en Muzlera, J. y Salomón, A. (Coord). Sujetos sociales del agro argentino. Configuraciones históricas y procesos de cambio, Rosario: Prohistoria, pp.35-69.

Hernández, Valeria (2009). La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas, en Hernández, H y Gras, C (Coords). La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios, Buenos Aires: editorial: Biblos, pp. 39-59.

Hocsman, Luis Daniel (2014). Capital y producción agropecuaria: despojos y resistencias en Argentina. Volumen I, en Bórquez, A. & Méndez Pereyra & Porto-Gonzales (Eds.). Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982-2012). México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana: Ediciones Continente.

Lattuada, Mario (1992). Notas sobre corporaciones agropecuarias y Estado. Tendencias históricas y cursos de acción posibles en la experiencia democrática contemporánea, en Estudios Sociales 2. Rosario: Universidad Nacional de Rosario.

Lattuada, Mario (2001). Articulación de intereses y movimientos sociales en Argentina. El caso del movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL), en Revista Internacional de Sociología, tercera época, 30.

Lattuada, Mario & Renold, Juan Mauricio (2004). El cooperativismo agrario ante la globalización. Argentina: Siglo veintiuno editores.

Lattuada, Mario (2003). Transformaciones institucionales en las corporaciones agrarias a fines del s. XX. El caso de la Federación Agraria. Bendini, M et al (Eds). El campo de la sociología actual: una perspectiva latinoamericana. Buenos Aires: la Colmena.

Lattuada, Mario (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en Argentina. Transformaciones institucionales de fines del siglo XX. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes.

Lattuada, Mario (2013). Transformaciones en el asociativismo rural. Estrategias de resistencia y adaptación ante cambios de contextos económicos y políticos, en Gasselin, P. & Cloquell, S.& Mosciaro, M (Eds). Adaptación y transformaciones de las agriculturas pampeanas a inicios del s XXI, Buenos Aires: edición CICCUS, pp.43-71.

Lattuada, Mario (2016). Las formaciones económicas precooperativas de la agricultura familiar, en Bageneta, J. & de Arce & A. Mateo, G (Comps). Entre la economía social y el mercado. Reflexiones para un debate abierto en el agro latinoamericano, Buenos Aires: Intercoop Editora Cooperativa Ltda, pp.41-71.

Liaudat, María Dolores (2015). La construcción hegemónica de las entidades técnicas en el agro argentino: análisis de los discursos de AAPRESID y AACREA en la última década (sin paginar), en Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, 16 (32). Ciudad de La Plata: Centro de Estudios Histórico-rurales de la Universidad Nacional de La Plata (formato electrónico)

Martínez Nogueira (1985). Las organizaciones corporativas del sector agropecuario. Agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales, Buenos Aires: CISEA, pp. 295-319.

Murmis, Miguel (1998). Agro argentino. Algunos problemas para su análisis, en Giarraca & Cloquell (Eds) Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales, Buenos Aires: La Colmena, pp. 205-247.

Muzlera, Miguel (2009). Chacareros del siglo XXI. Herencia, familia y trabajo en la pampa gringa. Buenos Aires: Imago Mundi.

Odonnell, Guillermo (1978). Notas para el estudio de la burguesía local, con especial referencia a vinculaciones con el capital transnacional y el aparato estatal, en Estudios Sociales CEDES, 12. Buenos Aires.

Olivera, Gabriela (2006). Introducción, en Olivera, G. (Comp.). Cooperativismo agrario: instituciones, políticas públicas y procesos históricos. Córdoba: Ferrreyra editor, pp. 7-19.

Olivera, Gabriela (2014). Pasado y presente en el agro pampeano cordobés: agricultura familiar y nueva ruralidad en el departamento San Justo, en Olivera, G & Carini, G & Dellavale, M & Iparraguirre, P. (Eds). El agro pampeano cordobés en el s. XX: entramados productivos, políticos y sociales desde una perspectiva histórica, Córdoba: editorial de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, pp. 149-222.

Pucciarelli, Alfredo (2001). El régimen político de las democracias excluyentes. El caso de la República Argentina, en Revista Socio histórica, 9/10. La Plata: Centro de Investigaciones sociohistóricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Schuster, Federico et. al. (2006). Transformaciones en la protesta social en Argentina (1989-2003), en Documentos de trabajo, 48. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

Scribano, Adrián (2003). Reflexiones sobre una estrategia metodológica para el análisis de las protestas sociales, en Sociologías, 5 ( 9). Porto Alegre: programa de Pós-Graduacion. Sociologi - UFRGS.

Strada, S. & Vila, I. (2015). La Revista Cultural de la Cooperación, 23, sección Estudios de Economía Política y sistema mundial. Buenos Aires: editorial Idelcoop.

Svampa, Maristella (2012). Pensar el desarrollo en América Latina. Massuh, G. (Ed), en Renunciar al Bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Buenos Aires: Mardulce Editora, pp. 1-25.

Teubal, Miguel et. al. (2005). Transformaciones agrarias en Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario, en Giarraca & Teubal (Eds). El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Buenos Aires: Alianza Editorial.

 

6.2. Fuentes orales

Entrevistas realizadas a dirigentes de FFA en el año 2007.

Entrevistas realizadas a productores familiares del departamento San Justo (Córdoba) en los años 2013 y 2014.

 

 

Recibido: 18/01/2017
Aceptado: 22/02/2017
Publicado: 27/03/2017



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